El periodista independiente Ángel Cuza Alfonso fue trasladado a la prisión de Guanajay y recluido en una celda de aislamiento, tras ser incluido arbitrariamente en una supuesta lista de reclusos que presuntamente planeaban protestar en el Combinado del Este. La medida, denunciada por organizaciones de derechos humanos, evidencia una vez más el uso de tácticas punitivas por parte de la dictadura cubana contra activistas y presos políticos.
El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) informó sobre el traslado del comunicador, quien logró comunicarse telefónicamente con Yunia Figueredo, directora del medio afín a la organización, Amanecer Habanero. Durante la conversación, Cuza Alfonso rechazó tener conocimiento sobre la existencia de dicho listado y denunció que no se le ha ofrecido ninguna explicación formal sobre las causas reales de su reclusión en aislamiento.
La organización defensora de la libertad de prensa señaló que esta acción pone de manifiesto las prácticas arbitrarias que imperan dentro del sistema penitenciario cubano, especialmente cuando los reclusos son periodistas independientes, activistas o ciudadanos perseguidos por motivos políticos. Mantener a una persona en régimen de aislamiento, sin un proceso transparente ni fundamentos verificables, constituye una violación flagrante de los derechos humanos y carcelarios, incluyendo la protección internacional contra tratos crueles, inhumanos o degradantes.
El traslado de Cuza a Guanajay es el último eslabón de una cadena de hostigamiento sistemático que el régimen de La Habana ha ejercido sobre el periodista. En el mes de julio, apenas dos meses después de haber sido excarcelado, fue arrestado nuevamente. Según relató a medios independientes Ana Castillo, expareja y madre de su hija, la detención se enmarcó en la rutina represiva que despliegan las autoridades de la isla en fechas emblemáticas para el oficialismo, como el 26 de julio.
Durante ese arresto, agentes de la Seguridad del Estado interceptaron a Cuza cuando realizaba una visita en La Habana. En el registro le decomisaron una antigua bala de calibre 38 que el periodista conservaba desde hacía más de 17 años con fines religiosos y como recuerdo. Aunque el comunicador no poseía ningún arma de fuego, el proyectil inerte fue utilizado como pretexto para procesarlo penalmente y enviarlo de vuelta a la cárcel.
A comienzos de agosto, desde el Combinado del Este, Cuza denunció que las autoridades fabricaron cargos en su contra basados en pruebas falsas, en un nuevo episodio de la instrumentalización política del sistema penal. «Se me está haciendo una denuncia porque dicen que se me ocuparon armas de fuego y explosivos, pero en ningún momento hubo ocupación de armas», aseguró el periodista, quien también reportó múltiples irregularidades y fraudes procesales en sus documentos de detención.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, se pronunció sobre el caso y calificó la detención como estrictamente arbitraria y carente de fundamento legal. El organismo subrayó que la mera posesión de un objeto inerte, sin contexto de amenaza o uso, no puede ser criminalizada. Además, advirtió que el procesamiento penal de Cuza viola el principio de tipicidad del derecho penal, al aplicar una interpretación extensiva y abusiva del nuevo Código Penal (Ley No. 151/2022).
Ángel Cuza Alfonso acumula un largo historial de persecución política. En noviembre de 2023 fue condenado a un año y seis meses de prisión por el delito de «desorden público», siendo liberado en mayo del año siguiente. Con anterioridad, ya había cumplido ocho meses de cárcel por participar en una protesta pacífica en la céntrica calle Obispo, en La Habana Vieja, en apoyo al Movimiento San Isidro y al artista Luis Manuel Otero Alcántara. Actualmente, permanece en prisión provisional sin que se haya fijado una fecha para su juicio.
A pesar de las condiciones de extrema severidad, el periodista ha mantenido su postura crítica. En una carta manuscrita enviada desde la prisión y dirigida a sus «hermanos y hermanas de lucha», Cuza reafirmó su determinación de continuar su activismo político: «Sepan que mi cuerpo y mi alma, aunque esté encerrado, siempre estarán en cada protesta que hagan». Esta declaración contrasta con las amenazas recibidas al momento de su excarcelación previa, cuando el oficial Pablo, segundo jefe de la Sección 21 de la Seguridad del Estado, le advirtió: «A la mínima que hagas, vas a regresar a la misma cama que dejas aquí».
Contexto y represión carcelaria sistemática
El caso de Ángel Cuza no constituye un hecho aislado, sino que refleja una política de Estado dirigida a aniquilar la disidencia dentro y fuera de los centros penitenciarios. La excusa de la «lista de plantados» es recurrente para justificar traslados a prisiones de máxima severidad o celdas de castigo. El padre del preso político Walnier Luis Aguilar Rivera, Wilber Aguilar Bravo, denunció una situación idéntica tras el traslado arbitrario de su hijo a la prisión de Agüica, en Matanzas. Aguilar responsabilizó directamente al gobierno cubano de esta represalia por su labor de denuncia.
Walnier Luis Aguilar Rivera, un joven de 25 años con discapacidad intelectual limítrofe, enfrenta una condena de 12 años por sedición derivada de su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. Su padre relató que fue citado al Combinado del Este y retenido durante horas sin recibir información sobre el paradero de su hijo ni sobre la supuesta lista. En enero, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a Aguilar Bravo y sus familiares, al considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable debido al hostigamiento de agentes del Estado.
Esta criminalización de la prensa independiente y de los familiares de presos políticos se inserta en la profunda crisis estructural que atraviesa Cuba. Frente al colapso económico, la inflación galopante, el desabastecimiento crónico y el éxodo migratorio masivo, el ejecutivo cubano ha optado por el endurecimiento represivo y la implementación de un nuevo Código Penal que facilita la criminalización de la protesta social. El sistema carcelario, colapsado y precario, se utiliza como una herramienta de tortura psicológica y física para silenciar las voces que exigen cambios democráticos y respeto a las libertades fundamentales.
La situación de Ángel Cuza y Walnier Aguilar Rivera expone la urgencia de una respuesta contundente por parte de la comunidad internacional y los organismos defensores de los derechos humanos. El silencio o la condescendencia diplomática ante estas prácticas autoritarias solo consolidan la impunidad de la dictadura cubana. Mientras persista el secuestro de las instituciones para fines de control político, la ciudadanía continuará enfrentando el doble desafío de sobrevivir a la crisis material y resistir la maquinaria represiva del Estado, que no duda en utilizar el encierro arbitrario como método de control social.
