El preso político Jorge Martín Perdomo, condenado a ocho años de prisión tras las protestas del 11 de julio de 2021, fue víctima de una nueva agresión por parte de las autoridades penitenciarias en el campamento de trabajo correccional Ho Chi Minh, en la provincia de Mayabeque. La denuncia, formulada por su madre a través de redes sociales, evidencia una vez más el uso sistemático de la tortura, los tratos crueles y la degradación contra los manifestantes encarcelados por la dictadura cubana.
Según relató Marta Perdomo, madre del recluso, el jefe de prisión identificado como mayor López agarró por el cuello a su hijo y lo empujó de manera violenta hacia un área conocida internamente como «el teatro». Este espacio se encuentra severamente contaminado por aguas residuales y orina, una situación que ya había provocado problemas respiratorios al joven en el pasado. La acción del funcionario constituye una clara violación de los derechos humanos y un acto de represalia directa contra el preso por negarse a volver a un lugar que atenta contra su integridad física.
La gravedad de la situación se agrava al conocerse que la jefa de médicos de la provincia había prohibido meses atrás que los reclusos fueran confinados en ese espacio debido a sus pésimas condiciones higiénicas. Durante una ausencia del mayor López por baja médica, las condiciones en el penal mejoraron levemente; los internos pudieron recibir luz solar y hacer llamadas telefónicas. Sin embargo, tras el regreso del funcionario, se restablecieron de inmediato las medidas punitivas. Ante la orden de regresar al área contaminada, Jorge Martín Perdomo se negó por temor a enfermar nuevamente de bronquitis, lo que desencadenó la agresión física por parte del guardia.
La denuncia llegó a oídos de la familia a través de un mensaje que el propio preso logró hacer llegar a su madre mediante una tercera persona. Al intentar presentar la queja ante la Seguridad del Estado para exigir información sobre el paradero y la salud de su hijo, Marta Perdomo se topó con la indiferencia burocrática del régimen de La Habana. Los funcionarios argumentaron que no podían trasladarse hasta el centro penitenciario debido a la «falta de gasolina», una excusa que refleja tanto el colapso logístico del aparato estatal como el desprecio absoluto por la vida de los presos políticos.
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«López está haciendo lo que no puede hacer; los derechos de los presos están yendo al piso. No se está respetando nada», lamentó la madre, quien exigió al menos una llamada telefónica que le permitiera confirmar que su hijo está con vida. La angustia de Marta Perdomo es compartida por decenas de familiares de los presos del 11J, quienes enfrentan a diario un muro de silencio, hostigamiento y impunidad por parte de las autoridades de la isla.
Antecedentes y criminalización del descontento
Jorge Martín Perdomo y su hermano Nadir Martín Perdomo fueron detenidos el 17 de julio de 2021 en San José de las Lajas, apenas días después de que estallaran las protestas antigubernamentales más masosas de las últimas décadas en Cuba. En enero de 2022, el gobierno cubano los condenó en juicios sumarios, amañados y carentes de las más mínimas garantías procesales a ocho y seis años de prisión, respectivamente. Los cargos imputados fueron los presuntos delitos de atentado, desacato y desórdenes públicos, figuras jurídicas habitualmente utilizadas para silenciar la disidencia.
Antes de su encarcelamiento, ambos hermanos llevaban vidas productivas y vinculadas en gran medida al sector no estatal, un sector constantemente asfixiado por las políticas económicas del Estado. Jorge es ingeniero informático y exprofesor de la Universidad de La Habana, mientras que Nadir es licenciado en Lenguas Inglesa y Francesa. La dictadura cubana ha empleado la separación forzada de los hermanos en diferentes centros penitenciarios como un método de tortura psicológica, buscando quebrar su integridad emocional y desmoralizar a su entorno familiar.
Contexto sistémico: crisis, represión y colapso institucional
El caso de los hermanos Perdomo no es un hecho aislado, sino una muestra del endurecimiento del aparato represivo frente a la crisis estructural que vive el país. Las protestas del 11J surgieron como consecuencia directa del desabastecimiento crónico, los apagones prolongados, la inflación galopante y la profunda crisis económica que sufre la población. Sin embargo, la respuesta del ejecutivo cubano no fue abordar las causas de la indignación popular, sino criminalizar el descontento social, imponer condenas desproporcionadas y aplicar la doctrina de la «tolerancia cero» contra quienes osaron salir a las calles a exigir cambios.
Las precarias condiciones del campamento penal Ho Chi Minh reflejan el deterioro del sistema penitenciario en Cuba, afectado por la misma crisis sistémica que golpea al resto de las instituciones. La escasez de recursos básicos, como la gasolina que impidió el traslado de los agentes de Seguridad del Estado, evidencia la parálisis del Estado. No obstante, la falta de recursos materiales no impide que el régimen mantenga un estricto control y despliegue de fuerzas para reprimir a la población civil, vigilar a la disidencia y castigar a los presos políticos dentro de las prisiones, sometiéndolos a hacinamiento, desnutrición y falta de atención médica.
Organismos internacionales de derechos humanos y ONG han documentado en repetidas ocasiones las violaciones sistemáticas en las cárceles cubanas, desde la negación de asistencia médica adecuada hasta el aislamiento en celdas de castigo insalubres como «el teatro». A pesar de las constantes denuncias y llamados de la comunidad internacional, la impunidad sigue siendo la norma, permitiendo que funcionarios penitenciarios actúen por encima de la ley, sabiendo que no rendirán cuentas ante ningún tribunal independiente.
Consecuencias y resistencia civil
La situación de Jorge Martín Perdomo reafirma la urgencia de que la comunidad internacional mantenga la presión diplomática sobre el régimen de La Habana para que respete los derechos fundamentales de los presos políticos y libere a los cientos de cubanos encarcelados por ejercer su derecho a la libre expresión. Mientras el gobierno cubana mantenga su política de hostigamiento, la crisis de derechos humanos en la isla continuará agravándose, alimentando a su vez el imparable éxodo migratorio que busca escapar de la falta de futuro y la represión.
Frente a la maquinaria estatal, la resistencia pacífica de los familiares se erige como el único escudo con el que cuentan estos jóvenes. Como ha señalado Marta Perdomo en reiteradas ocasiones, la denuncia constante es una obligación ineludible: «Las madres no podemos parar de pedir justicia, tenemos que seguir (…) y si muero mañana, mi tumba tendrá que decir: ¡Libertad para Jorge y Nadir!». Mientras la crisis económica y la represión política se profundizan en Cuba, la suerte de los presos del 11J permanece como la herida más visible de la falta de libertades y la justicia secuestrada en la isla.
