El reciente incremento tarifario impuesto por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) ha desatado un rechazo generalizado entre la población, que ve en esta medida no solo un asalto a sus ya mermados bolsillos, sino una estrategia deliberada del régimen de La Habana para restringir el acceso a internet y silenciar la creciente descontento social en medio de la peor crisis económica de las últimas décadas.
La medida, que obliga a los usuarios a pagar en moneda libremente convertible (MLC) para acceder a planes de navegación con mayor capacidad, representa un golpe directo a millones de cubanos que dependen exclusivamente del peso cubano para sus transacciones cotidianas. En un país donde el salario medio estatal no supera los equivalentes a 15 dólares mensuales, exigir pagos en divisas para un servicio básico como la conectividad equivale, en la práctica, a una privatización forzada del acceso a la información para los sectores más empobrecidos de la población.
Las autoridades de la isla han justificado el tarifazo argumentando dificultades financieras de la empresa y la necesidad de sostener la infraestructura tecnológica. Sin embargo, esta narrativa colisiona con la realidad de un monopolio que, según informaciones de la propia Gaceta Oficial, está controlado en más de un 98 por ciento por entidades vinculadas al sector militar a través del conglomerado empresarial GAESA (Grupo de Administración Empresarial S.A.), el verdadero centro de poder económico del país.
El monopolio militar de las telecomunicaciones
La historia de ETECSA revela con claridad el modelo de negocio que ha caracterizado al régimen cubano durante décadas: la apertura controlada a capital extranjero cuando los recursos escasean, seguida de la expropiación o compra forzada una vez que la infraestructura está consolidada. A inicios de la década de 1990, tras el colapso del bloque soviético y la profunda crisis conocida como «Período Especial», el gobierno cubano se vio obligado a asociarse con inversionistas extranjeros para desarrollar la telefonía celular en un país que, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), poseía la tasa de penetración telefónica más baja de América Latina, incluso inferior a la de Haití.
Empresas mexicanas primero, e italianas y holandesas después, aportaron el capital y la tecnología necesarios para construir lo que hoy es ETECSA. Sin embargo, una vez cumplida la función de «socios útiles», estos inversionistas fueron gradualmente desplazados. En 2011, la compañía italiana STET se vio obligada a vender su participación del 27 por ciento a RAFIN S.A., una entidad financiera propiedad de los militares cubanos. El resto del capital fue distribuido entre empresas como Telefónica Antillana S.A. (51 por ciento), Universal Trade and Management Corporation S.A. (UTISA, 11 por ciento), el Banco Financiero Internacional (6,16 por ciento) y Negocios en Telecomunicaciones S.A. (3,8 por ciento), todas ellas vinculadas al aparato económico militar.
La actual ministra de Comunicaciones, Mayra Arevich Marín, quien fuera presidenta de ETECSA hasta 2021, es un ejemplo del trasvase permanente entre la cúpula empresarial militar y el aparato burocrático del Estado. Su trayectoria, al igual que la de otros altos funcionarios de la entidad, evidencia que el Ministerio de Comunicaciones opera, en la práctica, como una extensión del Ministerio de las Fuerzas Armadas en su dimensión económica. Esta fusión entre poder militar y control de las telecomunicaciones confiere a ETECSA un carácter estratégico que trasciende lo puramente comercial.
De la apertura controlada al cierre restrictivo
El acceso a la telefonía móvil en Cuba llegó tardíamente. Hasta 2008, poseer un teléfono celular requería la aprobación explícita del Ministerio del Interior o de las Fuerzas Armadas, tratándose como una cuestión de seguridad nacional más que como un derecho ciudadano. La posterior liberalización no respondió a una voluntad democratizadora del ejecutivo cubano, sino a la convergencia de varias presiones: el atraso tecnológico limitaba incluso al propio aparato estatal, el turismo internacional demandaba conectividad, el exilio comenzaba a ser visualizado como un recurso económico y la telefonía fija resultaba inadecuada para las comunicaciones discretas del régimen con sus aliados regionales.
En 2013, bajo la presidencia de Raúl Castro, se inauguraron las primeras salas de navegación pública y, posteriormente, se extendió el servicio de datos móviles. El régimen calculó que la apertura controlada de las telecomunicaciones podía ser funcional a sus intereses: permitiría monitorear a la ciudadanía con mayor eficacia que los desgastados Comités de Defensa de la Revolución (CDR) y sus redes de informantes, siempre que la empresa prestadora del servicio permaneciera bajo control absoluto del aparato militar. La conectividad fue concebida, desde su origen, como un instrumento de vigilancia tanto como de comunicación.
Sin embargo, lo que began como una apertura calculada se transformó en un fenómeno que el régimen no logró contener. Las redes sociales, los mensajes de texto, las aplicaciones de mensajería y el acceso a medios de comunicación independientes y internacionales convirtieron el teléfono móvil en la principal ventana de la sociedad cubana hacia un mundo libre de la censura oficial. La conectividad, que debía servir como herramienta de control, se volvió contra el poder al permitir la circulación de información no filtrada, la organización de protestas y la denuncia de abusos que durante décadas permanecieron invisibilizados.
El tarifazo en el contexto de la crisis sistémica
El incremento tarifario de ETECSA no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en un contexto de crisis estructural que ha profundizado la precariedad material de la población cubana a niveles no vistos desde los años noventa. La inflación galopante, la devaluación del peso cubano, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, los apagones prolongados y el colapso de los servicios públicos configuran un escenario de tensión social permanente que el régimen gestiona mediante la combinación de represión policial, censura informativa y estrategias de aislamiento comunicacional.
El éxodo migratorio, que ha superado el medio millón de personas en los últimos años hacia Estados Unidos solo por la ruta del suroeste fronterizo, ha sido alimentado precisamente por la posibilidad de conocer, a través de internet, las condiciones de vida en otros países y de contrastar la propaganda oficial con la realidad. Las redes sociales han funcionado como catalizadores de la insatisfacción social, permitiendo que las quejas individuales se transformen en demandas colectivas y que la represión sea documentada y difundida en tiempo real, como ocurrió durante las protestas del 11 de julio de 2021.
La respuesta del régimen ha sido la criminalización de la expresión digital. Diversos ciudadanos han sido condenados a penas de hasta 10 años de prisión por el supuesto delito de publicar contenidos críticos en redes sociales como Facebook. Estos procesos judiciales, caracterizados por la ausencia de garantías procesales y la arbitrariedad de los tribunales bajo control político, forman parte de una estrategia más amplia de amedrentamiento que busca instalar el autocensura como mecanismo de control social. El tarifazo de ETECSA opera como el componente económico de esta misma estrategia: si la represión penal no basta para silenciar, la asfixia financiera completa el cerco.
El privilegio de la información en una sociedad sitiada
La decisión de ETECSA de segmentar el acceso a internet según la capacidad de pago en divisas revela una dimensión adicional de la desigualdad que el régimen ha generado en Cuba. Mientras que los sectores con acceso a remesas familiares o empleos en empresas estatales generadoras de divisas pueden costear los nuevos planes tarifarios, la mayoría de la población —que depende de salarios en pesos cubanos profundamente devaluados— queda efectivamente excluida de la conectividad plena. Esta segmentación convierte el acceso a la información en un privilegio económico, una contradicción flagrante con los discursos igualitarios que han sustentado la retórica oficial durante más de seis décadas.
Paradójicamente, mientras se exige a la población común que pague más por menos servicio, ETECSA continúa destinando recursos a mantener conectividad ilimitada y gratuita para los denominados «cibercombatientes» o «ciberclarias», individuos dedicados a la propaganda oficial y al hostigamiento digital de periodistas independientes, activistas y opositores. Esta doble moral institucionalizada confirma que el tarifazo no responde a imperativos financieros genuinos, sino a una lógica política de control de la narrativa: garantizar recursos digitales a quienes defienden al régimen y restringirlos a quienes lo cuestionan.
La visita del encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, a diversas localidades de la isla y su creciente visibilidad en las redes sociales ha generado una inquietud adicional en la cúpula gobernante. La recepción positiva que el diplomático ha recibido entre sectores de la población evidencia el descrédito del régimen y la apertura de espacios de diálogo que la dictadura cubana considera intolerables. En este contexto, limitar el acceso a internet se convierte también en una medida defensiva frente a iniciativas diplomáticas y culturales que escapan al control del Partido Comunista.
Consecuencias y perspectivas
El tarifazo de ETECSA, lejos de resolverse como una medida administrativa aislada, se inscribe en una tendencia de cercenamiento de libertades que parece profundizarse en la medida en que el régimen percibe su control amenazado. La imposibilidad de retroceder abruptamente a los escenarios de desconexión total que precedieron a 2008 no impide al gobierno cubano ensayar fórmulas de restricción gradual que, combinadas con la represión selectiva y el encarecimiento sistemático, buscan devolver a la población a los «antiguos pastos de la manipulación informativa».
Para la ciudadanía, las consecuencias son inmediatas y severas. El aislamiento comunicacional afecta la capacidad de los cubanos para mantener vínculos con familiares en el exterior, acceder a información independiente, realizar gestiones administrativas en línea, desarrollar actividades económicas emergentes y participar en el debate público. En un país donde la prensa oficial monopoliza los espacios tradicionales de información, internet representa el único reducto de pluralidad, y su encarecimiento equivale a un acto de censura económica con efectos políticos profundos.
La comunidad internacional y las organizaciones de defensa de los derechos digitales deberán prestar atención a esta medida como lo que realmente es: un ataque estructurado contra el derecho a la información y a la libertad de expresión de millones de cubanos. La dictadura cubana ha comprendido que la batalla por el control de la narrativa se libra hoy en los espacios digitales, y su respuesta es restringir el acceso a esos espacios a quienes no pueden pagar el peaje en divisas. El tarifazo de ETECSA no es una decisión empresarial: es una decisión política de control social disfrazada de gestión administrativa, y como tal debe ser denunciada y confrontada por todos los actores comprometidos con la libertad de información en el hemisferio.
