Una nueva víctima de violencia machista se suma a la creciente y alarmante lista de feminicidios en Cuba. Mileidys Dueñas Pérez fue hallada sin vida en el municipio pinareño de San Juan y Martínez, presuntamente asesinada por su expareja, Lorenzo Eduardo García Castro. Este suceso se produce apenas días después de que otra mujer, Yanicel Valdés, fuera ultimada y enterrada en un basurero en la misma localidad, evidenciando un patrón de violencia sistemática que las autoridades de la isla continúan sin abordar con políticas públicas efectivas y transparentes.
Los hechos en torno al caso de Mileidys Dueñas Pérez ocurrieron en las afueras de la comunidad conocida como Obeso, según confirmaron fuentes locales a medios de prensa independientes. La víctima, natural de Pilotos, en el municipio de Consolación del Sur, había sido reportada como desaparecida antes de hallarse su cuerpo. El principal sospechoso, identificado como Lorenzo Eduardo García Castro, es un albañil conocido en la zona y, según los reportes de vecinos, era el esposo de la víctima. La denuncia fue difundida inicialmente por el activista Niover Licea a través de redes sociales, un canal recurrente y necesario ante la habitual ausencia de cobertura oficial.
Este crimen se suma al estupor de los habitantes de San Juan y Martínez, quienes recientemente se enteraron del brutal asesinato de Yanicel Valdés. En aquel caso, también confirmado de manera independiente por la prensa no oficial, la mujer fue asesinada y enterrada en un basurero del propio municipio. Los testimonios de vecinos señalaron directamente a la pareja sentimental de Valdés como el presunto responsable. La repetición de estos episodios en una misma geografía y en un lapso tan breve revela la urgencia de una intervención estatal que, hasta el momento, brilla por su ausencia.
El Observatorio de Género de la revista Alas Tensas (OGAT) y el Observatorio de Feminicidios de YoSíTeCreo en Cuba (YSTCC) han sido las únicas organizaciones que han logrado sistematizar esta tragedia nacional. Solo en las primeras dos semanas del año, ambas plataformas confirmaron dos feminicidios, a los que ahora se suman estos nuevos casos en Pinar del Río. Desde 2019, estas entidades han verificado al menos 300 crímenes machistas en la isla, una cifra alarmante que, advierten, representa solo la punta del iceberg de una violencia estructural.
Frente a esta realidad, el gobierno cubano ha optado por la eufemística terminología de «asesinato por razones de género» o «violencia de género extrema», evitando deliberadamente el término feminicidio. Esta negativa semántica es paralela a la falta de una tipificación específica en el Código Penal y la inexistencia de una ley integral contra la violencia de género. Mientras tanto, los colectivos feministas independientes insisten en la necesidad de nombrar el problema correctamente y exigen la creación de protocolos públicos de registro que permitan dimensionar y combatir el fenómeno.
Opacidad institucional y criminalización del activismo
La dictadura cubana mantiene una política de hermetismo en cuanto a la publicación de estadísticas oficiales. El Estado no emite de forma sistemática informes anuales con metodología detallada sobre estos crímenes, ni ofrece datos desagregados con enfoque interseccional que sean accesibles a la ciudadanía. Esta opacidad institucional funciona como un mecanismo de control que obstaculiza el trabajo de investigación y acompañamiento, impidiendo a la sociedad civil dimensionar la verdadera magnitud de la violencia machista en el país.
El trabajo de organizaciones como OGAT y YSTCC se desarrolla en un contexto de alta hostilidad. La criminalización del activismo feminista, la vigilancia policial, el acoso y la represión a las defensoras de derechos humanos son prácticas comunes del aparato de seguridad del Estado. A pesar de estas limitaciones, las organizaciones mantienen líneas de acompañamiento y mecanismos de reporte y verificación sustentados en denuncias ciudadanas, cobertura de medios y el trabajo directo en el territorio, demostrando una resiliencia que contrasta con la inacción oficial.
Contexto sistemico: Crisis, desprotección y violencia
El auge de la violencia de género no puede desvincularse de la profunda crisis estructural que atraviesa la isla. La precariedad económica, la inflación galopante y el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas han exacerbado las tensiones en el núcleo familiar. En este escenario de vulnerabilidad extrema, las mujeres suelen ser las principales víctimas, atrapadas en hogares donde la escasez actúa como catalizador de la violencia doméstica, sin redes de apoyo estatales funcionales.
El colapso de los servicios públicos y la aguda crisis habitacional agravan aún más la situación. Muchas mujeres se ven obligadas a convivir con sus agresores debido a la imposibilidad de acceder a una vivienda independiente o a refugios estatales, que prácticamente no existen en el país. Paralelamente, el exodo migratorio masivo ha dejado a numerosas familias fragmentadas, reduciendo las redes de contención comunitaria y dejando a muchas víctimas en un aislamiento forzado frente a sus victimarios.
El régimen de La Habana responsabiliza con frecuencia a la «situación objetiva» o a factores externos por los males que aquejan a la sociedad, pero omite su propia responsabilidad en el desmantelamiento del tejido social y la priorización de la represión política sobre la seguridad ciudadana. La ausencia de un estado de derecho que proteja de manera efectiva a las ciudadanas, sumada a la impunidad que rodea a muchos de estos crímenes, envía un mensaje de tolerancia encubierta hacia la violencia machista.
Implicaciones y panorama futuro
La continuidad de estos feminicidios proyecta un panorama sombrío para las mujeres en Cuba. Mientras el ejecutivo cubano se niegue a reconocer la magnitud de la crisis de género y a implementar políticas de protección real, el número de víctimas seguirá en ascenso. La presión de la comunidad internacional y de los organismos de derechos humanos será crucial para exigir transparencia, el cese de la represión contra las activistas y la adopción de legislación que proteja la vida de las cubanas.
En definitiva, los crímenes de Mileidys Dueñas Pérez y Yanicel Valdés en San Juan y Martínez son tragedias que trascienden el dolor de sus familias para convertirse en un síntoma más del fracaso del modelo impuesto por la dictadura. La exigencia de justicia no es solo un reclamo penal, sino una demanda profunda de un cambio de sistema que priorice la vida, la libertad y la integridad de las mujeres por encima del control ideológico y el silencio oficial.
