La organización internacional Human Rights Watch (HRW) ha publicado un escrutador informe que detalla las graves violaciones a los derechos humanos sufridas por los manifestantes detenidos durante las protestas del 11 de julio de 2021 en Cuba. A cuatro años de la mayor movilización ciudadana en décadas, la dictadura cubana mantiene a cientos de opositores tras las rejas en condiciones deplorables, mientras los excarcelados relatan golpizas, aislamiento prolongado y una vigilancia asfixiante que equivale a una prisión extramuros.
El documento, elaborado a partir de entrevistas realizadas entre marzo y mayo de 2025 a 17 personas que permanecieron detenidas en diversas prisiones del país —entre ellas Guanajay, Boniato, Cerámica Roja, Mar Verde, Valle Grande, la Unidad 1580, así como en las instalaciones de Guamajal y Matanzas—, expone un patrón sistemático de malos tratos y tortura. Los testimonios, recopilados con el apoyo de las organizaciones Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders, evidencian cómo el aparato penitenciario es utilizado como un instrumento de castigo político y escarmiento social.
Los exreclusos describieron agresiones físicas constantes por parte de los guardias, especialmente cuando protestaban por las condiciones carcelarias o emitían consignas críticas contra el poder. Los relatos incluyen el uso de posturas de estrés extremo conocidas como «la bicicleta» o «la carretilla», métodos que consistían en obligar a los detenidos a correr esposados y con los brazos en alto hasta el agotamiento físico. Uno de los entrevistados detalló las secuelas de estos abusos: «Yo tengo en mi cuerpo marcas que son indelebles. Tengo mi tobillo lleno de hinchazones por los tonfazos que me dieron. En los muslos, marcas de tonfa. Estuve que no podía moverme».
El caso del líder de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, ilustra la crudeza de la represión contra figuras de alto perfil. Ferrer relató múltiples agresiones durante su encierro. En noviembre de 2024 fue brutalmente golpeado por negarse a ser trasladado a un área hospitalaria que presentaba un brote activo de tuberculosis, resultando en heridas que le provocaron sangrado prolongado. Asimismo, recordó un episodio en diciembre de 2022, cuando tras gritar «Abajo [el gobernante Miguel Díaz-]Canel, abajo la tiranía», un oficial lo pateó hasta fracturarle el tabique nasal.
Condiciones inhumanas y aislamiento como arma de tortura
La dictadura cubana ha recurrido al aislamiento prolongado como método de aniquilación psicológica. Muchos de los manifestantes fueron enviados a «celdas de castigo» por intentar organizar protestas internas o quejarse de la situación. Ferrer afirmó haber pasado tres años y cuatro meses consecutivos en confinamiento solitario. Otro exdetenido describió el calabozo como un espacio diminuto, oscuro y sin ventilación, donde el acceso al agua era un privilegio que debía ser rogado a los carceleros.
Las condiciones de vida al interior de las prisiones inspeccionadas por HRW califican como tratos crueles, inhumanos y degradantes. La alimentación es escasa y de pésima calidad, llegando a incluir alimentos en estado de descomposición. «La comida que te dan es inhumana. Tenía gusanos», denunció un entrevistado, mientras otro agregó que la supervivencia depende exclusivamente de la comida que la familia pueda aportar desde el exterior, bajo el riesgo de morir de inanición. El acceso al agua potable es igualmente crítico; los reclusos reportaron recibir agua con sedimentos y larvas de mosquitos, lo que ha provocado epidemias de moniliasis y otras enfermedades gastrointestinales entre la población penal.
La privación del sueño es otra táctica documentada. Un exrecluso de la prisión de Guanajay detalló que las luces de las celdas nunca se apagaban, manteniendo lámparas LED blancas directamente sobre los ojos de los presos y con las paredes pintadas de un blanco brillante para maximizar el impacto visual, una técnica diseñada para quebrar la salud mental del detenido. A esto se suman brotes constantes de dengue, Covid-19, tuberculosis, sarna y diarreas, agravados por la nula atención médica y el hacinamiento, con un solo baño compartido entre 50 y 60 personas en instalaciones como Mar Verde.
Excarcelaciones condicionadas y represión en libertad
A inicios de 2025, tras negociaciones entre el régimen de La Habana, el Vaticano y presuntamente el gobierno de Estados Unidos, las autoridades de la isla anunciaron la excarcelación de 553 personas. Según estimaciones de Cubalex, Justicia 11J y Prisoners Defenders, alrededor de 200 de estos liberados eran presos políticos vinculados al 11J. Sin embargo, HRW documentó que esta libertad es nominal, ya que los excarcelados viven bajo severas restricciones impuestas verbalmente por la Seguridad del Estado y sin ningún respaldo ni garantía judicial.
Estas prohibiciones incluyen la imposibilidad de manifestarse, viajar fuera de la provincia sin permiso, salir de noche o emitir críticas hacia el ejecutivo cubano. Algunos liberados incluso fueron obligados a aceptar empleos asignados por el Estado. La vigilancia policial y el acoso continúan siendo parte de su rutina. «Es como estar presa en la calle», resumió una de las mujeres beneficiadas por la medida de liberación, quien reportó seguimientos constantes y amedrentamientos directos por parte de agentes estatales frente a su domicilio.
La represión extrapenitenciaria ha escalado hasta devolver a los activistas a la cárcel por motivos arbitrarios. El 29 de abril, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, destacados líderes opositores, fueron nuevamente detenidos. El Tribunal Supremo Popular justificó la medida alegando que Ferrer no asistió a audiencias judiciales y que Navarro salió de su provincia sin la debida autorización. Posteriormente, en junio, fue arrestada Donaida Pérez Paseiro, presidenta de la Asociación Yoruba Libre de Cuba, bajo el pretexto de ausencias a citaciones judiciales, aunque su activismo en redes sociales exigiendo la libertad de su esposo fue la causa subyacente de su persecución.
Contexto: La crisis estructural que originó el 11J
El informe de Human Rights Watch subraya que las causas fundamentales que desencadenaron las protestas históricas de 2021 no solo permanecen vigentes, sino que se han agravado. Los cubanos continúan soportando una profunda crisis económica caracterizada por una inflación galopante, apagones prolongados y una escasez aguda de alimentos y medicamentos básicos. La incapacidad del gobierno cubano para articular soluciones reales ha sumido a la población en niveles de pobreza sin precedentes en las últimas décadas.
Un estudio realizado en 2024 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) revela la magnitud de la emergencia alimentaria en la isla: siete de cada diez cubanos se ven obligados a saltarse al menos una comida al día, mientras que el 61% de la población enfrenta severas dificultades para cubrir sus necesidades básicas. Este escenario de miseria material, combinado con la ausencia total de libertades civiles y políticas, configura un caldo de cultivo de descontento que la dictadura cubana intenta neutralizar exclusivamente a través de la coerción y el miedo.
Como consecuencia directa de este colapso sistémico, Cuba experimenta una de las mayores crisis migratorias de su historia reciente. Entre 2022 y 2023, más de un millón de personas —lo que representa aproximadamente el 10% de la población total de la isla— abandonaron el país, según cifras oficiales que, según analistas e informes independientes, podrían subestimar la magnitud real del éxodo. La fuga de talento, el envejecimiento poblacional y el abandono de tierras productivas profundizan aún más la ruina del modelo económico estatizado.
Antecedentes y exigencia de justicia internacional
Las manifestaciones del 11 de julio de 2021 marcaron un punto de inflexión en la historia contemporánea de Cuba. Miles de ciudadanos salieron espontáneamente a las calles en más de 40 localidades para exigir derechos, libertades y acceso a servicios básicos. La respuesta del Estado fue una brutal ofensiva de militarización, cortes de internet a nivel nacional y una ola de detenciones masivas que buscaba desarticular cualquier brote de disidencia organizada. Desde entonces, la judicialización de la protesta social ha sido la tónica, con juicios sumarios y condenas desproporcionadas que violan las garantías del debido proceso.
Ante este panorama de impunidad y violaciones sistemáticas, Human Rights Watch ha instado a la comunidad internacional, específicamente a los gobiernos de América Latina, Canadá y la Unión Europea, a adoptar una postura más firme. La organización exige a estos actores diplomáticos que condenen de manera pública y enérgica las detenciones arbitrarias y el acoso del régimen de La Habana hacia manifestantes, periodistas y activistas, además de manifestar su preocupación por la grave situación humanitaria que atraviesa la nación caribeña.
El llamado de HRW también se extiende a la necesidad de incrementar el apoyo financiero y logístico a las organizaciones de derechos humanos y a la prensa independiente que operan dentro de Cuba, quienes asumen riesgos inmensos para documentar los abusos del poder. La persistencia de la represión a cuatro años del 11J demuestra que la dictadura cubana no tiene intención de abrir espacios democráticos, por lo que la presión internacional coordinada se presenta como el único mecanismo viable para exigir rendición de cuentas y frenar la maquinaria de sufrimiento impuesta sobre la ciudadanía.
