El Tribunal Supremo Popular (TSP) de Cuba ha rechazado revisar la causa penal 2/2024, originada en el municipio de Encrucijada, a pesar de reconocer explícitamente que la jueza Melody González Pedraza incurrió en actos constitutivos del delito de prevaricación. La denuncia, expuesta por el abogado de inmigración Santiago Alpízar, revela cómo el máximo órgano judicial de la isla admite la comisión de ilícitos por parte de sus funcionarios pero se niega a reparar el daño infligido a jóvenes condenados por motivos políticos.
A través del Auto No. 106, el TSP, bajo la presidencia del magistrado Rubén Remigio Ferro, confirmó la desestimación de la petición de revisión. El documento oficial, difundido por Alpízar en redes sociales, expone una contradicción institucional flagrante: las autoridades judiciales aceptan que la magistrada dictó resoluciones injustas con plena conciencia de su ilegalidad, una figura tipificada en el código penal, pero optan por mantener en firme una sentencia viciada para evitar cuestionar el aparato represivo.
La causa penal en cuestión trascendió las fronteras de la isla al tratarse de un juicio de carácter político que resultó en el encarcelamiento injusto de varios jóvenes. Para el abogado Alpízar, la actitud del TSP demuestra que el sistema judicial cubano opera bajo directrices políticas e ideológicas. «El tribunal admite que la jueza violó la ley, pero aun así se niega a reabrir el proceso y a hacer justicia con quienes fueron condenados erróneamente», afirmó el jurista, evidenciando la ausencia de mecanismos reales de defensa legal en el país.
El caso de Melody González Pedraza ha cobrado notoriedad internacional debido a su actual situación migratoria. La exjueza permanece detenida en Estados Unidos bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). González ingresó al territorio estadounidense en mayo de 2024 amparada en el programa de parole humanitario, una vía que ha sido ampliamente utilizada por ciudadanos cubanos para escapar de la crisis, y actualmente enfrenta un proceso de deportación cuya resolución final se espera en una audiencia programada para el 8 de mayo ante un juez de inmigración en Florida.
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Durante una audiencia previa en EE.UU., Santiago Alpízar, actuando en su calidad de presidente de la organización Cuba-Demanda, presentó una sólida evidencia documental y testimonial sobre el rol represivo de González bajo el amparo del Partido Comunista. Uno de los elementos más contundentes es una declaración firmada por las otras dos juezas que integraron el tribunal colegiado en Encrucijada. En este documento, las magistradas aseguran no haber participado en la deliberación ni haber aprobado la sentencia condenatoria contra los cuatro jóvenes procesados.
«Esa sentencia fue dictada solo por ella, con un lenguaje alineado al discurso del Partido. Es evidente su rol como funcionaria represiva del régimen», manifestó Alpízar, quien rechazó de plano los intentos de González de deslindar su responsabilidad penal alegando obediencia debida. La actuación de la jueza no es un caso aislado, sino que se inscribe en el patrón sistemático de criminalización de la disidencia que aplica la dictadura cubana para silenciar cualquier manifestación de inconformidad.
La trayectoria de González Pedraza como instrumento de la represión estatal ya había sido documentada por entidades de defensa de los derechos humanos. Su nombre figura en la lista de represores elaborada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC). Asimismo, la organización jurídica Cubalex ha señalado reiteradamente su responsabilidad directa en graves violaciones a las garantías procesales y los derechos fundamentales de los procesados en su jurisdicción.
Un sistema judicial al servicio del control político
La negativa del Tribunal Supremo Popular de revisar una causa plagada de ilegalidades, incluso cuando estas son reconocidas por la propia institución, ilustra la naturaleza del sistema judicial en Cuba. Bajo el régimen de La Habana, la separación de poderes es inexistente y los tribunales funcionan como un apéndice del aparato estatal para garantizar la impunidad de los mecanismos de control social. El caso de Encrucijada es un reflejo de cómo el gobierno cubano prioriza el castigo político sobre el respeto a la legalidad y el debido proceso.
Esta dinámica judicial se profundizó de manera alarmante tras las protestas del 11 de julio de 2021, cuando cientos de ciudadanos fueron sometidos a juicios sumarios, sin garantías procesales y con sentencias desproporcionadas basadas en pruebas fabricadas o testimonios coercitivos. La actuación de jueces como Melody González Pedraza fue clave para institucionalizar la represión masiva y enviar a prisión a cientos de manifestantes pacíficos o disidentes.
La crisis estructural que atraviesa la isla, marcada por la hiperinflación, el colapso de los servicios básicos, la falta de combustible y el desabastecimiento crónico, ha sido acompañada por un endurecimiento del aparato punitivo del Estado. Ante la incapacidad del ejecutivo cubano para ofrecer soluciones económicas, la respuesta institucional ha sido el incremento de la vigilancia, la persecución y el encarcelamiento preventivo para contener el descontento social que amenaza con desbordarse nuevamente en las calles.
El éxodo migratorio sin precedentes que vive la nación caribeña ha arrastrado consigo no solo a cientos de miles de ciudadanos comunes, sino también a funcionarios y agentes del Estado que intentan eludir las consecuencias de sus actos o buscar mejoras económicas. La paradoja de que una jueza responsable de condenar a opositores intente asilarse en Estados Unidos a través de un programa humanitario evidencia el agotamiento del modelo y la descomposición interna del sistema.
Repercusiones internacionales y exigencia de justicia
Ante la cerrada negativa del TSP para subsanar el agravio cometido en Cuba, Santiago Alpízar ha trazado una estrategia de internacionalización del caso. El abogado anunció que llevará la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como ante la Comisión Europea y el Parlamento Europeo, instancias que monitorean de cerca la situación de los derechos humanos en la isla y que mantienen posturas críticas frente a la falta de garantías democráticas.
Además, Alpízar gestionará ante el Departamento de Estado de Estados Unidos la inclusión del magistrado Rubén Remigio Ferro, presidente del TSP, y de sus familiares en la lista de personas no elegibles para recibir visados estadounidenses. Esta medida, amparada en políticas de rendición de cuentas para funcionarios corruptos o violadores de derechos humanos, busca enviar un mensaje directo a la cúpula judicial cubana sobre las consecuencias personales de su complicidad con el aparato represivo.
El desenlace de este proceso no solo determinará el destino migratorio de Melody González Pedraza en la corte de Florida, sino que pondrá a prueba la voluntad y la eficacia de la comunidad internacional para exigir transparencia y justicia frente a los abusos de la dictadura cubana. Para los jóvenes injustamente encarcelados en Encrucijada, la resolución del TSP es un recordatorio de que, en el interior de la isla, la justicia continúa siendo un instrumento subordinado al poder absoluto.
