El canciller costarricense, Manuel Tovar, señaló que la continuidad de los servicios consulares entre ambos países no equivale a un restablecimiento de los vínculos diplomáticos, los cuales permanecerán suspendidos mientras la dictadura cubana no garantice la libertad y los derechos fundamentales de su población.
La declaración del ministro de Relaciones Exteriores de Costa Rica vino a despejar cualquier ambigüedad sobre el alcance de la cooperación consular entre San José y La Habana. Aunque se mantienen operativos ciertos trámites de carácter migratorio y notarial para beneficio de los ciudadanos, el gobierno centroamericano dejó claro que la normalización diplomática con el régimen de La Habana no está contemplada en el escenario actual.
«Hasta que recupere su libertad», fue la condición expresada por Tovar al referirse a Cuba, una frase que resume una posición política firme y que marca distancia respecto a otros países de la región que han optado por la diplomacia sin condiciones con la isla. La postura costarricense se inscribe en una línea de coherencia con los principios democráticos que históricamente ha defendido el país en materia de derechos humanos.
Una distinción necesaria: servicios consulares versus relaciones diplomáticas
El canciller enfatizó que la existencia de servicios consulares no debe interpretarse como un gesto de acercamiento político ni como un primer paso hacia la normalización bilateral. Esta aclaración resulta relevante en un contexto donde el régimen cubano suele instrumentalizar cualquier vínculo, por mínimo que sea, para proyectar una imagen de legitimidad internacional y dar la impresión de normalidad en sus relaciones con el resto del mundo.
Los servicios consulares, explicó Tovar, responden a necesidades prácticas de la ciudadanía —tanto de costarricenses con intereses en Cuba como de cubanos residentes o en tránsito— y no implican un reconocimiento político ni una validación del sistema impuesto por las autoridades de la isla. Se trata, según su explicación, de una medida de carácter humanitario y administrativo, estrictamente separada de cualquier consideración diplomática.
Esta separación entre lo consular y lo diplomático constituye un precedente importante en la política exterior latinoamericana hacia Cuba. Durante décadas, numerosos gobiernos de la región han mantenido relaciones diplomáticas plenas con La Habana sin exigir contrapartidas en materia de derechos humanos, lo que en la práctica ha servido para blindar al régimen del escrutinio internacional y perpetuar el statu quo represivo en la isla.
El contexto represivo que motiva la posición costarricense
La condición impuesta por Costa Rica cobra especial significado en el contexto actual de Cuba, donde la dictadura ha profundizado las políticas de control social, persecución política y criminalización de la disidencia. Las detenciones arbitrarias, los actos de repudio, el confinamiento domiciliario de opositores y las condenas judiciales sin garantías procesales continúan siendo prácticas sistemáticas del aparato represivo del Estado.
Desde las protestas del 11 de julio de 2021, el régimen de La Habana ha endurecido su respuesta frente a cualquier manifestación de descontento ciudadano. Cientos de personas permanecen en prisión por el delito de haber salido a las calles a exigir cambios, mientras que otros tantos han sido forzados al exilio bajo amenazas y coacciones. La libertad de expresión, de asociación y de prensa siguen siendo aspirations negadas por un sistema que no admite pluralismo ni contestación alguna.
La situación económica, indisolublemente ligada a la falta de libertades, ha agravado aún más las condiciones de vida de la población. El colapso del sistema eléctrico, la escasez crónica de alimentos y medicinas, la inflación galopante y la devaluación de la moneda nacional son consecuencias directas de un modelo económico centralizado e ineficiente que el gobierno cubano se niega a reformar de manera sustantiva. La respuesta oficial ha sido incrementar la represión y cerrar aún más los espacios cívicos, en lugar de abordar las causas estructurales de la crisis.
El aislamiento democrático de la dictadura cubana
La postura de Costa Rica se suma a una tendencia creciente de reevaluación de las relaciones con Cuba por parte de gobiernos democráticos de la región. Países que durante años mantuvieron una política de diálogo sin condiciones comienzan a exigir señales concretas de apertura y respeto a los derechos humanos como requisito para cualquier acercamiento bilateral. Este desplazamiento refleja un cansancio frente a las promesas incumplidas del régimen y una mayor sensibilidad hacia el sufrimiento del pueblo cubano.
El gobierno cubano, por su parte, ha respondido a estas señales con su retórica habitual: acusaciones de «interferencia» en los asuntos internos, descalificaciones de los gobiernos que adoptan posiciones críticas y apelación a la narrativa del cerco externo como explicación de los problemas internos. Sin embargo, esta estrategia discursiva pierde eficacia conforme la realidad de la represión y el fracaso del modelo se hace cada vez más evidente para la comunidad internacional.
El mensaje de San José es claro y tiene un valor simbólico que trasciende lo bilateral. Al condicionar el restablecimiento de relaciones a la recuperación de la libertad en Cuba, Costa Rica reafirma que la diplomacia no puede ser indiferente a la violación sistemática de derechos humanos y que ningún régimen puede aspirar a la normalidad en sus relaciones exteriores mientras mantenga secuestradas las libertades fundamentales de su propio pueblo. La pregunta que queda flotando es cuántos más países de la región estarán dispuestos a asumir una postura similar y cuánto tiempo más podrá la dictadura cubana sostener su aislamiento democrático bajo el peso de su propia intransigencia.
