Al menos 15 ciudadanos permanecen bajo custodia en el centro de detención VIVAC de La Habana tras participar en una protesta surgida por los prolongados cortes de electricidad y la falta de agua en el municipio de Marianao. La represión policial se desató cuando residentes de los barrios Santa Felicia y Pogolotti salieron a las calles para exigir soluciones a la profunda crisis energética.
La manifestación, que incluyó el bloqueo de una avenida y cacerolazos, estalló tras horas sin servicio eléctrico en una zona ya castigada por frecuentes interrupciones del suministro en días previos. Según denuncias de la organización legal Cubalex, las autoridades de la isla respondieron con operativos de arresto, trasladando a los manifestantes al VIVAC sin informar oficialmente sobre sus identidades ni su estatus jurídico.
Entre los arrestados figuraba el activista Liván Gómez Castillo, coordinador en La Habana del Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI), quien fue liberado posteriormente. El opositor denunció que agentes de la Seguridad del Estado intentaron vincularlo falsamente con la protesta y con la colocación de carteles, a pesar de que evidencia en video demostró su no participación en los hechos. Por otro lado, dos manifestantes, entre ellos Yuniel Serrano Batista, fueron enviados a prisión preventiva en el penal Valle Grande bajo el cargo de \»Desórdenes Públicos\», acusados supuestamente de incendiar un contenedor de basura y resistirse al arresto.
Criminalización de la indignación popular
El accionar contra los residentes de Marianao se inscribe en un patrón sistemático de represión y criminalización de las manifestaciones pacíficas. La crisis estructural que atraviesa el país, marcada por el colapso del Sistema Electroenergético Nacional, la escasez de agua y la inflación galopante, ha generado un aumento en la indignación ciudadana. Frente a esto, el régimen de La Habana ha optado por el silenciamiento y la fuerza bruta en lugar de ofrecer respuestas a la grave crisis de los servicios públicos.
Las cifras de este accionar represivo reflejan la escalada autoritaria. De acuerdo con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en lo que va de año se han registrado más de 2.400 acciones represivas, incluyendo cientos de detenciones arbitrarias. Solo en el último mes contabilizado, la organización documentó 212 abusos, descritos como un periodo oscuro para la libertad de expresión. Esta criminalización constante deja a la ciudadanía en un estado de indefensión total, evidenciando que la dictadura cubana prioriza el control social mediante el miedo antes que el respeto a los derechos fundamentales.
