El joven psicólogo y activista Raymar Aguado Hernández reveló que el paro estudiantil convocado en varias universidades de Cuba para rechazar el alza de tarifas de la empresa estatal ETECSA no finalizó por consenso ni por voluntad del estudiantado, sino a raíz de una intensa campaña de hostigamiento e intimidación orquestada por los órganos represivos del Estado, específicamente el Departamento de Seguridad del Estado (DSE).
A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, Aguado Hernández expuso que las demandas planteadas por los universitarios fueron sistemáticamente ignoradas por las autoridades gubernamentales. En lugar de abrir un espacio de diálogo genuino, el régimen de La Habana optó por desatar lo que el activista calificó como una «cacería de brujas» contra cualquier manifestación de oposición al tarifazo o de respaldo al movimiento de paro estudiantil.
La represión ejercida contra el movimiento estudiantil no se limitó a advertencias burocráticas. Según la denuncia, la dictadura cubana desplegó un amplio abanico de tácticas coercitivas que incluyeron intimidación directa, amenazas de expulsión de los centros de estudio, interrogatorios ilegales, visitas sorpresivas a las viviendas de los estudiantes, escarnios públicos, amenazas a padres y familiares, así como agresiones físicas y verbales por parte de profesores y funcionarios que actuaron como cómplices del aparato estatal.
Las quejas y reportes de hostigamiento provinieron de diversas instituciones de educación superior a lo largo de la isla. Entre las más afectadas se destacaron la Universidad de La Habana, particularmente la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología (FHS-TS), así como las Universidades de Ciencias Médicas de Las Tunas y Granma. La represión también alcanzó a la CUJAE, la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas y el Instituto Superior de Arte (ISA), demostrando que la movilización y la posterior persecución tuvieron un alcance nacional.
Aguado señaló que la aparente tranquilidad que intenta proyectar la propaganda oficialista es, en realidad, el resultado directo de estos procesos intimidatorios. Asimismo, desmintió la legitimidad de la supuesta negociación entre estudiantes y autoridades respecto al aumento de las tarifas de telefonía y datos móviles. El activista calificó el diálogo como una «puesta en escena bien orquestada» y denunció que el comité negociador está conformado por «un puñado de serviles puestos a dedo por distintas instancias del poder político».
Represión directa contra el activista y su familia
El propio Raymar Aguado Hernández ha sido blanco reciente de la maquinaria represiva. El 11 de junio, fue detenido e interrogado por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria y del DSE en la estación de Zanja, en La Habana. Durante el interrogatorio, las autoridades lo acusaron de «incitación a delinquir» y le impusieron un acta de advertencia por el único «delito» de motivar a los jóvenes universitarios a defender sus derechos, los cuales están supuestamente amparados por los propios estatutos de las universidades cubanas.
La arbitrariedad del poder también trascendió los límites individuales del activista. Aguado denunció que su padre fue interrogado en la misma estación policial sin ninguna justificación legal. Los oficiales represivos exigieron al progenitor que interviniera para obligar a su hijo a cesar su activismo. «Es una forma de coacción e intimidación que además de ilegal es inmoral», sentenció el joven psicólogo, evidenciando cómo el régimen utiliza a las familias como rehenes para silenciar la disidencia.
Licenciado en Psicología por la Universidad de La Habana, Aguado ha emergido como una de las figuras más visibles dentro del movimiento estudiantil frente a las políticas económicas del ejecutivo cubano. Antes de su detención, el activista había reiterado que el paro estudiantil y el reclamo contra el tarifazo se realizaban estrictamente «en la vía de la legalidad cubana», aunque era consciente de la respuesta punitiva que tendría el Estado: «sabemos cómo funcionan los órganos represivos del Estado», advirtió entonces.
Contexto sistemico: Crisis economica y control social
El estallido estudiantil no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa del profundo colapso estructural que atraviesa la isla. El reciente tarifazo impuesto por ETECSA, que elevó drásticamente el costo de los paquetes de datos móviles —llegando a costar 360 pesos cubanos por apenas 6GB—, fue la chispa que encendió el descontento. En un país donde el salario medio estatal ronda los 4.000 pesos mensuales y la inflación galopante ha destruido el poder adquisitivo, el acceso a internet se ha convertido en un lujo inalcanzable para la mayoría, pese a ser una herramienta vital para la comunicación, la educación y el trabajo informal.
El gobierno cubano ha justificado estas medidas bajo el pretexto de la necesidad de captar divisas para sostener el frágil sistema energético y las telecomunicaciones. Sin embargo, la población observa cómo, paralelamente, el desabastecimiento de bienes básicos, los apagones constantes y el deterioro del sistema de salud se agravan sin soluciones a la vista. La dolarización selectiva de la economía ha creado una brecha insalvable entre quienes reciben remesas del exterior y los profesionales que sobreviven con salarios estatales, generando un caldo de cultivo para la frustración social.
Ante esta realidad, la respuesta institucional ha sido el endurecimiento del control social. La represión al paro estudiantil enmarca en un patrón histórico de criminalización de la protesta pacífica. Desde las manifestaciones del 11 de julio de 2021, las autoridades de la isla han perfeccionado sus mecanismos de vigilancia y castigo, aplicando penas severas a cientos de jóvenes y utilizando la intimidación preventiva para evitar nuevos focos de rebeldía. La universidad, históricamente cooptada por organizaciones como la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), se ha mantenido como un espacio fuertemente vigilado por el aparato ideológico del Estado.
Implicaciones y panorama a futuro
La criminalización de la protesta estudiantil por parte de la dictadura cubana evidencia el temor del régimen a perder el control sobre un sector que tradicionalmente ha sido instrumentalizado para legitimar el poder. Al sofocar las demandas por vías no violentas, el Estado no solo vulnera derechos fundamentales, sino que cierra cualquier canal institucional para la resolución de conflictos, profundizando la crisis de representatividad y confianza en el sistema.
Aguado ha hecho un llamado a continuar visibilizando estos abusos, argumentando que exponer las tácticas del DSE es la vía más efectiva para tejer redes de solidaridad frente al autoritarismo. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos mantienen su atención sobre la situación en la isla. El silenciamiento forzado del paro estudiantil no resuelve la crisis económica que lo originó; únicamente pospone un descontento que, ante la falta de libertades y el agravamiento de las condiciones de vida, amenaza con manifestarse con mayor fuerza en el futuro cercano. La represión, como ha demostrado la historia reciente de Cuba, es un parche temporal que no logra ocultar el colapso inminente del modelo impuesto por el régimen.
