La activista y exprisionera política cubana Ienelis Delgado Cué ha superado los diez días en huelga de hambre para protestar contra su detención arbitraria, ocurrida el pasado 24 de abril en su domicilio. La denuncia ha sido formulada por el Centro de Información Legal Cubalex, que exige la liberación inmediata de la opositora y el cese del hostigamiento sistemático contra su familia por parte del régimen de La Habana.
Delgado Cué, madre de una niña de siete años, fue arrestada sin que mediara una orden judicial y en presencia de sus hijos. Según relató su propia madre, Leticia Cué Nápoles —también exprisionera política—, los agentes que ejecutaron el operativo se negaron a ofrecer explicaciones sobre los motivos del arresto. La única respuesta provino del primer teniente identificado como «Dainer», quien se limitó a responder con una frase lapidaria: «Si quieres saber, contrata un abogado». Este proceder ilustra la falta de garantías procesales que impera en la isla.
Desde su traslado a un centro de reclusión, la activista permanece incomunicada, sin acceso a visitas familiares, alimentación adecuada ni artículos de higiene básica. Ante este escenario, Delgado Cué ha decidido mantenerse «plantada por principios y dignidad», en palabras de su madre. La familia responsabiliza directamente a la Seguridad del Estado por el deterioro físico que la joven podría sufrir y ha expresado profunda preocupación por el impacto emocional que esta separación forzada está generando en sus hijos.
La utilización de la familia como instrumento de presión psicológica es una táctica recurrente en los operativos represivos. En el caso de Delgado Cué, la presencia de sus hijos durante el arresto no parece ser una coincidencia, sino parte de una estrategia diseñada para infundir terror y disuadir a otros activistas. Leticia Cué Nápoles, al hablar con el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), detalló la angustia de ver cómo su nieta es testigo de la arbitrariedad policial, un trauma que se suma a la ausencia forzada de su madre.
Esta no es la primera vez que la opositora se enfrenta a la maquinaria represiva del Estado. En diciembre de 2023, Delgado Cué fue excarcelada tras cumplir una condena de nueve meses de prisión bajo el supuesto delito de «desacato». Su detención original se produjo en abril de 2023, cuando manifestó públicamente su apoyo a la activista Anniette González, conocida popularmente como «La mujer de la bandera». Durante su encierro anterior, fue recluida en la prisión de mujeres de Kilo 5, ubicada en la provincia de Camagüey.
La ONG Cubalex, que brinda asesoría legal a víctimas de la represión política en la isla, ha condenado enérgicamente los hechos. La organización subrayó que el nuevo arresto representa una continuidad de los patrones de criminalización contra las voces disidentes, con especial énfasis en las mujeres que lideran o apoyan movimientos sociales. «La detención de la activista se produjo sin orden judicial y en presencia de sus hijos. Exigimos su liberación inmediata y el cese del hostigamiento contra ella y su familia», reiteró la entidad a través de un comunicado público.
El caso de Ienelis Delgado Cué no es un suceso aislado, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de la dictadura cubana para silenciar a las mujeres opositoras. Tras las protestas masivas del 11 de julio de 2021, numerosas féminas que asumieron roles de liderazgo o visibilidad pública han enfrentado represalias severas. Muchas de ellas, tras breves excarcelaciones o cumplimiento de penas, son nuevamente encarceladas o sometidas a vigilancia permanente, arrestos de corta duración y amenazas constantes para fracturar su activismo.
Contexto represivo y crisis estructural
El recrudecimiento de la represión política contra activistas como Delgado Cué ocurre en medio de la peor crisis estructural que ha atravesado la isla en décadas. El gobierno cubano enfrenta un escenario de hiperinflación, colapso total del sistema eléctrico, desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y un éxodo migratorio sin precedentes que ha vaciado a la nación de su fuerza laboral y juvenil. Ante la incapacidad de ofrecer soluciones a la emergencia económica, las autoridades de la isla han optado por blindar el control político mediante el incremento de la vigilancia y el castigo a la disidencia.
Esta dinámica ha convertido al sistema penal en una herramienta primordial para el mantenimiento del statu quo. La utilización de figuras jurídicas ambiguas como el «desacato» o la «peligrosidad social predelictiva» permite al régimen de La Habana encarcelar a ciudadanos por el simple hecho de ejercer su derecho a la libre expresión. La falta de transparencia institucional y la ausencia de un poder judicial independiente facilitan que detenciones arbitrarias, como la que sufre Delgado Cué, queden en la más absoluta impunidad.
Organismos internacionales de derechos humanos han advertido reiteradamente sobre estas prácticas. Entidades como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han documentado la incomunicación prolongada, la negación de asistencia legal y los juicios sin garantías como métodos sistemáticos de la dictadura para aniquilar la protesta pacífica. Sin embargo, las condenas internacionales rara vez han logrado modificar la conducta del ejecutivo cubano, que mantiene su intransigencia frente a la comunidad democrática.
La huelga de hambre de Ienelis Delgado Cué representa un acto de desesperación y resistencia frente a un aparato estatal que opera sin contrapesos democráticos. Mientras la activista arriesga su vida en reclusión, el futuro inmediato apunta hacia una profundización del clima de hostilidad para los opositores en la isla. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos enfrentan el reto de incrementar la presión diplomática sobre La Habana para exigir el respeto a la vida, la libertad de los presos políticos y el cese de una represión que agrava, aún más, el sufrimiento de la sociedad cubana.
