El director de Estrategia del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxys Cires, advierte que una eventual transición democrática en Cuba no solo implicará un cambio político, sino la reconstrucción de un Estado en ruinas donde el 94 % de la población sobrevive en pobreza extrema. En un análisis detallado, el jurista subraya que la justicia, la independencia institucional y el respeto irrestricto a los derechos humanos son pilares insoslayables para revertir décadas de represión y fracaso económico impuestos por el régimen de La Habana.
Una transición hacia la democracia en la isla no puede limitarse a la sustitución de un sistema autoritario por uno de carácter representativo. El jurista y activista Yaxys Cires, con más de una década de experiencia llevando la voz de la sociedad civil cubana a foros y parlamentos internacionales, señala que el país que heredaría un gobierno democrático se encuentra en una profunda crisis estructural. Las infraestructuras y los servicios públicos están colapsados, consecuencia directa de décadas de concentración de poder, mala gestión y falta de libertades por parte de las autoridades de la isla.
Los datos expuestos por el OCDH en sus informes sobre derechos sociales son contundentes: la pobreza extrema afecta al 94 % de la población cubana. Ante esta realidad, Cires cuestiona la viabilidad de esperar a que las reformas políticas y económicas rindan frutos a largo plazo. Desde la plataforma «Pasos de Cambio», el observatorio propone la implementación inmediata de un plan de ayuda humanitaria que mitigue el colapso social mientras se sientan las bases de la nueva institucionalidad. La urgencia, advierte el experto, es de carácter económico y social, no únicamente político.
Justicia y fin de la impunidad como prioridades inaplazables
Para el director del OCDH, una de las tareas inaplazables en un escenario de apertura es garantizar la justicia y evitar que la impunidad se instale en la nueva etapa. La dictadura cubana tiene un historial extenso de violaciones a los derechos humanos, que incluye miles de presos políticos y ejecuciones a lo largo de más de seis décadas. Esta herida se mantiene abierta en el presente, con un aparato estatal que, según documenta la organización, ejecuta un mínimo de diez acciones represivas cada 24 horas contra ciudadanos que ejercen la libertad de expresión o el derecho a manifestarse.
¿Cómo será una Cuba después del castrismo?
La reconstrucción de la confianza ciudadana en las instituciones pasa, inevitablemente, por la celebración de elecciones verdaderamente democráticas. Cires recuerda que desde 1959 Cuba no ha experimentado un proceso electoral transparente, ya que el régimen ha sostenido su control a través del férreo control político y el culto a la figura de Fidel y Raúl Castro, manteniendo el poder concentrado en una élite y en la familia Castro. A la falta de legitimidad electoral se suman el secretismo estatal y la ausencia de rendición de cuentas, prácticas que deben ser erradicadas para construir una democracia duradera.
El abogado insiste en la necesidad de desmantelar la subordinación de los poderes del Estado al Partido Comunista. En una Cuba democrática, el ejecutivo cubano no debe dictar las directrices del órgano legislativo ni del sistema judicial. La creación de instituciones independientes es un requisito indispensable para que el Estado funcione en beneficio del ciudadano y no de una cúpula ideológica. El centro de la actividad política, económica y social debe reorientarse hacia la persona humana, un principio que ha sido sistemáticamente ignorado por el gobierno cubano.
El papel de la sociedad civil y el marco legal de los derechos humanos
La sociedad civil cubana, fuertemente reprimida en la actualidad, está llamada a ser un actor protagónico en la reconstrucción nacional. Cires explica que, en las democracias consolidadas, las organizaciones independientes funcionan como fiscalizadoras y contrapeso de las estructuras de poder. En el caso cubano, su rol no solo será exigir transparencia, sino también proponer soluciones a las múltiples crisis que atraviesa la nación, trabajando en diálogo directo con la población y con los poderes elegidos democráticamente, sin caer en complejos de superioridad.
Garantizar que los derechos humanos dejen de estar supeditados a la voluntad del poder o a la ideología dominante es otro de los ejes fundamentales de la transición. Cires sostiene que estos derechos deben plasmarse en la Constitución como derechos fundamentales, respaldados por garantías reales que los hagan exigibles. Esto exige tribunales independientes, respeto al debido proceso y seguridad jurídica. Además, el jurista reclama la suscripción y ratificación urgente de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, algo que el régimen de La Habana ha eludido sistemáticamente durante décadas.
Sobre el equilibrio entre la búsqueda de justicia y la reconciliación nacional, el director del OCDH descarta que ambos conceptos sean antagónicos. Para Cires, la justicia es un pilar indispensable para la reconciliación; no puede haber una convivencia pacífica y duradera si se obvia el esclarecimiento de los crímenes y la reparación a las víctimas. Ignorar el pasado, advierten los expertos, solo reproduciría las prácticas de exclusión y persecución que han caracterizado a la dictadura cubana.
Contexto: El colapso sistémico de la isla
El panorama descrito por el OCDH no surge en el vacío, sino que es la culminación de una crisis estructural que se ha agudizado de manera alarmante en los últimos años. La economía cubana atraviesa una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de productos básicos y un colapso total del sistema eléctrico, de saneamiento y de salud pública. Las autoridades de la isla han respondido a esta crisis con medidas económicas tardías e insuficientes, mientras incrementan los mecanismos de control social y represión para evitar estallidos populares.
El éxodo migratorio es otra de las secuelas directas de este fracaso sistémico. Cientos de miles de cubanos han abandonado el país en los últimos años, huyendo de la pobreza extrema y la falta de perspectivas. Esta fuga masiva de capital humano, que incluye a profesionales, jóvenes y mano de obra especializada, agrava aún más las posibilidades de recuperación económica a corto plazo y representa un desafío demográfico y social adicional para cualquier gobierno de transición que busque reconstruir el tejido productivo de la nación.
Antecedentes como el estallido popular del 11 de julio de 2021 (11J) demostraron el rechazo ciudadano a la gestión del régimen y la disposición de la población a exigir cambios en las calles. La respuesta de la dictadura fue la encarcelación masiva, los juicios sumarios y el endurecimiento del Código Penal, consolidando un escenario de miedo, censura y vigilancia. Cualquier propuesta de futuro, como la esbozada por Cires, choca frontalmente con una maquinaria estatal que prioriza su propia supervivencia por encima del bienestar de la nación.
Implicaciones a futuro
Las reflexiones de Yaxys Cires plantean una hoja de ruta compleja pero necesaria para la Cuba post-autoritaria. El éxito de una eventual transición dependerá en gran medida de la voluntad de la comunidad internacional para apoyar la reconstrucción democrática, condicionando cualquier cooperación al respeto irrestricto de los derechos humanos y a la apertura de canales para la ayuda humanitaria inmediata. Sin un compromiso firme con la justicia, la independencia institucional y la generación de prosperidad económica, la isla corre el riesgo de perpetuar el ciclo de pobreza y exclusión que ha definido su historia reciente bajo el régimen comunista.
