El Centro de Asesoría Legal Cubalex denunció un alarmante incremento en la circulación de drogas sintéticas, como el conocido \»químico\», en múltiples prisiones de la isla. El informe, basado en testimonios de presos políticos, activistas y familiares, revela que el tráfico de sustancias en los penales ocurre con la complicidad directa de agentes del orden y autoridades penitenciarias.
El reporte documenta un patrón sistemático de corrupción en instalaciones de máxima seguridad como el Combinado del Este y la prisión 1580, en San Miguel del Padrón. Según las declaraciones recogidas por la organización, los custodios y policías no solo permiten el ingreso de estupefacientes, sino que participan activamente en su distribución interna. El activista Marcel Valdés y el excarcelado Ohauris Rondón Rivero coincidieron en señalar que la misma sustancia que está devastando a la población civil en las calles de Cuba ahora es administrada dentro de las cárceles por el propio personal del Estado.
La red de complicidad se extiende a otras instalaciones del país. En la prisión de Aguacate, en Mayabeque, los señalamientos apuntan hacia funcionarios de reeducación que introducirían pastillas y se apropiarían de los alimentos de los reclusos. De igual forma, en el campamento Ho Chi Minh y en la prisión Ivanov, el preso político Walfrido Rodríguez Piloto confirmó que los mandos superiores omiten la revenda de drogas por parte de carceleros. En la prisión \»Cuba Sí\», en Holguín, el panorama es aún más crítico: se reportan condiciones inhumanas, negligencia médica y al menos seis muertes por sobredosis durante el último año, con la presunta involucración de oficiales de alto rango en el desvío de medicamentos.
El colapso del sistema penitenciario y la responsabilidad estatal
La propagación del narcotráfico intramuros no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del colapso institucional que sufre la isla. La dictadura cubana ha convertido los centros de reclusión en espacios de vulneración sistemática de los derechos humanos, donde la desnutrición, la violencia y la falta de atención médica son constantes. La introducción de sustancias altamente adictivas, como el \»químico\», funciona como un mecanismo de control y aniquilamiento físico y mental sobre la población reclusa, en medio de una crisis económica y social que el régimen de La Habana es incapaz de resolver.
La denuncia de Cubalex expone una vez más la doble moral de las autoridades de la isla, que señalan a otros gobiernos de la región mientras el aparato estatal cubano facilita la destrucción de sus propios ciudadanos, incluso dentro de los recintos que deberían garantizar la seguridad y la reinserción. Ante esta evidencia, la comunidad internacional y los organismos de derechos humanos deberán exigir rendición de cuentas y mecanismos de supervisión independiente. Mientras tanto, la impunidad con la que operan las redes de narcotráfico en las prisiones augura un deterioro aún mayor de las condiciones de vida para los cientos de cubanos que permanecen privados de libertad.
