El gobernante Miguel Díaz-Canel intentó controlar el daño político causado por las declaraciones de la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Marta Elena Feitó Cabrera, quien aseguró que en la isla no existen mendigos y calificó a las personas en situación de calle como individuos «disfrazados» que optaron por un «modo de vida fácil». En una inusual intervención parlamentaria, el jefe del régimen de La Habana admitió la vulnerabilidad social y reprochó los dichos de su funcionaria, aunque evitó mencionarla por su nombre, en lo que la ciudadanía ha interpretado como una mera estrategia de contención ante el repudio generalizado.
La polémica estalló apenas 24 horas antes, cuando Feitó Cabrera compareció ante una comisión parlamentaria y negó de plano la mendicidad en el país. La titular de Trabajo desestimó que las personas que hurgan en la basura lo hagan por necesidad, tildando el fenómeno de «actividad económica ilegal» destinada a evadir impuestos bajo el pretexto de «recuperar materias primas». Además, consideró que ofrecer dinero a los indigentes «está deformando» a la sociedad y pidió «combatir» la solidaridad ciudadana, en un claro reflejo de la profunda desconexión de la alta burocracia con la realidad cotidiana y el sufrimiento de la población.
Ante la avalancha de críticas en redes sociales, donde internautas y figuras vinculadas incluso al oficialismo repudiaron sus palabras, Díaz-Canel salió al paso con un discurso conciliador. «Yo no estoy de acuerdo con algunos criterios que se dieron en la comisión sobre estas problemáticas. Primero, es muy contraproducente que se den criterios como ese», afirmó el gobernante, admitiendo la existencia de «determinadas expresiones de vulnerabilidad, de personas de andar de calle o comportamiento deambulante». El ejecutivo cubano insistió en que «la Revolución no tiene que sentir vergüenza de los problemas» y asumió la responsabilidad institucional señalando que «son nuestros deambulantes o nuestras deambulantes».
Hipocresía institucional y reacciones ciudadanas
La intervención de Díaz-Canel no logró apaciguar la indignación pública. La comunicadora Rosy Amaro Pérez desafió a la ministra a caminar por La Habana Vieja y la Rampa «sin carro, ni aire acondicionado» para comprobar la crudeza de la indigencia. Por su parte, el economista Pedro Monreal escribió en sus redes que, a juzgar por las declaraciones de la funcionaria, parecía haber «gente disfrazada de ‘ministra'» ocupando cargos en el Gobierno. La indignación alcanzó una nueva cota tras revelarse que el hijo de Feitó Cabrera reside actualmente en Miami, Estados Unidos, donde aguarda la residencia permanente tras acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, una ironía que subraya la doble moral de la cúpula dirigente.
Comisiones permanentes del Parlamento continúan debates
Mientras Díaz-Canel pedía abordar estos fenómenos «con amabilidad, con humildad, con respeto», el contraste entre su retórica y la práctica institucional de la dictadura cubana resulta evidente. El propio Ministerio de Trabajo, bajo la dirección de Feitó, ha sido el impulsor de políticas de internamiento y control contra las personas con «conducta deambulante». El reciente Acuerdo 10.068/2025 del Consejo de Ministros y las directrices de la gobernadora de Matanzas, que ordenó la reclusión de estas personas en centros especiales, evidencian un enfoque punitivo que criminaliza la pobreza en lugar de abordar sus raíces estructurales.
Antecedentes y la criminalización de la miseria
La postura de la ministra no es un hecho aislado, sino parte de una narrativa oficial que busca maquillar el deterioro social. Ya en junio de 2024, Feitó Cabrera había definido la «conducta deambulante» como un «trastorno del comportamiento humano multicausal», caracterizado por «inestabilidad, carencia de autocuidado y de proyecto de vida favorable». En aquella ocasión, la funcionaria omitió cualquier referencia a factores determinantes como el desempleo masivo, el colapso del sistema de salud mental o las pensiones de miseria que no alcanzan para subsistir ni un día al mes en la Cuba actual.
Las cifras oficiales, aunque suelen estar maquilladas para suavizar la crisis, ofrecen un panorama desolador. Actualmente, más de 3.700 «personas con conductas deambulantes» residen en los llamados «Centros de Protección Social», instituciones que funcionan más como centros de reclusión que como espacios de verdadera reinserción. De estas personas, el 38% no tiene un domicilio al cual regresar, lo que demuestra que el problema de la vivienda, el abandono familiar y el desamparo total están profundamente arraigados en la crisis estructural que atraviesa la isla.
Contexto: El fracaso del modelo económico y la crisis social
El aumento de la mendicidad y la indigencia en Cuba es una consecuencia directa del fracaso del modelo económico impulsado por el régimen de La Habana. La isla atraviesa una de las peores crisis económicas de su historia reciente, marcada por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad y la casi nula capacidad adquisitiva del salario medio. Las pensiones de los jubilados rondan los 1.500 pesos mensuales, una cifra que no alcanza ni para comprar un par de productos básicos en el mercado informal, empujando a miles de ancianos a las calles a pedir limosna o a buscar alimentos en la basura.
A este cuadro se suma el colapso del sistema de salud pública, otrora orgullo del oficialismo, que hoy carece de los recursos mínimos para atender los trastornos de salud mental, un factor clave en el abandono social. El éxodo migratorio masivo, que ha superado el medio millón de personas en los últimos años, ha desmembrado a las familias, dejando a muchos ancianos y personas vulnerables sin redes de apoyo. La mendicidad no es una elección de «vida fácil», como afirmó la ministra, sino el último recurso de supervivencia en un sistema que ha fracasado en proveer lo más básico.
En su intervención parlamentaria, Díaz-Canel volvió a recurrir a la cantinela habitual y culpó al embargo estadounidense de los principales males del país, argumentando que existe un «propósito tenaz de asfixiarnos económicamente». Sin embargo, esta narrativa choca frontalmente con la realidad de una gestión plagada de errores, corrupción e ineficiencia. Las autoridades de la isla mantienen un control absoluto sobre la economía, impidiendo la libre empresa y la generación de riqueza, mientras que la cúpula militar y política disfruta de privilegios inalcanzables para la población común.
Consecuencias y panorama a futuro
El episodio de la ministra de Trabajo y la posterior rectificación de Díaz-Canel dejan al descubierto la fragilidad del discurso oficial y la incapacidad de la dictadura para gestionar una crisis social que se le ha ido de las manos. Las palabras de «sensibilidad» y «humanismo» pronunciadas en el Parlamento quedan vacías cuando no hay una rectificación pública de la funcionaria ni un cambio real en las políticas que reprimen a los más desfavorecidos. La exigencia de dimisión de Feitó Cabrera por parte de la ciudadanía refleja un nivel de cansancio y hartazgo ante la ineptitud gubernamental.
De cara al futuro, la situación apunta a un empeoramiento de las condiciones de vida para los sectores más vulnerables. Mientras el gobierno cubano se limite a maquillar declaraciones y culpar a factores externos, la pobreza extrema, la indigencia y el colapso social seguirán en aumento. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos deben mantener la vigilancia sobre las políticas de internamiento y criminalización de la pobreza en Cuba, exigiendo al régimen que asuma la responsabilidad real sobre el bienestar de una ciudadanía que hoy sobrevive en los márgenes del abandono más absoluto.
