El Tribunal Municipal Popular de Guanajay, en la provincia de Artemisa, celebró este martes el juicio contra los opositores José Antonio Pompa López, Lázaro Mendoza García y Daniel Alfaro Frías, recluidos desde hace casi un año. El proceso, pendiente de sentencia, se desarrolla en medio de exigencias fiscales que superan los seis años de cárcel para cada activista.
La vista oral, prevista para las 9:00 de la mañana, sufrió un retraso de tres horas debido a problemas logísticos en el traslado de los reos desde la prisión Combinado del Esteno. Según relató a la prensa independiente Suarmi Hernández Vilar, esposa de Pompa López, la Fiscalía Provincial de Artemisa mantuvo una postura punitiva durante la audiencia. Sin embargo, la defensa logró exponer ante el tribunal la inexistencia de delito, reclamando la liberación inmediata de los tres acusados al no haber cometido ninguna infracción penal.
El régimen de La Habana imputa a los activistas los delitos de \»propaganda contra el orden constitucional\» y \»asociaciones, reuniones y manifestaciones ilícitas\». Por estos cargos, el Ministerio Público solicitó una sanción conjunta de 10 años de cárcel para Daniel Alfaro Frías, ocho para José Antonio Pompa y seis para Lázaro Mendoza. No obstante, durante la audiencia se evidenció una fisura en la acusación principal, ya que el propio juez reconoció en voz alta, ante la secretaria y los presentes, que el delito de \»propaganda contra el orden constitucional\» podría no proceder.
Criminalización de la disidencia y etiquetado arbitrario
El caso de estos tres opositores se enmarca en la estrategia sistemática de criminalización de la disidencia por parte del gobierno cubano. La petición fiscal vincula a los acusados con la organización Cuba Primero, una entidad que el Ministerio del Interior (MININT) incluyó recientemente en su \»Lista nacional de personas y entidades buscadas por vínculos con el terrorismo\», sin haber presentado hasta la fecha pruebas que sustenten tal designación, lo que evidencia el uso de categorías graves para justificar la persecución política.
La resolución de este juicio representará un nuevo termómetro de la tolerancia cero que mantiene la dictadura cubana hacia el activismo pacífico. Mientras las autoridades de la isla recurren a figuras penales ambiguas y etiquetaciones sin respaldo probatorio para silenciar el descontento social, la comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen la mirada puesta en Artemisa. La sentencia, pendiente de publicación, definirá no solo el destino de tres activistas, sino también el nivel de endurecimiento del aparato judicial frente a la exigencia de libertades públicas en el país.
