El Tribunal Provincial Popular de La Habana condenó a cinco años de cárcel al rapero y artista plástico Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando OBDC, tras exhibir pancartas con mensajes a favor de los derechos humanos. La sentencia, basada en el delito de \»propaganda contra el orden constitucional\», confirma la criminalización de la disidencia pacífica por parte del régimen de La Habana.
Los hechos se remontan a agosto de 2024, cuando el artista colocó varios carteles con contenido político en la Carretera Monumental de la capital. El tribunal argumentó que estas acciones tenían como propósito \»alterar la tranquilidad ciudadana\» y \»estimular acciones contra el orden social\», aplicando el artículo 124 del Código Penal, que contempla penas de tres a ocho años. Nando OBDC permanece privado de libertad desde el 31 de diciembre de 2024, cuando la Seguridad del Estado registró su vivienda bajo la acusación inicial de \»sabotaje\», decomisando únicamente una bandera cubana, para luego modificar la imputación penal en su contra.
Organizaciones de la sociedad civil han denunciado graves irregularidades en el proceso legal. El Centro de Asesoría Legal Cubalex advirtió que la creación de mensajes políticos en telas constituye una forma de expresión simbólica amparada por el derecho internacional. La entidad subrayó que las contradicciones entre el motivo del registro, el cambio de tipificación y la ausencia de pruebas evidentes revelan violaciones al debido proceso y al principio de legalidad penal por parte de las autoridades de la isla.
Represión institucionalizada contra el arte cívico
La Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana calificó el juicio como una \»farsa\» y denunció el carácter abiertamente político de la condena. La organización destacó que el propio fallo judicial criminaliza la disidencia al señalar que el acusado \»se reúne con personas desafectas al proceso revolucionario\». Ante esta arbitrariedad, exigieron que los magistrados responsables de la sentencia —Kenia Reyes Lara, Jesús Pérez Benavides, Patricia González Vera, Gil Amado Payne Hernández y Simón Mario Reyes Balmaceda— sean incluidos en listados internacionales de represores.
El caso de Nando OBDC no es un hecho aislado, sino que se inscribe en la crisis estructural de libertades que atraviesa el país. La dictadura cubana ha endurecido el cerco contra el sector artístico y cívico, utilizando el derecho penal como herramienta de control social frente a la profunda crisis económica, la inflación galopante y el descontento popular. Esta estrategia busca silenciar cualquier forma de crítica que cuestione el monopolio del poder del ejecutivo cubano.
La condena del rapero refleja la continuidad de la política de amedrentamiento hacia los creadores que rechazan la narrativa oficial. Ante el avance de la represión, las organizaciones de derechos humanos mantienen sus llamados a la comunidad internacional para que monitoree la situación en la isla y exija el respeto a las garantías procesales, mientras la ciudadanía enfrenta el creciente riesgo de ser encarcelada por el simple ejercicio de la libertad de expresión.
