La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluyó a tres altos funcionarios del Ministerio del Interior y la Fiscalía en su registro de represores, responsabilizándolos por el allanamiento, detención y encarcelamiento de los creadores independientes Ernesto Ricardo Medina y Kamil Zayas Pérez. La medida evidencia una vez más el aparato estatal desplegado por la dictadura cubana para silenciar la disidencia y la crítica artística en la isla.
El proyecto represorescubanos.com detalló que los señalados son el capitán Roiner Herrera Piña, adscrito a la Instrucción Penal del Ministerio del Interior; un oficial identificado como \»Teniente Coronel Parra\», jefe de la Seguridad del Estado en Holguín; y Yamisel Hernández Rodríguez, fiscal jefa de grupo en esa misma provincia. Según el informe, Herrera Piña y Parra lideraron la operación de allanamiento en la vivienda de Medina, donde confiscaron equipos digitales, mientras que la fiscal Hernández Rodríguez formalizó la disposición que impone la medida cautelar de prisión provisional contra ambos jóvenes.
El accionar judicial contra los integrantes de El4tico ha estado marcado por la opacidad, característica habitual de los procesos políticos en la isla. Aunque el Tribunal Provincial Popular de Holguín admitió un recurso de habeas corpus a favor de Medina y Zayas Pérez, la Fiscalía Provincial ratificó su permanencia bajo prisión provisional en la unidad de Instrucción Penal, conocida popularmente como \»Todo el mundo canta\». La organización Ciudadanía y Libertad ha señalado que este recurso obliga a las autoridades a explicar oficialmente los cargos y las condiciones de la detención, un exiguo resquicio de control judicial frente a la arbitrariedad institucional.
Criminalización de la libertad de expresión
La Fundación denunció que el caso fue \»orquestado\» por la Seguridad del Estado, imputando a los creadores delitos de Propaganda contra el orden constitucional e Instigación a delinquir, cargos que podrían acarrear condenas de hasta una década de cárcel. Esta criminalización se inserta en la política sistemática del régimen de La Habana para aniquilar cualquier espacio de expresión independiente. Frente al colapso económico, la hiperinflación y el masivo éxodo migratorio, el gobierno cubano responde endureciendo el cerco represivo, utilizando el sistema penal como herramienta de amedrentamiento social y desarticulando a voces críticas que reflejan la profunda crisis estructural que atraviesa el país.
La detención de los jóvenes ha generado un repudio que trasciende las fronteras de la isla, materializado en una campaña en redes sociales que ha sumado figuras internacionales como el cantante español Alejandro Sanz. La documentación de estos represores forma parte de una estrategia de señalamiento público para romper el muro de impunidad que protege a los ejecutores de la represión. Ante la pasividad de la comunidad internacional, la presión ciudadana y el escrutinio global se perfilan como los únicos mecanismos viables para exigir la liberación de los presos políticos y frenar el avance autoritario del ejecutivo cubano.
