La presa política María Cristina Garrido Rodríguez, condenada a siete años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, es víctima de constantes episodios de tortura psicológica en la prisión de mujeres de El Guatao, en La Habana. Así lo han denunciado su hermana, Angélica Garrido, y activistas de derechos humanos, quienes señalan directamente a la Seguridad del Estado como responsable de orquestar el acoso.
De acuerdo con los testimonios recogidos, la opositora sufre desde hace nueve meses el hostigamiento sistemático por parte de una reclusa común, identificada como Imirsy Caballero. Según relató su hermana, actualmente en el exilio, la reclusa actúa bajo las órdenes de los mandos del penal y de los servicios de inteligencia. La estrategia consiste en lanzar constantes ataques verbales, burlarse de sus convicciones ideológicas y acusarla de \»mercenaria\» durante su rutina diaria, con el objetivo de provocar una reacción violenta que le acarree una nueva causa penal y la extensión de su condena.
La tensión acumulada por este ambiente de hostigamiento provocó una reacción desesperada en Garrido, lo que derivó en su traslado a la dirección del penal y en la apertura de un reporte disciplinario en su contra. La activista Magdelivia Hidalgo, de la Federación Latinoamericana de Mujeres Rurales (FLAMUR), detalló que un oficial con rango de coronel se presentó en el lugar para intimidarla directamente. La también opositora catalogó a la reclusa agresora como un instrumento de la represión estatal, señalando que el objetivo es \»hacerle la vida un infierno\».
Represión sistemática y condiciones carcelarias
María Cristina Garrido, directora ejecutiva del Partido Republicano de Cuba, fue arrestada el 12 de julio de 2021 en Quivicán, Mayabeque, tras las manifestaciones que sacudieron a más de 50 localidades de la isla. Tras 18 días de incomunicación, la dictadura cubana la condenó en marzo de 2022 por delitos fabricados como \»desórdenes públicos\», \»instigación a delinquir\» y \»desacato\». Organizaciones internacionales, como PEN Internacional, han documentado previamente los tratos crueles e inhumanos que sufre la activista, incluyendo aislamiento, golpizas, privación de alimentos y restricciones arbitrarias a las visitas familiares.
Ante la gravedad de los hechos, la familia de la prisionera política teme que el régimen de La Habana intente manipular estos incidentes para viralizarlos y sembrar el miedo entre la población opositora. Sin embargo, la respuesta no se ha hecho esperar: los familiares planean formalizar la denuncia ante diversas instancias nacionales e internacionales para exigir responsabilidades. Este caso refleja el patrón continuo de la dictadura cubana de utilizar el sistema penitenciario para aniquilar la disidencia, mientras la comunidad internacional mantiene su escrutinio sobre la crisis de derechos humanos que atraviesa la isla.
