Estudiantes de la carrera de Medicina en la provincia cubana de Las Tunas denunciaron públicamente actos de intimidación, allanamientos de agentes del Departamento Técnico de Investigaciones (DTI) y campañas de difamación, en medio de la ola de movilización universitaria que recorre la isla por el alza de precios impuesta por la empresa de telecomunicaciones ETECSA. Las declaraciones, emitidas durante un encuentro con autoridades académicas, evidencian la escalada represiva del régimen de La Habana contra el sector estudiantil.
Durante una reunión sostenida con presuntas autoridades académicas, una de las alumnas, cuyo nombre no trascendió para proteger su integridad, advirtió sobre las represalias que ya ha comenzado a sufrir por su implicación en los reclamos. La joven afirmó haber sido señalada como «cabecilla» y «contrarrevolucionaria» por las autoridades, una etiqueta que en el contexto cubano suele preceder a expulsiones universitarias o procesamientos penales. Asimismo, lamentó la amenaza de perder su futuro profesional tras seis años de estudio, señalando que «es una lástima que yo estudie seis años para cuando llegue a seis años ni especialidad me llegue».
Las palabras de la estudiante fueron respaldadas de inmediato por otro compañero no identificado, quien confirmó que las represalias no son un caso aislado. En la grabación del encuentro, obtenida y publicada por medios de prensa independientes, la joven detalló que funcionarios del DTI, dependiente del Ministerio del Interior (MININT), han visitado su vivienda sin justificación alguna. Este accionar fue calificado por las autoridades como «profilaxis», un eufemismo institucional que la dictadura cubana utiliza habitualmente para justificar la intimidación policial en los hogares de ciudadanos disidentes o protestantes.
«Las altas autoridades dicen que es profilaxis. Profilaxis para mí, como estudiante universitaria de la carrera de Medicina, serían mis altos cargos de mi universidad, con mi representación de la FEU, no un personal del DTI», expresó la alumna, cuestionando la militarización de los conflictos académicos. Además, denunció el impacto emocional y físico que estas acciones generan en su entorno familiar, particularmente en su madre, de quien desconoce si podría sufrir una crisis hipertensa o un infarto ante la presencia de agentes estatales en su hogar. «Si le da algo a mi madre, ¿qué funcionario del DTI me va a pagar a mi mamá?», cuestionó con indignación.
El acoso no se limita a las visitas domiciliarias. El segundo estudiante que intervino en la reunión denunció que los miembros de su grupo han sido objeto de una campaña de difamación orquestada, una táctica recurrente del aparato de seguridad del Estado. «Han dicho también que nos están pagando en el exterior para que nosotros hagamos cosas que no están pasando», afirmó, en referencia a los señalamientos habituales que buscan deslegitimar cualquier movimiento cívico dentro de la isla, tachándolo de financiado por potencias extranjeras. La estudiante principal concluyó exigiendo el cese del acoso y advirtiendo: «Dejo claro que cualquier represalia… aquí están todos mis compañeros de testigo. No quiero a más personas del DTI en mi casa».
El tarifazo de ETECSA y la fractura del contrato social
Estas declaraciones salen a la luz pública en medio de una creciente tensión en las universidades cubanas, donde miles de estudiantes han rechazado el llamado «tarifazo» de ETECSA, anunciado recientemente por la empresa estatal. La medida limita a una sola las recargas mensuales en pesos cubanos (hasta 360 CUP) y promueve agresivamente ofertas en dólares estadounidenses, profundizando la desigualdad de acceso a las telecomunicaciones en un país donde el salario medio estatal no alcanza para cubrir necesidades básicas. Lo que comenzó como pronunciamientos canalizados a través de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), se transformó rápidamente en un movimiento descentralizado, con paros, comunicados independientes y acciones colectivas que cuestionan tanto los precios del internet como la opacidad de las políticas públicas del gobierno cubano.
El descontento ha permeado en las principales casas de altos estudios del país. Desde facultades como Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana hasta la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV), el estudiantado ha alzado la voz no solo contra el alza de precios, sino contra el deterioro estructural del sistema universitario. En respuesta, el ejecutivo cubano y las instituciones alineadas con el poder han optado por la descalificación y la amenaza, lo que no ha hecho más que agudizar la indignación social y evidenciar la desconexión entre la cúpula dirigente y la realidad cotidiana de los ciudadanos.
Como muestra de la solidaridad intergeneracional, un grupo de egresados de la UCLV hizo pública una carta abierta dirigida a varias instituciones del Estado cubano. En la misiva, los profesionales expresaron su «honda preocupación» por el aumento de precios en los servicios de datos móviles y condenaron los actos de censura y hostigamiento contra los estudiantes. Los firmantes insisten en que internet no debe considerarse un lujo, sino un derecho fundamental que ha democratizado el acceso a la información y fortalecido la participación ciudadana, un concepto que la dictadura cubana históricamente ha intentado coartar.
Contexto sistémico: Represión y crisis económica estructural
El conflicto de ETECSA no es un fenómeno aislado, sino el síntoma de una crisis económica estructural que asfixia a la isla. La decisión de forzar el pago en divisas para acceder a servicios básicos de comunicación refleja la urgencia del régimen de La Habana por captar moneda dura ante el colapso de sus fuentes tradicionales de ingresos, como el turismo y las exportaciones de servicios médicos. Sin embargo, esta política se implementa en un contexto de hiperinflación, desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un salario medio que ronda los 4.000 CUP, lo que hace que una recarga en dólares sea un lujo inalcanzable para la inmensa mayoría de la población.
Paralelamente, la respuesta institucional a las protestas estudiantiles confirma la persistencia de un modelo basado en el control social y la represión sistemática. El despliegue del DTI para amedrentar a estudiantes de Medicina en Las Tunas evidencia que las autoridades de la isla no toleran la disidencia ni siquiera en los espacios que tradicionalmente fueron cuna del respaldo al sistema, como las universidades. Esta criminalización de la protesta pacífica se inscribe en la misma lógica represiva que ha impulsado el éxodo migratorio masivo de cientos de miles de cubanos en los últimos años, ante la imposibilidad de ejercer derechos fundamentales y la vulnerabilidad constante ante el aparato coercitivo del Estado.
Las exigencias de los egresados de la UCLV —que incluyen el cese de toda hostilidad contra los manifestantes, claridad en los datos económicos de ETECSA, respeto al derecho de protesta pacífica y soluciones realistas— chocan frontalmente con la intransigencia del sistema político cubano, que carece de mecanismos democráticos para canalizar el descontento. La falta de rendición de cuentas y la monopolización de la esfera pública por parte del gobierno cubano impiden que crisis como la del tarifazo se resuelvan mediante el diálogo, derivando inevitablemente en la confrontación y el sufrimiento de la ciudadanía.
Implicaciones y panorama a futuro
La valentía de los estudiantes de Las Tunas y de otras universidades marca un punto de inflexión en la relación entre la juventud cubana y el poder. Al exigir el respeto a sus derechos y denunciar la intimidación policial, el estudiantado está rompiendo el silencio forzado que el régimen ha impuesto durante décadas en los centros educativos. El riesgo de expulsiones y procesamientos judiciales es inminente, dado el historial de la dictadura cubana de aniquilar cualquier brote de autonomía cívica.
El desenlace de esta crisis dependerá en gran medida de la capacidad de articulación del movimiento estudiantil y de la presión que la comunidad internacional pueda ejercer sobre las autoridades de la isla. Hasta ahora, la respuesta del gobierno cubano ha oscilado entre la represión selectiva y la retórica vacía, sin ofrecer soluciones tangibles a la queja popular. Si la represión se impone, el régimen de La Habana profundizará el aislamiento de una generación que ya tiene como principal meta el abandono del país. La exigencia de «no más personas del DTI en mi casa» resuena hoy como un clamor por la dignidad y la libertad en una Cuba asediada por el autoritarismo y el colapso material.
