La detención de la activista Anna Bensi y el arresto de dos pastores evangélicos evidencian una nueva escalada represiva del régimen de La Habana contra las iglesias cristianas, en un contexto de creciente hostigamiento a la libertad religiosa en la isla.
La persecución contra comunidades religiosas en Cuba ha adquirido en las últimas semanas un rostro más visible y agresivo. El caso de Anna Bensi, figura conocida dentro de los círculos cristianos independientes, junto con la detención de dos pastores cuyos nombres han circulado en redes sociales y medios de prensa independiente, marca un punto de inflexión en la relación entre el Estado y las confesiones evangélicas y católicas que se han atrevido a desafiar el control oficial.
Estos episodios no son hechos aislados. Forman parte de una estrategia más amplia de la dictadura cubana para someter a las iglesias a la disciplina del partido único, especialmente hacia aquellas congregaciones que se han negado a alinearse con la narrativa oficial o que han brindado espacios de refugio, reflexión y organización a ciudadanos críticos con el sistema.
El caso Anna Bensi: criminalización de la fe disidente
Anna Bensi se ha convertido en un símbolo de la presión que el gobierno cubano ejerce sobre los cristianos que asumen posturas públicas frente a la crisis social y política del país. Su detención responde a un patrón ya conocido: la utilización de figuras del orden penal —como los delitos de desacato, desorden público o propagación de epidemias— para silenciar voces que, desde la fe, levantan críticas contra el régimen.
Las iglesias cristianas en Cuba, particularmente las evangélicas y pentecostales, han experimentado un crecimiento sostenido en las últimas décadas, paralelo al deterioro del proyecto ideológico oficial. Este fenómeno ha generado una relación ambivalente con las autoridades: por un lado, el régimen tolera la actividad religiosa dentro de los márgenes que controla; por otro, reprime con dureza cualquier expresión de autonomía o vinculación con el activismo cívico.
La detención de Bensi envía un mensaje claro a otras figuras religiosas: la predicación del Evangelio no puede apartarse de los límites fijados por el Consejo de Iglesias de Cuba, el organismo oficial que agrupa a las denominaciones reconocidas y que funciona como correa de transmisión del poder político sobre la vida eclesial.
Arresto de pastores: el mensaje intimidatorio
El arresto simultáneo de dos pastores refuerza la lectura de que se trata de una operación coordinada y no de incidentes circunstanciales. Aunque los detalles específicos de los cargos imputados no han sido divulgados de manera oficial —lo cual es habitual en un sistema judicial opaco y subordinado al poder político—, fuentes de la sociedad civil cubana señalan que ambos religiosos mantenían una postura crítica frente a la situación del país y habían abierto sus templos a actividades no controladas por el Estado.
La represión contra líderes religiosos se inscribe en la misma lógica que ha guiado la persecución de periodistas independientes, artistas, opositores y familiares de presos políticos del 11 de julio de 2021. La dictadura cubana percibe cualquier forma de organización autónoma como una amenaza potencial a su monopolio del poder, y las iglesias —por su capacidad de convocatoria, su estructura horizontal y su influencia moral— representan un espacio particularmente sensible.
Contexto: la libertad religiosa en el laberinto burocrático
El régimen de La Habana ha perfeccionado a lo largo de décadas un sistema de control sobre la vida religiosa que combina la negación de personalidad jurídica a congregaciones no reconocidas, la confiscación de templos y propiedades, la prohibición de actividades públicas sin autorización previa y la vigilancia sistemática de pastores y sacerdotes mediante los órganos de inteligencia del Ministerio del Interior.
La Ley 54 de Asociaciones y el Decreto 374, que regula la actividad de las iglesias, han sido utilizados de manera selectiva para impedir el funcionamiento de grupos religiosos que no se someten a la tutela estatal. La negativa a registrar nuevas congregaciones, la prohibición de construir o reparar templos sin permisos que tardan años en concederse —cuando no se deniegan sin explicación— y el acoso a líderes carismáticos son prácticas documentadas por organizaciones internacionales como Christian Solidarity Worldwide, Open Doors y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El informe anual de la Organización Mundial de la Libertad Religiosa ha situado a Cuba de manera consistente entre los países con restricciones graves a la práctica de la fe, junto a naciones como China, Irán o Corea del Norte. Sin embargo, el gobierno cubano mantiene en foros internacionales una retórica de tolerancia y pluralismo que contrasta con la realidad documentada en el terreno.
El trasfondo: crisis estructural y miedo social
La ofensiva contra las iglesias coincide con el agravamiento de la crisis económica, social y política que atraviesa la isla. El colapso del sistema eléctrico, la escasez crónica de alimentos y medicinas, la inflación galopante y la migración masiva han erosionado la legitimidad del régimen y generado un clima de descontento generalizado que las autoridades temen pueda canalizarse a través de estructuras comunitarias como las congregaciones religiosas.
En este contexto, el temor del gobierno cubano no es infundado desde su lógica de supervivencia. Las iglesias cristianas —especialmente las evangélicas— han demostrado una notable capacidad de resistencia y convocatoria en momentos de crisis. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, numerosos pastores y creyentes participaron activamente o prestaron apoyo a los manifestantes, y muchos templos sirvieron como puntos de encuentro y protección frente a la represión policial.
La respuesta del régimen fue inmediata y contundente: detenciones, allanamientos de iglesias, amenazas a líderes religiosos y la imposición de multas arbitrarias. La nueva ronda de detenciones que ahora se conoce sugiere que las autoridades de la isla no han abandonado esa línea, sino que la han intensificado como medida preventiva frente a cualquier brote de protesta social que pueda surgir en los próximos meses.
Implicaciones y consecuencias
La represión contra Anna Bensi y los pastores detenidos tiene implicaciones que trascienden el ámbito estrictamente religioso. Envía una señal a toda la sociedad cubana de que ningún espacio —ni siquiera el sagrado— está exento del control del Estado, y de que cualquier voz que se eleve contra el sistema será silenciada, sin importar su origen o respaldo comunitario.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de la libertad religiosa deberían prestar atención a esta escalada represiva. La exigencia de la liberación inmediata de los detenidos, el levantamiento de las restricciones a las iglesias no registradas y el cese del hostigamiento a líderes religiosos deben formar parte de cualquier agenda de diálogo o condicionamiento diplomático con el régimen de La Habana. El silencio cómplice solo reforzará la convicción de la dictadura de que puede perseguir a los creyentes sin pagar ningún costo político.
Mientras tanto, los cristianos cubanos continúan ejerciendo su fe en un entorno cada vez más hostil, atrapados entre la devoción y el miedo, entre la vocación de servicio y la amenaza de prisión. Su resistencia silenciosa es uno de los testimonios más elocuentes del agotamiento de un modelo político que no tolera ni siquiera la libertad de creer.
