La Asamblea de la Resistencia Cubana (ARC) ha culminado una intensa gira de trabajo en la capital italiana, donde mantuvo encuentros con diplomáticos, parlamentarios y analistas políticos con el objetivo de exigir el cese del financiamiento europeo al régimen de La Habana. La iniciativa busca evidenciar la contradicción geopolítica que supone que la Unión Europea mantenga acuerdos de cooperación con un Estado que, además de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos, ha enviado tropas para respaldar la agresión militar rusa en Ucrania.
La delegación, encabezada por el secretario general de la organización, el Dr. Orlando Gutiérrez-Boronat, desarrolló una agenda que incluyó sesiones de trabajo en el Parlamento italiano, así como reuniones con funcionarios gubernamentales y representantes de la prensa acreditada en Roma. El eje central de las conversaciones giró en torno a la responsabilidad de las democracias europeas frente a la supervivencia del modelo cubano y la necesidad de condicionar cualquier vínculo diplomático o comercial a verdaderas concesiones democráticas en la isla.
Uno de los argumentos esgrimidos durante la gira ha sido la vinculación directa entre los recursos que fluyen hacia el gobierno cubano y su injerencia en conflictos internacionales. Gutiérrez-Boronat enfatizó que los subsidios y convenios económicos permiten a las autoridades de la isla disponer de fondos para enviar contingentes militares a Europa del Este, actuando como aliado estratégico de Moscú. Esta dinámica plantea un severo cuestionamiento a la política exterior de la Unión Europea, que se encuentra financiando indirectamente un actor que respalda la invasión a un país soberano.
El foco de las gestiones de la Asamblea de la Resistencia Cubana está puesto en la derogación o profunda renegociación del Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación (ADPC) firmado entre la UE y Cuba. Este instrumento, vigente desde 2016, fue concebido bajo la premisa de que el acercamiento institucional y económico incentivaría una apertura gradual en la isla. Sin embargo, casi una década después, la oposición y diversos actores internacionales coinciden en que el pacto solo ha servido para oxigenar económicamente al régimen de La Habana, sin traducirse en mejoras tangibles para la sociedad civil ni en el respeto a las libertades fundamentales.
En Roma: Asamblea de la Resistencia denuncia al régimen cubano
El respaldo de los parlamentos europeos
Las gestiones en Roma no son un hecho aislado, sino parte de una ofensiva diplomática sostenida por la disidencia cubana en el viejo continente. A principios de este año, el gobierno de Suecia reiteró su postura crítica frente al ADPC. El ministro sueco de Cooperación Internacional y Comercio Exterior, Benjamin Dousa, defendió ante el Riksdag una revisión exhaustiva de los términos del acuerdo, argumentando que la política de acercamiento ha fracasado rotundamente en materia de derechos humanos y que resulta imperativo cortar cualquier ayuda que fortalezca las estructuras estatales cubanas.
Este posicionamiento sueco encontró un eco significativo en el Báltico. En marzo, parlamentarios de Estonia sumaron su respaldo a la iniciativa de suspender el financiamiento a La Habana. Durante una visita a Tallin, Gutiérrez-Boronat, acompañado por el jurista mexicano René Bolio, presidente de la Comisión Justicia Cuba, se reunió con Marko Mihkelson, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Parlamento estonio. En esa misma gira, sostuvieron un encuentro en Estocolmo con una delegación encabezada por Björn Söder, líder del partido Demócratas Suecos.
La elección de Estonia como aliado estratégico en esta cruzada posee un fuerte simbolismo político. Durante su estancia en Tallin, los activistas entregaron una bandera cubana a Mart Laar, figura histórica fundamental en la transición de Estonia del comunismo a la democracia. Este gesto subrayó el mensaje central de la campaña: que las naciones que lograron desmantelar el yugo soviético poseen la autoridad moral y la experiencia técnica para advertir sobre los peligros de sostener económicamente a la última dictadura totalitaria del hemisferio occidental.
Contexto: La crisis estructural y el desvío de recursos
El reclamo para cortar el flujo financiero europeo cobra mayor relevancia al contrastarlo con la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. El gobierno cubano atraviesa uno de sus peores momentos económicos, caracterizado por una hiperinflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos de primera necesidad y el colapso total del sistema electroenergético. Las constantes apagones, que llegan a durar más de diez horas diarias en varias provincias, han convertido la vida cotidiana en un calvario para la ciudadanía, que no encuentra respuestas viables por parte del ejecutivo cubano.
Sin embargo, la escasez que sufre la población no se corresponde con la falta de ingresos estatales provenientes del exterior, sino con el modelo de gestión centralizada y opaca. Los recursos obtenidos a través de acuerdos internacionales, remesas y cooperación no se destinan a la reactivación de la economía productiva ni al saneamiento de los servicios públicos. Por el contrario, son absorbidos por el aparato burocrático y destinados a mantener la maquinaria de control social, así como a financiar aventuras militares en el extranjero, como la presencia de tropas cubanas en Ucrania.
A esta crisis económica se suma una de las peores oleadas represivas de las últimas décadas. La dictadura cubana ha endurecido su legislación penal para criminalizar la disidencia, aplicando penas de hasta varios años de prisión por delitos prefabricados como «desacato», «desórdenes públicos» o «propaganda enemiga». Las cárceles de la isla mantienen recluidos a cientos de prisioneros políticos del estallido social del 11 de julio de 2021, mientras el exilio migratorio masivo vacía pueblos y ciudades ante la asfixia política y la ausencia de un futuro proyecto de vida.
Antecedentes de una política fallida
Para comprender la magnitud del reclamo de la ARC, es necesario revisar la evolución de la política europea hacia Cuba. En 1996, la UE adoptó la «Posición Común», un documento que condicionaba la cooperación plena a la apertura democrática y la mejora en materia de derechos humanos en la isla. Esta postura fue abandonada en 2016 bajo el mandato del Alto Representante Federica Mogherini, quien impulsó el ADPC bajo la lógica del «compromiso constructivo». La realidad ha demostrado que este giro diplomático fue interpretado por el régimen de La Habana como una concesión a cambio de nada, consolidando un status quo donde el Estado recibe fondos sin rendir cuentas ni liberalizar el espacio público.
Asimismo, la participación cubana en conflictos internacionales no es un fenómeno nuevo. Desde la Guerra Fría, el gobierno de la isla ha utilizado su aparato militar como moneda de cambio geopolítica, enviando contingentes a África y, más recientemente, apoyando a Rusia en Siria y ahora en Ucrania. La diferencia radica en que, actualmente, esta injerencia se financia en un contexto donde la población civil enfrenta niveles de pobreza extrema sin precedentes, lo que plantea una urgencia ética ineludible para la comunidad internacional.
El cierre de esta gira en Roma plantea un desafío directo a la burocracia europea. La presión de parlamentarios de países como Suecia y Estonia, sumada al cabildeo de la sociedad civil cubana en el exilio, obliga a las instituciones de Bruselas a evaluar si la coherencia de su política exterior frente a Rusia y la defensa de los derechos humanos pueden sostenerse mientras se mantiene intacto un flujo de cooperación que beneficia exclusivamente a la cúpula de poder en La Habana. El futuro de estas gestiones dependerá de la voluntad política de los Estados miembros para asumir el costo diplomático de confrontar a un régimen que se sostiene cada vez más del respaldo financiero externo y la represión interna.
