El Departamento de Estado de Estados Unidos alertó sobre la grave situación del activista Daniel Alfaro Fría, quien inició una huelga de hambre para protestar contra su condena injusta y las precarias condiciones en la prisión de Guanajay, Artemisa. La denuncia internacional coloca el foco sobre la persistente violación de derechos humanos y la represión sistemática ejercida por la dictadura cubana contra la disidencia.
A través de un comunicado emitido en redes sociales, el Buró de Asuntos del Hemisferio Occidental sostuvo que el régimen de Miguel Díaz-Canel somete a opositores a prácticas de tortura. Alfaro Fría, detenido el 13 de marzo de 2024 en San Antonio de los Baños, fue condenado a nueve años de privación de libertad bajo los cargos de \»propaganda contra el orden constitucional\» y \»reuniones o manifestaciones ilícitas\», figuras penales empleadas de forma recurrente por el sistema judicial para silenciar el activismo en la isla.
De acuerdo con testimonios recabados por organizaciones defensoras de los derechos humanos, como el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) y la ONG Prisoners Defenders, el activista sufrió golpizas durante su arresto y permaneció incomunicado durante varios días. Actualmente, recluido en la prisión de trabajos forzosos de Guanajay, se encuentra confinado en una celda de castigo sin colchón ni avituallamiento. Además, habría sido despojado de su ropa de recluso en medio de días de bajas temperaturas, lo que constituye un claro trato cruel, inhumano y degradante por parte de las autoridades carcelarias.
Represión como respuesta al colapso estructural
El caso de Alfaro Fría no es un hecho aislado, sino que refleja el endurecimiento del aparato represivo de las autoridades de la isla frente a la profunda crisis estructural que atraviesa el país. Ante la hiperinflación, el desabastecimiento generalizado y el masivo éxodo migratorio, el gobierno cubano ha optado por la criminalización de la protesta social, llenando las prisiones de individuos cuyo único delito ha sido exigir libertades fundamentales y denunciar la incapacidad del Estado para garantizar la subsistencia de la población.
El pronunciamiento de Washington busca elevar el costo político de la represión carcelaria y romper el hermetismo informativo que mantiene el ejecutivo cubano sobre el sistema penitenciario. Aunque no se anuncian medidas concretas, esta señal de la comunidad internacional supone un llamado de atención sobre el destino de los cientos de presos políticos y subraya la urgencia de exigir al régimen de La Habana el respeto a la integridad física, la liberación de los activistas encarcelados y el cese inmediato de las violaciones sistemáticas en las cárceles.
