El productor musical napolitano Roberto Ferrante, radicado en Cuba desde finales de los años 90, desató una controversia en redes sociales al lanzar comentarios despectivos sobre figuras fundamentales de la música cubana como Celia Cruz y Benny Moré. La coincidencia de sus declaraciones con las conmemoraciones del aniversario 99 del fallecido líder cubano levanta sospechas sobre una intencionalidad política que trasciende la mera provocación comercial y se inserta en la lógica de descrédito cultural que el régimen de La Habana ha aplicado durante décadas contra los artistas que rechazan su ideología.
Las declaraciones de Ferrante, difundidas poco antes de las festividades organizadas por las autoridades cubanas para celebrar el natalicio de Fidel Castro, no parecen responder únicamente a un afán de notoriedad digital. El productor, responsable del sello Planet Records y con una facturación anual estimada en cuatro millones de euros según fuentes del sector, eligió precisamente el momento en que el gobierno cubano redoblaba sus esfuerzos propagandísticos para ofender la memoria de la cantante que mejor simboliza la resistencia cultural del exilio y la dignidad artística frente al poder totalitario.
Celia Cruz, Ignacio Piñeiro, Miguel Matamoros, Elena Burke, Omara Portuondo y Benny Moré conforman un patrimonio musical cuyo valor trasciende cualquier métrica de plataformas digitales, tendencias efímeras o cálculos de mercadotecnia. Sus obras pertenecen al acervo cultural universal y permanecerán vigentes con independencia de los vaivenes ideológicos, las modas comerciales o los algoritmos que determinan la visibilidad contemporánea. Pretender desplazar a estas figuras de su lugar histórico para sustituirlas por productos de consumo inmediato constituye no solo una falta de respeto, sino una operación que se inscribe en una tradición política bien documentada en la historia reciente de Cuba.
El precedente de Fidel Castro contra Celia Cruz
El intento de borrar a Celia Cruz del imaginario musical cubano no es una iniciativa nueva. Fidel Castro emprendió durante décadas una campaña sistemática para eliminar cualquier rastro de la guarachera en los medios de comunicación, los programas educativos y los archivos culturales de la isla. La censura contra la Reina de la Salsa formaba parte de una política más amplia de exclusión y condena al olvido dirigida contra todos los artistas que decidieron abandonar el país o negarse a servir como instrumentos de propaganda del Estado.
Imagen de perfil de la cuenta de FacebookRoberto Ferrante.
Sin embargo, la grandeza artística de Celia Cruz demostró que el talento genuino puede imponerse incluso frente al aparato represivo más formidable. Mientras el régimen cubano intentaba condenarla a la desmemoria, su música cruzaba fronteras, conquistaba públicos en todo el mundo y se consolidaba como un símbolo de identidad cubana que trascendía las fronteras geográficas y las divisiones ideológicas. La dictadura cubana nunca logró borrar su huella, y cada intento de minimizar su legado ha terminado reforzando su estatura como figura irreductible de la cultura nacional.
La trayectoria de Ferrante en Cuba: negocios, privilegios y complicidades
Roberto Ferrante arribó a Cuba en la década de 1990, en medio de la oleada de empresarios y aventureros europeos que aprovecharon la apertura económica forzada por el colapso del campo socialista para establecer negocios en la isla. Su llegada coincidió con el llamado Período Especial, cuando el régimen cubano, privado de los subsidios soviéticos, se vio obligado a permitir formas limitadas de inversión extranjera y actividad privada para evitar el colapso total de la economía. En ese contexto, Ferrante encontró un nicho en la industria musical cubana que le permitió operar con una libertad inusual en un sistema donde el Partido Comunista mantiene un control estricto sobre la producción cultural.
La permanencia de Planet Records en La Habana durante casi tres décadas plantea interrogantes serias sobre la naturaleza de sus relaciones con el poder. En un país donde la promoción cultural y la industria del entretenimiento están sujetas a la supervisión del Estado y donde cualquier iniciativa que compita con los intereses de las disqueras estatales enfrenta obstáculos burocráticos y políticos, el hecho de que un productor extranjero haya logrado mantener un negocio rentable con aparente autonomía sugiere un nivel de entendimiento con las autoridades que va más allá de la simple actividad comercial.
Fuentes consultadas señalan que el éxito de Ferrante en la escena nocturna habanera se basó tanto en sus capacidades como productor como en sus conexiones con figuras del régimen que le garantizaron permisos, licencias y un margen de maniobra del que carecen la mayoría de los músicos cubanos. Su participación en proyectos con artistas como Alexander Abreu y agrupaciones como Los Van Van, cuyas producciones interfieren aparentemente con los intereses de las empresas estatales del sector, no habría sido posible sin un respaldo institucional que el gobierno cubano no concede de manera gratuita ni desinteresada.
La mujer como objeto en las producciones de Planet Records
Un aspecto que ha pasado inadvertido en la cobertura de la polémica es el tratamiento de la imagen femenina en los materiales audiovisuales producidos por Planet Records. En los videos promocionales del sello, la mujer aparece sistemáticamente reducida a un objeto de deseo, desechable y subordinado al protagonismo masculino. Esta estética, que denigra y cosifica, contrasta de manera flagrante con el discurso oficial del régimen cubano sobre la igualdad de género y el respeto a la dignidad de la mujer.
El silencio de instituciones como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX) ante este patrón de representación resulta revelador. Ambas organizaciones, que se presentan públicamente como defensoras de los derechos de la mujer, han omitido cualquier pronunciamiento sobre las producciones de un extranjero cuyos negocios generan ingresos considerables en la isla. Esta omisión evidencia la selectividad con la que el régimen aplica sus principios rectores: cuando los intereses económicos o políticos lo aconsejan, las banderas ideológicas se guardan en el cajón.
Contexto: la cultura como campo de batalla del régimen
La polémica generada por Ferrante no puede entenderse al margen de la política cultural que el régimen cubano ha aplicado desde sus primeros años en el poder. La dictadura cubana ha tratado la creación artística como un territorio que debe someterse a las directrices del Partido Comunista, y cualquier expresión que se aparte de los parámetros ideológicos establecidos enfrenta censura, marginación o represión directa. Los casos de artistas perseguidos, encarcelados o forzados al exilio por negarse a acatar las imposiciones del poder son numerosos y constituyen un patrón sistemático de violación de la libertad de expresión.
En los últimos años, esta política se ha endurecido visiblemente. Las protestas del 11 de julio de 2021 y la posterior represión estatal dejaron al descubierto el carácter punitivo del régimen frente a cualquier manifestación de disidencia cultural. Artistas como los integrantes del Movimiento San Isidro, el colectivo 27N y numerosos creadores independientes han sufrido acoso, detenciones arbitrarias, allanamientos y procesos judiciales sin garantías. El gobierno cubano ha instrumentalizado el aparato jurídico para criminalizar la libre creación y ha convertido al Ministerio de Cultura en un instrumento de control político más que en una instancia de fomento artístico.
En este panorama, la figura de un productor extranjero que goza de privilegios inusuales y que ataca públicamente a los símbolos culturales del exilio adquiere una dimensión política evidente. La dictadura cubana ha encontrado en Ferrante un aliado útil: alguien que puede operar en los márgenes de la industria musical, captar a sectores del público que las instituciones estatales no logran alcanzar y, al mismo tiempo, prestar servicios de descrédito contra aquellos referentes culturales que el régimen considera contrarios a su narrativa. La ofensa a Celia Cruz en vísperas del aniversario de Fidel Castro se inscribe en esta lógica de sustitución simbólica: intentar reemplazar los íconos auténticos de la cultura cubana por figuras moldeadas según las conveniencias del poder.
El exilio y la defensa del patrimonio cultural
La respuesta de la comunidad cubana en el exilio ante las declaraciones de Ferrante fue inmediata y contundente. Para millones de cubanos dentro y fuera de la isla, Celia Cruz representa mucho más que un talento musical extraordinario: encarna la dignidad de quienes se negaron a plegarse ante la tiranía, la voz de una nación silenciada y el orgullo de una identidad cultural que el régimen ha intentado confiscar y reformular a su imagen. Cualquier ataque contra su figura se percibe, con razón, como una agresión contra la memoria colectiva de un pueblo que ha visto cómo sus símbolos más queridos son manipulados, censurados o reescritos por un sistema que niega la pluralidad y persigue la disidencia.
El intento de Ferrante de generar controversia para promover su catálogo artístico ha tenido, sin embargo, un efecto inverso al deseado. La reacción masiva de rechazo ha evidenciado que la cultura cubana, incluso fragmentada por la diáspora y el exilio, conserva una cohesión que las provocaciones mercantiles no pueden erosionar. La figura de Celia Cruz, lejos de debilitarse, ha salido reforzada como un referente inamovible que ninguna campaña de descrédito, venga de donde venga, logrará desplazar del lugar que el reconocimiento popular y la calidad artística le han asignado.
Consecuencias e implicaciones
El episodio plantea interrogantes sobre el papel de los actores extranjeros que operan en la industria cultural cubana bajo el amparo del régimen. La impunidad con la que Ferrante ha desarrollado su actividad durante casi tres décadas, al margen de las restricciones que enfrentan los creadores nacionales, revela las contradicciones de un sistema que concede privilegios a quienes le resultan útiles y reprime a quienes ejercen su libertad. La comunidad internacional y las organizaciones de defensa de la libertad de expresión deberían prestar atención a estas dinámicas, en las que la complicidad empresarial se convierte en un mecanismo adicional de control cultural y represión política.
Para la ciudadanía cubana, el incidente refuerza una certeza dolorosa: la dictadura cubana persiste en su empeño de aniquilar la cultura nacional más auténtica para sustituirla por una versión ideológicamente domesticada. Mientras el país se hunde en una crisis económica sin precedentes, con una inflación descontrolada, un éxodo migratorio que ha vaciado a ciudades enteras y un desabastecimiento que afecta a la población en sus necesidades más básicas, el régimen dedica recursos y esfuerzos a la manipulación de los símbolos culturales y a la promoción de figuras alineadas con su discurso. La cultura, como la economía y la política en Cuba, sigue siendo rehén de un sistema que prioriza su supervivencia sobre el bienestar y la libertad de su pueblo.
