La primera edición del Foro Libertas, organizada en Madrid por el Partido Popular Europeo (PPE) con motivo de su 50 aniversario, ha centrado sus debates en la crítica situación de los derechos humanos en Cuba, el papel del continente europeo en una eventual transición democrática y la urgente necesidad de articular una solidaridad sostenida con la oposición. Líderes opositores como José Daniel Ferrer y Rosa María Payá expusieron ante la cúpula conservadora europea la crudeza de la represión sistemática ejercida por el régimen de La Habana, colocando el drama de los presos políticos en el centro de la agenda institucional del bloque.
El panel titulado “Un horizonte común para la libertad” congregó a figuras clave de la disidencia cubana, entre ellos Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), y Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide. Junto a ellos participó Ildefonso Castro, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Popular español. El encuentro marcó un espacio de denuncia explícita contra los sistemas autoritarios que operan en la región, poniendo especial énfasis en la crisis institucional, social y de libertades que atraviesa la isla caribeña.
En declaraciones enviadas a medios de prensa independientes, Ferrer subrayó la importancia de un foro marcado por la solidaridad del PPE con la oposición prodemocrática y, de manera particular, con los prisioneros políticos. El opositor detalló que estos ciudadanos se encuentran confinados en «terribles prisiones por luchar pacíficamente por la libertad, por la democracia, por los derechos humanos y por el bienestar de nuestras respectivas naciones», en clara referencia a la coyuntura compartida por Cuba, Venezuela y Nicaragua. Los tres países estuvieron presentes en el debate desde su inicio, evidenciando la conexión entre los distintos modelos autoritarios de la región.
El líder de la UNPACU aprovechó su intervención para trasladar al corazón de Europa la realidad cotidiana que sufren los cubanos. Según un artículo publicado posteriormente, Ferrer relató cómo la población continúa enfrentando la represión, el hambre, los apagones, la pobreza y la ausencia de derechos fundamentales bajo un sistema político que no admite competencia electoral, prensa libre ni oposición legal. Además, hizo un llamado directo para que la solidaridad europea se materialice en políticas de Estado sostenidas y no se limite a pronunciamientos circunstanciales o declaraciones diplomáticas sin consecuencias prácticas.
Durante la inauguración del evento, el presidente del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo, vinculó directamente la situación cubana con la erosión de las libertades en América Latina. Feijóo advirtió que «Venezuela y Cuba —ojalá pronto Nicaragua— nos recuerdan que la opresión deja profundas cicatrices, pero también que el anhelo de libertad nunca desaparece». Asimismo, prometió que España, «más pronto que tarde», abandonará la postura de blanquear y hacer negocios con dictaduras desde un gobierno elegido democráticamente. Las intervenciones del ministro italiano de Asuntos Exteriores, Antonio Tajani, también se sumaron a la condena de los regímenes de La Habana, Caracas y Managua.
El secretario general del Partido Popular español, Miguel Tellado, presentó a los opositores cubanos como referentes morales del encuentro, mencionando también a la líder venezolana María Corina Machado. Por su parte, Mariana Gómez del Campo, presidenta de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), reclamó garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales en la isla. Gómez del Campo enfatizó que el pueblo cubano merece elecciones libres y transparentes, donde los jóvenes y niños puedan manifestarse sin el temor a ser asesinados, reprimidos o encerrados en calabozos por las autoridades de la isla.
Contexto sistémico y crisis estructural
El debate en el Foro Libertas ocurre en medio de un agravamiento sin precedentes de la crisis estructural que sufre Cuba. La economía nacional se encuentra en un estado de colapso profundo, impulsado por una inflación galopante que devalúa los ya exiguos salarios y un desabastecimiento crónico que impide el acceso a productos de primera necesidad. A esta realidad se suman los apagones diarios, que en muchas provincias superan las diez horas, paralizando la ya mermada productividad del país y afectando la salud y el bienestar de la ciudadanía. Ante este escenario, el régimen de La Habana ha optado por endurecer su férreo control social en lugar de implementar reformas estructurales reales que liberalicen la economía o permitan la participación ciudadana.
La respuesta del gobierno cubano a la insatisfacción popular ha sido la criminalización de la protesta y el incremento de la represión policial y paramilitar. El éxodo migratorio masivo, que ha visto partir a cientos de miles de cubanos hacia el sur de la frontera estadounidense en los últimos años, es la manifestación más visible del fracaso del modelo impuesto por el ejecutivo cubano. Sin embargo, para quienes deciden quedarse y exigir cambios pacíficamente, el castigo es la cárcel, el hostigamiento constante por parte de los aparatos de seguridad del Estado y el ostracismo social impuesto por la dictadura cubana.
Antecedentes de la represión y cifras actuales
La criminalización de la disidencia en Cuba tiene un largo historial, pero se agudizó de manera drástica tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). Desde entonces, las autoridades de la isla han utilizado el aparato judicial para imponer condenas ejemplificantes a quienes se atreven a alzar la voz, recurriendo a figuras penales como sedición, desacato y desorden público para justificar el encierro de manifestantes pacíficos. Esta política de terror de Estado ha resultado en un incremento sostenido del censo de personas privadas de libertad por motivos estrictamente políticos, convirtiendo a Cuba en uno de los países con mayor número de presos de conciencia per cápita del hemisferio occidental.
Según el último reporte de la organización Prisoners Defenders, al cierre de junio se contabilizaban 1.306 presos políticos en la isla. Durante ese mes se verificaron 32 nuevas incorporaciones a la lista, mientras que 21 casos permanecían bajo estudio y siete personas salieron tras cumplir íntegramente sus condenas. El informe arroja además una luz alarmante sobre la vulnerabilidad de los sectores más jóvenes, situando en 40 el número de menores de edad incluidos en el registro de reclusión por motivos políticos. Asimismo, se documentó a 148 mujeres sometidas a prisión política o limitación domiciliaria, evidenciando que la represión de la dictadura cubana no hace distinciones de género ni edad a la hora de silenciar a la disidencia.
Implicaciones y futuro
El Foro Libertas, presentado como una plataforma permanente para estrechar la cooperación entre Europa e Iberoamérica en defensa del Estado de derecho, los derechos fundamentales y la democracia liberal, marca un punto de inflexión en la diplomacia internacional respecto a Cuba. La exigencia de los opositores de transformar la solidaridad retórica en políticas de Estado concretas plantea un desafío directo para la comunidad internacional, especialmente para la Unión Europea y su Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con el gobierno cubano.
Las consecuencias de ignorar la crisis cubana no solo se reflejarán en un mayor deterioro de las condiciones de vida en la isla, sino en la consolidación de un modelo autoritario que amenaza la estabilidad democrática de toda la región. La presión desde el parlamento europeo y los partidos políticos del viejo continente será clave para condicionar cualquier relación diplomática o comercial al respeto irrestricto de los derechos humanos. La respuesta de la comunidad internacional en los próximos meses determinará si la represión en Cuba continúa operando con total impunidad o si finalmente se aísla al régimen de La Habana por su violación sistemática de la dignidad humana.
