Los hermanos Leosmel y Liosbel Sánchez, quienes participaron en las históricas protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba, se encuentran detenidos por las autoridades migratorias de Estados Unidos y corren el riesgo inminente de ser deportados a la isla, donde su integridad física y su libertad están en grave peligro. El activista Cristian González alertó sobre la situación de estos jóvenes, quienes ingresaron al país norteamericano de forma legal y cumplían rigurosamente con su proceso migratorio, hasta que sus casos fueron cerrados abruptamente y fueron arrestados por Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
De acuerdo con la información revelada por González en una entrevista con el periodista Mario J. Pentón para Martí Noticias, los jóvenes arribaron a territorio estadounidense el 3 de diciembre del año pasado. Su trayecto incluyó una estancia de un año en México, donde esperaron para realizar su proceso migratorio de manera ordenada a través de la aplicación CBP One, un mecanismo implementado por el gobierno estadounidense para regular la entrada de solicitantes de asilo. Tras su ingreso, los hermanos se presentaron a todas sus citas judiciales correspondientes y asistieron a tres audiencias legales.
Sin embargo, la situación dio un giro drástico el 20 de mayo. Tras concluir la tercera audiencia en la corte, el caso legal de los hermanos fue cerrado (dismissed) e inmediatamente fueron detenidos por agentes de ICE en las inmediaciones del recinto judicial. González denunció que esta detención forma parte de una «nueva estrategia de inmigración» que consiste en el arresto inmediato de los inmigrantes tras el cierre técnico de sus casos en las cortes, dejándolos en un limbo legal y vulnerables a la deportación.
Tras su arresto, los hermanos fueron separados y trasladados a diferentes instalaciones de detención en el estado de Arizona. Leosmel fue recluido en el centro de detención de la ciudad de Eloy, mientras que Liosbel quedó bajo custodia en otra instalación de ICE en Florence. Durante la entrevista, Pentón subrayó un factor agravante en este caso: «En el caso de ellos específicamente hay un peligro mayor y es el hecho de que son manifestantes del 11 de julio». Esta condición los convierte en objetivos directos de la persecución política orquestada por el régimen de La Habana.
ICE detiene a jóvenes del 11J que podrían ser deportados a Cuba
Uno de los puntos más críticos de la denuncia radica en las violaciones al debido proceso durante las entrevistas de «miedo creíble», un paso fundamental para determinar si un inmigrante califica para asilo. González detalló que, en el caso de Leosmel, esta entrevista se realizó un domingo a las 6:30 de la mañana, sin que su abogada defensora fuera notificada a tiempo para estar presente. «Ningún abogado espera una llamada de ICE un domingo», advirtió el activista, quien agregó que las autoridades migratorias intentan replicar este mismo procedimiento irregular con Liosbel.
Sobre el perfil de los jóvenes, González enfatizó que no cuentan con antecedentes penales ni constancia de comportamiento delictivo en Estados Unidos. Leosmel, de hecho, era estudiante de Medicina en Cuba antes de verse forzado a abandonar el país. «Estaban haciendo todo siguiendo las reglas que el Gobierno les había pedido, intentando hacerlo lo mejor posible», afirmó el activista, evidenciando que la respuesta institucional contrasta con la conducta ejemplar de los solicitantes.
El fantasma del 11 de julio y la represión en Cuba
Para comprender la gravedad de una eventual deportación, es imperativo recordar el contexto de las protestas del 11 de julio de 2021. Aquel día, miles de cubanos salieron a las calles en medio de una crisis sanitaria y económica aguda, exigiendo libertad y acceso a bienes básicos. La respuesta de la dictadura cubana no se hizo esperar: se desplegó un operativo de represión sin precedentes que incluyó el uso de la fuerza pública, paramilitares y cortes de internet a nivel nacional. Cientos de manifestantes fueron sometidos a juicios sumarios, violatorios de todas las garantías del debido proceso, y condenados a penas de hasta 25 años de prisión por delitos fabricados de desorden público y sedición.
El retorno de Leosmel y Liosbel a la isla equivaldría a entregarlos directamente en manos de un aparato represivo que no olvida ni perdona la disidencia. «No pueden regresar a Cuba porque si son regresados probablemente terminen en una cárcel», precisó González. Los jóvenes ya han presentado su solicitud de asilo y cuentan con pruebas documentales y testimoniales creíbles de persecución política. La dictadura mantiene un control absoluto sobre el sistema judicial penal, por lo que cualquier ciudadano repatriado con un historial de protesta pública enfrenta un riesgo inminente de tortura, encarcelamiento arbitrario y marginación social.
Una crisis sistémica que expulsa a sus ciudadanos
El caso de los hermanos Sánchez no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del colapso estructural que sufre Cuba bajo el actual modelo de gestión. El ejecutivo cubano ha demostrado una incapacidad crónica para garantizar los derechos fundamentales de su población. La combinación de una inflación galopante, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, los apagones prolongados y la falta de oportunidades laborales ha generado el mayor éxodo migratorio en la historia reciente de la isla. Más de un millón de cubanos han emigrado en los últimos años, huyendo de un sistema que asfixia cualquier intento de desarrollo personal y económico.
González alertó sobre un patrón más amplio que afecta no solo a cubanos, sino también a migrantes de Venezuela y Nicaragua, naciones que comparten la tragedia de estar bajo gobiernos autoritarios. «Emigramos porque venimos de dictaduras asesinas, dictaduras que nos amenazan a nosotros, a nuestros familiares, a nuestros hijos», denunció el activista. Las políticas migratorias de los países de destino a menudo fallan en reconocer la naturaleza política y sistémica de esta crisis, tratando a los exiliados como migrantes económicos comunes en lugar de refugiados que huyen de la persecución estatal.
El gobierno cubano, lejos de ofrecer soluciones, utiliza la migración como una válvula de escape para aliviar la presión social, mientras simultáneamente criminaliza a quienes deciden abandonar el país de manera irregular o protestar antes de marcharse. Esta dualidad hipócrita del régimen de La Habana deja a los ciudadanos en una encrucijada mortal: permanecer en la isla bajo la represión y la miseria, o arriesgar la vida en el éxodo para luego enfrentar laberintos burocráticos en el exterior que pueden resultar en una deportación fatal.
Riesgos de deportación y llamado al debido proceso
Ante esta coyuntura, González ha hecho un llamado urgente a las autoridades estadounidenses para que se respete el debido proceso legal. «No estoy pidiendo que de un día para otro sean liberados por arte de magia; solo estoy pidiendo que se siga el debido proceso porque si este se sigue no van a tener problema. Las evidencias están ahí», sostuvo el activista. La garantía de una defensa legal adecuada, especialmente en entrevistas de miedo creíble, es un pilar del sistema judicial que no debe ser obviado bajo ninguna circunstancia administrativa.
El cierre del caso también plantea un mensaje directo a los congresistas cubanoamericanos y a los responsables de la formulación de políticas en Washington. «Recuerden por qué ustedes están aquí. Tenemos que tener una vía para que las personas que salen huyendo de Cuba puedan ser escuchados. Si cortamos eso… ¿qué estamos haciendo por Cuba? ¿Qué estamos haciendo por esa gente que llegó aquí?», cuestionó González. La respuesta de la comunidad internacional y de las instituciones democráticas frente a casos como el de los hermanos Sánchez será un termómetro de la coherencia occidental en su defensa de los derechos humanos.
Finalmente, la deportación de manifestantes del 11J no solo representaría una tragedia personal para los involucrados y sus familias, sino un severo revés para la lucha democrática en Cuba. Entregar a quienes se atrevieron a desafiar a la dictadura en las calles a un sistema que los espera con cárceles y represalias envía un mensaje desalentador a la sociedad civil de la isla. La vigilancia sobre el caso de Leosmel y Liosbel Sánchez se vuelve, por tanto, un asunto de interés público y una prueba para la integridad del sistema de asilo internacional frente a las víctimas del totalitarismo en el siglo XXI.
