Este 10 de abril se conmemora el 157 aniversario de la promulgación de la Constitución de Guáimaro, el primer texto constitucional de la República en Armas que estableció la división de poderes, la libertad de los habitantes de la isla y la independencia del poder judicial en plena guerra de independencia. Sin embargo, más de un siglo y medio después, aquellos principios fundacionales permanecen como una promesa incumplida bajo un régimen que durante 67 años ha concentrado el poder, eliminado las libertades y convertido la disidencia en delito común.
La Constitución de Guáimaro fue promulgada el 10 de abril de 1869 en la ciudad camagüeyana del mismo nombre, apenas meses después del inicio de la Guerra de los Diez Años. El documento provisional estructuró la República en Armas y fue firmado por los delegados de la asamblea constituyente, entre ellos Carlos Manuel de Céspedes, Salvador Cisneros Betancourt, Ignacio Agramonte y Antonio Zambrana. A estos dos últimos se les atribuye la autoría intelectual del texto, dado su dominio del derecho constitucional comparado y su formación jurídica de corte liberal.
El texto constaba de 29 artículos que declaraban a todos los habitantes de la República «enteramente libres» y disponían que «todos los ciudadanos» eran «soldados del Ejército Libertador». Establecía una Cámara de Representantes del pueblo como órgano legislativo, con representación igualitaria de los cuatro Estados en que se dividió jurisdiccionalmente la isla: Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente. El Poder Ejecutivo recaía en el Presidente de la República, subordinado al cual estaba el general en jefe del Ejército. El artículo 22 establecía categóricamente que «el Poder Judicial es independiente», mientras que el artículo 26 disponía que «la República no reconoce dignidades, honores especiales ni privilegio alguno».
La influencia de Montesquieu y las declaraciones universales de derechos
Una lectura detenida del texto revela la profunda influencia que ejerció en Agramonte y Zambrana la obra «El espíritu de las leyes», el tratado de 1748 de Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu. No solo en lo concerniente a la división de poderes —legislativo, ejecutivo y judicial—, sino especialmente en la concepción de la libertad como seguridad de las personas, fundamento a su vez de la seguridad del Estado. Como señalaba el pensador francés, «de la bondad de las leyes criminales depende principalmente la libertad del ciudadano», un principio que los constituyentes de Guáimaro incorporaron al texto con la convicción de que sin seguridad ciudadana no podía existir libertad política alguna.
Los redactores de la Constitución también estaban arraigados en los conceptos de derechos universales contenidos en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos del 4 de julio de 1776 y en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789. Ambos documentos aportaron a la Constitución de Guáimaro las nociones de igualdad ante la ley, soberanía popular y derechos inalienables del individuo, ideas que en la Cuba del siglo XIX representaban una avanzada notable frente al orden colonial español.
El contraste con la realidad actual: 67 años de poder concentrado
Sin embargo, aquellos principios de libertad, civismo y moralidad política han sido sistemáticamente pisoteados en Cuba durante más de seis décadas. La dictadura cubana ha instaurado un modelo en el que una familia dominante, un partido único y un aparato represivo de carácter policial han amordazado los derechos ciudadanos hasta reducirlos a su mínima expresión. La concentración de poder que los constituyentes de Guáimaro buscaron evitar mediante la división de funciones estatales es hoy la norma bajo la que opera el régimen de La Habana, donde la Asamblea Nacional funciona como un sello rubber-stamp de las decisiones del Partido Comunista.
La represión de la disidencia en la isla ilustra con crudeza la distancia entre el ideal de Guáimaro y la práctica del poder actual. Mujeres, hombres y incluso adolescentes se encuentran presos o sometidos a procesos penales por el simple ejercicio de la opinión sociopolítica. El gobierno cubano ha reducido la expresión ciudadana a la categoría de delito, negando incluso la existencia del delito político y catalogando a los activistas cívicos como «delincuentes contrarrevolucionarios», una etiqueta que busca despojar de legitimidad moral a quienes reclaman los derechos que la propia Constitución de 1869 consagró.
La Constitución de 2019 y la ficción institucional
El contraste entre el espíritu de Guáimaro y la actual arquitectura jurídica cubana resulta especialmente evidente si se examina la Constitución de 2019, promulgada por las autoridades de la isla como un supuesto avance en materia de derechos. Aunque el texto vigente reconoce en su articulado derechos como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, la práctica cotidiana demuestra que dichas garantías son letra muerta. La propia carta magna subordina el ejercicio de las libertades a la «defensa de la Revolución socialista», lo que en la práctica anula cualquier posibilidad de disidencia legal.
El ejecutivo cubano ha utilizado el marco constitucional vigente no como un instrumento de garantías ciudadanas, sino como un mecanismo de legitimación formal de un sistema que concentra los tres poderes —legislativo, ejecutivo y judicial— en una sola estructura partidista. El Poder Judicial, que la Constitución de Guáimaro declaró independiente, opera hoy bajo el control del Consejo de Estado y del Partido Comunista, con tribunales que aplican leyes penales de manera selectiva para criminalizar la protesta social, como ha ocurrido de manera sistemática tras las manifestaciones del 11 de julio de 2021.
Contexto: la crisis estructural que ahoga a la nación
La traición a los ideales de Guáimaro no se limita al ámbito constitucional. Se inscribe en una crisis estructural que afecta a todos los ámbitos de la vida cubana. La economía de la isla atraviesa su peor momento en décadas, con una inflación que supera el 30% anual según estimaciones independientes, un desabastecimiento crónico de bienes básicos —alimentos, medicinas, combustible— y un colapso del sistema eléctrico que provoca apagones de hasta 12 y 14 horas diarias en provincias como Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma. La respuesta del gobierno cubano ante esta situación ha sido la inacción política y el endurecimiento represivo, en lugar de reformas estructurales que permitan la apertura económica y la participación ciudadana.
Paralelamente, el éxodo migratorio ha alcanzado dimensiones sin precedentes. Según datos del Servicio de Control de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), más de 500.000 cubanos han llegado a territorio estadounidense desde 2021, tanto por la ruta del Darién como por las costas de Florida. A esta cifra hay que sumar los flujos migratorios hacia México, España, Uruguay, Chile y otros países de la región. La salida masiva de ciudadanos representa la mayor hemorragia demográfica de la historia republicana de Cuba y constituye un voto de no confianza generalizado hacia el régimen, que ha demostrado incapacidad para ofrecer un proyecto de vida viable para la población.
La represión, por su parte, se ha tecnificado y diversificado. Organizaciones de derechos humanos como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) han documentado un incremento sostenido de las estrategias de hostigamiento: detenciones arbitrarias, actos de repudio, citaciones policiales recurrentes, vigilancia digital, cortes de telefonía y acceso a internet, y amenazas a familiares de activistas. La dictadura cubana ha perfeccionado un sistema de control social que no requiere necesariamente la cárcel física para silenciar la disidencia, sino que opera mediante el miedo difuso, la precariedad económica como arma de presión y la judicialización de la protesta.
Antecedentes: el largo ciclo de frustraciones constitucionales
La Constitución de Guáimaro no fue el único intento de dotar a Cuba de un marco jurídico democrático. A lo largo del siglo XX se sucedieron varios textos constitucionales, entre los que destaca la Constitución de 1940, considerada por juristas e historiadores como una de las más avanzadas de América Latina en su época. Sin embargo, el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952 interrumpió el orden constitucional y abrió un ciclo de authoritarianismo que, tras el triunfo de la insurgencia liderada por Fidel Castro en 1959, se transformó en un régimen de carácter totalitario que se prolonga hasta el presente.
La promesa de restauración democrática que acompañó al triunfo revolucionario fue rápidamente desmantelada. Entre 1959 y 1961, el nuevo gobierno procedió a la concentración del poder, la eliminación de la prensa independiente, la confiscación de propiedades privadas sin debido proceso y la persecución de opositores políticos, incluyendo a antiguos aliados de la lucha contra Batista. La instauración del sistema de partido único, la subordinación de las instituciones a la línea ideológica del castrismo y la alineación con el bloque soviético consolidaron un modelo que negaba precisamente los principios que los constituyentes de Guáimaro habían defendido: libertad individual, división de poderes e igualdad ante la ley.
El legado de Guáimaro frente al cadáver de la esperanza
Al retroceder 157 años hasta abril de 1869 para mirar a Cuba desde el poblado de Guáimaro, el balance es desolador. Los principios que los mambises plasmaron en aquel texto —libertad, soberanía popular, división de poderes, rechazo a los privilegios— permanecen hoy como una promesa incumplida, sepultada bajo décadas de autoritarismo, ineficiencia económica y represión sistemática. La ruina política y moral del sistema castrocomunista ha alcanzado una magnitud tal que no solo ha deshecho la nación como proyecto colectivo, sino que ha erosionado la confianza de los cubanos en sí mismos y en la posibilidad de un cambio por la vía institucional.
El aniversario de la Constitución de Guáimaro debería servir no solo como ejercicio de memoria histórica, sino como un recordatorio de que la aspiración de libertad que animó a los fundadores de la República en Armas sigue siendo la asignatura pendiente de Cuba. Mientras el régimen de La Habana mantenga intacto su aparato de control, siga criminalizando la disidencia y rechace cualquier apertura democrática real, los ideales de Agramonte, Zambrana y Céspedes permanecerán como un testimonio de lo que pudo ser y no fue. La comunidad internacional, por su parte, continúa observando con preocupación la deriva represiva de la isla, aunque las respuestas diplomáticas y de condena han resultado hasta ahora insuficientes para modificar la conducta de un poder que no rinde cuentas ante sus ciudadanos ni ante tribunal alguno.
