El preso político Yosvany Rosell García Caso, condenado a 15 años de prisión por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021, se encuentra \»prácticamente incomunicado\» en la prisión de máxima severidad \»Cuba Sí\» (El Yayal), en Holguín. El régimen de La Habana ordenó su traslado desde un hospital provincial sin previo aviso a sus familiares, violando nuevamente los protocolos penitenciarios y los derechos del recluso.
El pasado viernes, las autoridades de la isla trasladaron a García Caso desde el Hospital Clínico Quirúrgico \»Lucía Íñiguez Landín\» hacia el penal de máximo rigor, omitiendo el derecho del recluso a notificar a sus familiares. Su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, denunció que solo tuvo conocimiento del traslado dos días después. Este martes, el joven de 37 años logró comunicarse por teléfono y detalló que, al llegar a la prisión tras 40 días de huelga de hambre, se vio obligado a suspender la ingesta de alimentos nuevamente por un día debido al incumplimiento del acuerdo de mantenerlo en una celda de aislamiento.
Previo a su reclusión en El Yayal, el manifestante permaneció hospitalizado durante aproximadamente diez días en la sala de terapia intermedia, esposado a una cama, como consecuencia de la prolongada huelga de hambre que sostuvo entre octubre y diciembre para exigir su libertad o el aislamiento carcelario. Durante este periodo, la familia enfrentó severas restricciones para acceder al centro hospitalario y fue privada del expediente médico. Los directivos del hospital argumentaron que dicha información solo estaría disponible para los funcionarios del sistema penitenciario.
Patrón de violaciones a los derechos humanos
La negativa sistemática de acceso a la información médica y el aislamiento impuesto a García Caso constituyen una clara violación de los derechos humanos, según ha advertido la organización no gubernamental Cubalex. La dictadura cubana ha criminalizado la protesta social, procesando a más de 1.000 ciudadanos por su participación en las manifestaciones del 11J. La condena de 15 años impuesta a este joven holguinero representa una de las sentencias más severas dictadas contra los manifestantes, evidenciando la política de castigo y aniquilamiento físico y psicológico contra quienes se atreven a exigir libertades en la isla.
El actual estado de vulnerabilidad de García Caso refleja la crisis estructural de las instituciones penitenciarias y judiciales en Cuba, donde la represión se impone sobre la garantía de derechos fundamentales. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos mantienen su preocupación por la integridad física de los presos políticos del 11J, mientras el ejecutivo cubano continúa ignorando los reclamos de liberación incondicional y el cese de la tortura y los tratos crueles dentro de sus prisiones.
