El secretario general de la Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC), Orlando Gutiérrez-Boronat, compareció ante la Comisión de la ciudad de Miami para solicitar que el municipio comience a planificar y organizarse de cara a una eventual transición democrática en la isla. La propuesta se fundamenta en los profundos vínculos históricos, políticos y demográficos que conectan al sur de la Florida con el destino de la nación caribeña, instando a las autoridades locales a anticiparse a los escenarios post-autoritarios.
Durante su intervención, Gutiérrez-Boronat enfatizó la necesidad de que la ciudad de Miami prepare sus estructuras administrativas, logísticas y humanitarias para asistir en el proceso de cambio. En declaraciones enviadas a medios de comunicación, el activista explicó que la estrecha relación entre ambas geografías obliga a un esfuerzo coordinado que garantice que la transformación institucional en la isla sea ordenada. El objetivo es que el cambio beneficie tanto al pueblo de Cuba, que ha sufrido décadas de privaciones, como a los residentes en Estados Unidos, quienes serían directamente impactados por los flujos migratorios y comerciales derivados de una apertura democrática.
Uno de los ejes centrales de su exposición fue la recuperación de la autonomía municipal en Cuba. Gutiérrez-Boronat recordó que, antes de 1959, la isla contaba con gobiernos locales efectivos y autónomos que fueron sistemáticamente desmantelados tras la implantación del sistema totalitario. El régimen de La Habana sustituyó la gestión local por estructuras burocráticas subordinadas al poder central, eliminando la capacidad de las comunidades para resolver sus propias problemáticas. En este sentido, el dirigente opositor señaló a Miami como un referente de gestión municipal y libertad económica que podría servir de modelo para reestructurar las administraciones locales cubanas una vez que se restablezcan las libertades democráticas y el estado de derecho.
Antecedentes: El «Acuerdo de Liberación» y la hoja de ruta opositora
La comparecencia ante la Comisión municipal no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de la oposición en el exilio para materializar el cambio político. Hace apenas unos días, la Asamblea de la Resistencia Cubana, en conjunto con el grupo Pasos de Cambio, liderado por Rosa María Payá, presentaron en Miami el denominado «Acuerdo de Liberación». Este documento propone una hoja de ruta integral para el futuro de la isla que contempla la reunificación nacional de los cubanos dentro y fuera de la isla, la desmilitarización de la sociedad civil y la implementación de profundas reformas institucionales que garanticen la pluralidad política.
En el marco de esa presentación, Gutiérrez-Boronat fue categórico al respecto de la naturaleza del sistema que gobierna la isla. Subrayó que el objetivo final de estas iniciativas es el cese definitivo de la dictadura y la restitución plena de los derechos y libertades fundamentales del pueblo cubano. Asimismo, afirmó que la reconstrucción del país, tanto en el ámbito económico como moral, solo será viable en un escenario libre de la hegemonía del Partido Comunista, el cual ha monopolizado el poder, controlado todos los resortes del Estado y ahogado cualquier atisbo de desarrollo civil durante más de seis décadas.
El colapso estructural de la isla y el fracaso del modelo centralizado
El llamado a prepararse para una transición adquiere una urgencia inusitada en el contexto actual de crisis sistémica que atraviesa Cuba. El gobierno cubano ha demostrado una incapacidad estructural para gestionar la economía, sumiendo a la población en una pobreza extrema. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos, medicamentos y combustible, junto al colapso permanente del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), son el resultado directo de un modelo centralizado y obsoleto que prioriza el control político sobre el bienestar ciudadano. Las deficiencias en los servicios públicos básicos, como el suministro de agua y el sistema de salud, evidencian el grado de descomposición del Estado.
A la debacle económica se suma el endurecimiento de la represión social por parte de la dictadura cubana. Las detenciones arbitrarias, los juicios sumarios, el hostigamiento a periodistas independientes, artistas y activistas, y el acoso sistemático a los familiares de los presos políticos del 11 de julio de 2021 conforman un panorama de violaciones graves de los derechos humanos. Esta violencia estatal, ejercida sin ningún tipo de control democrático ni rendición de cuentas, ha provocado el mayor éxodo migratorio de la historia reciente del país, vaciando a la isla de su fuerza laboral, de sus profesionales y de su juventud, lo que agrava aún más las perspectivas de desarrollo a corto y mediano plazo.
La falta de autonomía municipal ha sido una pieza clave en este desmantelamiento institucional. Al eliminar los gobiernos locales, las autoridades de la isla aseguraron que ninguna provincia o municipio pudiera tomar decisiones independientes para mitigar las crisis regionales. Esta rigidez burocrática es responsable de la ineficiencia en la distribución de los escasos recursos disponibles y del abandono de las infraestructuras urbanas. Por ello, la reintroducción de modelos de gestión local eficaces, como los que promueve la oposición desde el exilio, se presenta como un paso indispensable para devolver la viabilidad a las comunidades cubanas.
Implicaciones para el exilio, la reconstrucción civil y la comunidad internacional
La articulación de planes de transición desde el exilio plantea desafíos significativos que deben ser abordados con realismo. El tejido civil en Cuba ha sido diezmado por décadas de censura, propaganda estatal y control absoluto de los medios de comunicación. La reconstrucción democrática requerirá no solo voluntad política interna, sino también una inyección masiva de asistencia técnica, logística, jurídica y humana. En este escenario, la ciudad de Miami, con su gran concentración de profesionales cubanoamericanos, su infraestructura institucional y su cercanía geográfica, se posiciona como un enclave estratégico para coordinar los primeros auxilios democráticos y la ayuda económica hacia la isla en los momentos iniciales de una transición.
Las consecuencias de una eventual transición rebasan con creces las fronteras del Caribe. Un cambio de régimen en Cuba impactaría directamente en la estabilidad geopolítica de la región, en la dinámica migratoria hacia Estados Unidos y en la reconfiguración de las alianzas internacionales que el ejecutivo cubano ha mantenido durante años con potencias como Rusia, China y Venezuela. La solicitud de Gutiérrez-Boronat a las autoridades de Miami refleja la convicción de que el fin de la dictadura no debe ser abordado únicamente como un evento de celebración política, sino como el inicio de un proceso largo y complejo que exige preparación logística, memoria histórica y un compromiso firme con la reconstrucción de una nación devastada por el autoritarismo. La comunidad internacional, particularmente los organismos democráticos y los países de la región, deberán estar preparados para respaldar este proceso, exigiendo garantías electorales y el desmontaje del aparato represivo que aún mantiene secuestrada la voluntad popular.
