El activista político y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), Manuel Cuesta Morúa, permanece sin servicio de telefonía móvil y fija desde el pasado 2 de julio. El corte de sus líneas, ejecutado por la empresa estatal ETECSA, ocurrió tras su detención temporal para evitar su participación en la celebración del Día de la Independencia de Estados Unidos en La Habana, en lo que constituye una nueva muestra de la política de aislamiento y represión sistemática contra la disidencia en la isla.
El opositor fue arrestado junto a otros miembros de la sociedad civil en la fecha mencionada, con el objetivo explícito de frustrar su asistencia a la reunión anual organizada por la sede diplomática estadounidense. Desde ese momento, sus tres líneas móviles y su teléfono fijo permanecen inoperativos. La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), monopolio estatal del sector, no ha emitido ninguna explicación oficial sobre la suspensión de los servicios, lo que evidencia el uso de la infraestructura básica como herramienta de censura y control político por parte del gobierno cubano.
Cuesta Morúa ha denunciado que esta medida responde a un diseño orquestado por la dictadura cubana para aislar a quienes ejercen un activismo cívico y de derechos humanos de manera permanente. En sus declaraciones, el también politólogo señaló que la interrupción de sus comunicaciones busca sabotear su labor como coordinador del CTDC, específicamente el desarrollo de la iniciativa \»Asamblea Ciudadana\», un proyecto plural enfocado en recoger propuestas y debatir alternativas democráticas junto a la población a lo largo y ancho del territorio nacional.
Represión y aislamiento como táctica de Estado
El amedrentamiento a través del corte de telecomunicaciones se inscribe en la crisis estructural de libertades que atraviesa la nación caribeña. Las autoridades de la isla recurren con frecuencia a la desconexión telefónica y al bloqueo de internet para silenciar voces críticas, limitar la coordinación de la oposición y evitar el escrutinio público sobre la profunda crisis económica y social que sufre el país. Esta táctica obliga a los activistas a depender de redes de apoyo precarias, prestando líneas o utilizando wifi de terceros, para mantener el contacto con el exterior y con la ciudadanía.
Frente a esta vulneración de sus derechos, Cuesta Morúa ha anunciado que escalará su queja ante la Fiscalía General de la República y los tribunales competentes, exigiendo el restablecimiento inmediato de sus servicios y de su derecho a la comunicación. El líder opositor ha hecho un llamado a la comunidad internacional y a los medios de prensa para que presten atención a su caso, advirtiendo que la garantía de la libertad de expresión es el pilar fundamental para cualquier construcción democrática futura en Cuba.
