El pastor evangélico Alexis Padrón Lorenzo permanece detenido desde el pasado 11 de junio en La Habana tras confrontar a funcionarios durante una protesta vecinal por la escasez de energía y agua. Las autoridades de la isla trasladaron al líder religioso a la prisión de Valle Grande, donde su familia denuncia un severo deterioro de su salud y la falta de garantías legales frente a acusaciones de desorden público y desacato.
El conflicto se originó la noche del 9 de junio, durante un apagón en el municipio de Regla. Según relató su esposa, la pastora Roselín Benítez Cruz, Padrón reaccionó con indignación ante las explicaciones de las autoridades locales sobre la crisis de servicios, considerándolas engañosas y exigiendo responsabilidades por la incapacidad de gestión. Tras el incidente, agentes de la Seguridad del Estado y oficiales del Ministerio del Interior acudieron al domicilio familiar para intentar detenerlo. Ante las provocaciones y gritos progubernamentales de los agentes, el pastor respondió con consignas contra el régimen. Dos días después, tras ser citado informalmente, Padrón acudió a la unidad policial de la cual no regresó, permaneciendo incomunicado durante las primeras 72 horas y sufriendo maltratos físicos.
Tras su paso por el centro de detención preventiva conocido como \»El Vivac\» y su posterior traslado a Valle Grande, la familia ha alertado sobre el crítico estado físico del religioso de 58 años. Benítez Cruz detalló que su esposo ha perdido peso considerablemente, presenta los pies hinchados y lesiones en la piel por la picadura de insectos, además de sufrir agudos dolores derivados de su artritis reumatoide. A la precariedad de las condiciones carcelarias se suma la incertidumbre jurídica. La pastora ha denunciado obstáculos para acceder a información oficial sobre el proceso y teme contratar abogados de los bufetes colectivos estatales, argumentando que estos suelen actuar bajo presión del gobierno cubano para silenciar y dilatar los casos.
Represión contra el liderazgo religioso y crisis estructural
El arresto de Padrón refleja el endurecimiento de la dictadura cubana contra las voces disidentes en medio del colapso estructural de la isla. El líder religioso, crítico histórico del sistema político, fue detenido por exigir soluciones a los apagones y la falta de agua, problemas crónicos que profundizan la crisis económica y el descontento social. Además, su caso se inscribe en una creciente ola de hostigamiento contra el sector religioso. Recientemente, la Seguridad del Estado también citó a otros pastores como Jatniel Pérez y Yosmar Tabares, evidenciando un patrón de criminalización contra los líderes espirituales que se atreven a cuestionar el desempeño del poder.
La situación del pastor Padrón y de su familia —incluyendo el interrogatorio a su hijo menor, quien sufre problemas cardíacos, por grabar el acoso policial— ilustra la vulnerabilidad de los ciudadanos frente a la maquinaria represiva estatal. El uso de figuras penales como el desacato para castigar la inconformidad social augura un escenario de mayor crispación política. Ante la pasividad de la comunidad internacional, el régimen de La Habana continúa profundizando sus prácticas de silenciamiento, dejando a la ciudadanía sin vías institucionales para exigir sus derechos más básicos y normalizando la persecución por motivos políticos.
