El Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género (OCIG), entidad adscrita al aparato estatal, informó que 76 mujeres de 15 años o más fueron asesinadas por razones de género durante 2024. Sin embargo, el reporte evita deliberadamente la clasificación legal y social de «feminicidio», limitándose a los procesos judiciales concluidos. Esta omisión evidencia la opacidad del gobierno cubano frente a la violencia machista estructural que azota a la isla y la ausencia de una voluntad política real para proteger a las ciudadanas.
Las cifras divulgadas por el OCIG, a través del Subsistema de Información Estadística Complementaria del Tribunal Supremo Popular, no reflejan estrictamente el total de feminicidios ocurridos en el período, sino únicamente aquellos casos que culminaron en procesos judiciales durante el año pasado. De los 76 asesinatos documentados, 55 fueron perpetrados por parejas o exparejas íntimas, mientras que 21 correspondieron a otros agresores conocidos por las víctimas. La distribución territorial mostró a La Habana (12), Santiago de Cuba (9) y Matanzas (8) como las provincias con mayor incidencia. Aunque se registraron más hechos en zonas urbanas (44 casos) frente a las rurales (32), la tasa por cada 100.000 mujeres fue notablemente superior en el ámbito rural (3,27 frente a 1,35 en áreas urbanas), un dato que el ejecutivo cubano no ha sabido explicar ni atender con políticas específicas.
Frente a la narrativa institucional, los observatorios independientes YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) y el Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) han mantenido un registro paralelo que evidencia las profundas grietas del sistema oficial. Estas plataformas, que operan desde la clandestinidad y el exilio debido al acoso estatal, documentaron 56 feminicidios durante 2024, una cifra inferior a los 90 casos registrados en 2023. No obstante, ambas organizaciones advirtieron que esta disminución no responde necesariamente a una mejora en la seguridad de las mujeres, sino a las enormes dificultades para recolectar datos en un entorno de censura y falta de transparencia informativa.
En su informe más reciente, el OGAT y YSTCC enfatizaron que la reducción debe interpretarse con «cautela metodológica». El contexto cubano continúa marcado por la ausencia de transparencia estatal, la censura y la inexistencia de un sistema nacional de estadísticas públicas desagregadas. Las organizaciones señalaron que los datos del Estado se limitan a casos con sentencia judicial, ignorando aquellos procesos inconclusos o donde no hubo juicio alguno. Situaciones como el suicidio del victimario tras cometer el crimen, o la muerte de la víctima antes de poder formalizar una denuncia, quedan excluidas de la radiografía oficial, minimizando la magnitud real de la tragedia.
Disponible segunda actualización del Observatorio de Cuba sobre Igualdad de Género
Antecedentes de una lucha silenciada por la represión
Desde 2019, los observatorios independientes han logrado verificar 267 feminicidios en Cuba, un esfuerzo titánico considerando que operan bajo un entorno hostil. La dictadura cubana ha mantenido una política sistemática de criminalización del activismo feminista, negando el acceso a fuentes institucionales, bloqueando sitios web y persiguiendo a las activistas que intentan visibilizar la crisis. Esta persecución se enmarca en el control absoluto que el régimen ejerce sobre la sociedad civil, impidiendo el surgimiento de redes de apoyo autónomas que protejan a las víctimas y obligando a muchas mujeres a enfrentar la violencia sin ningún tipo de acompañamiento estatal o comunitario.
Mientras las autoridades de la isla insisten en utilizar eufemismos como «asesinato por razones de género» o «violencia de género extrema», el movimiento feminista exige nombrar el problema con precisión: feminicidio. La negativa del gobierno a adoptar este término no es un detalle semántico, sino una estrategia para evadir responsabilidades internacionales y ocultar la gravedad de una crisis que requiere protocolos públicos de registro, atención especializada y, sobre todo, una ley integral contra la violencia de género que hasta hoy el Estado se ha negado a promulgar.
Contexto: La crisis estructural y el colapso social
El agravamiento de la violencia machista en Cuba no puede desvincularse del profundo colapso estructural que atraviesa el país. La crisis económica, caracterizada por una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicamentos, y la casi nula capacidad adquisitiva del salario promedio, ha exacerbado las tensiones dentro de los núcleos familiares. El hacinamiento en viviendas precarias, resultado de décadas de fracaso en las políticas de construcción del régimen, y la falta de espacios seguros obligan a muchas mujeres a cohabitar con sus agresores, multiplicando los riesgos en un entorno donde el Estado ha desmantelado la ya precaria red de asistencia social.
Asimismo, la represión política y el constante acoso a la ciudadanía generan un clima de impunidad que permea todos los ámbitos de la vida en la isla. La dictadura cubana ha priorizado el control social y la persecución de disidentes por encima de la seguridad de sus ciudadanos. En este escenario, la respuesta institucional ante la violencia de género es burocrática, lenta e ineficaz. La policía, carente de formación en perspectiva de género, a menudo minimiza las denuncias previas de maltrato, revictimizando a las solicitantes. El sistema judicial, carente de independencia, opera sin los mecanismos de protección necesarios, dejando a las mujeres en total desamparo legal y físico.
El éxodo migratorio masivo, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos en los últimos años, también ha alterado drásticamente las dinámicas familiares. La fuga de jóvenes y mujeres en busca de un futuro mejor ha dejado a muchas víctimas sin redes de contención familiar. Aquellas que se quedan enfrentan no solo la violencia intrafamiliar, sino también la violencia económica de un Estado que no garantiza su subsistencia, creando un caldo de cultivo perfecto para la frustración y la agresión machista.
El propio reporte del OCIG reconoce un incremento en los asesinatos cometidos por parejas o exparejas íntimas, pasando de 50 en 2023 a 55 en 2024. Sin embargo, el gobierno cubano no publica de manera sistemática estadísticas anuales con una metodología detallada, ni ofrece datos desagregados con un enfoque interseccional que sean accesibles a la ciudadanía. Esta opacidad deliberada impide dimensionar la magnitud real del feminicidio en la isla y dificulta cualquier intento de la sociedad civil por exigir rendición de cuentas.
Implicaciones y consecuencias a futuro
La persistente negativa del régimen de La Habana para reconocer y tipificar el feminicidio condena a generaciones de cubanas a vivir bajo la amenaza constante de la violencia. Mientras la comunidad internacional mantiene su atención dividida entre la crisis migratoria y las violaciones de derechos humanos políticas en la isla, la violencia de género continúa siendo una emergencia silenciada que cobra vidas a un ritmo alarmante. La falta de un marco legal protector no solo evidencia el fracaso del Estado en garantizar la seguridad de sus ciudadanas, sino que profundiza la fractura social de un país que se vacía mientras sus mujeres son asesinadas sin que el sistema de justicia levante un dedo para defenderlas.
