La desesperación de los habitantes de Mayarí, en la provincia de Holguín, ha estallado en nuevas protestas tras varias semanas de un abandono absoluto por parte del gobierno cubano. La falta de servicios básicos, prolongada tras el paso de un huracán, ha evidenciado una vez más la frágil infraestructura de la isla y la nula capacidad de respuesta estatal frente a crisis que amenazan la supervivencia de la población.
Las calles del poblado de Pontezuela, en el municipio de Mayarí, han vuelto a ser el escenario de la indignación popular. Un grupo de vecinos, al borde de la supervivencia inhumana, decidió salir a exigir la restitución de servicios elementales como el agua y la electricidad. La manifestación, de carácter espontáneo, se desarrolló bajo el sonido de cacerolas y consignas que reflejaban el agotamiento de una ciudadanía ignorada por las instituciones que deberían protegerla.
El clamor de «¡Queremos corriente!» resonó en la oscuridad de una comunidad sumida en el olvido. Esta no es una protesta aislada, sino la culminación de una acumulación de frustraciones. A escasas horas de los hechos en Pontezuela, la comunidad de Seboruco, también en Mayarí, tomó una decisión similar tras soportar casi un mes viviendo en condiciones infrahumanas, sin electricidad ni agua potable, y sin que ninguna autoridad se acercara a evaluar la magnitud del desastre.
La situación en Seboruco dibuja un panorama desolador de la realidad cubana. Los residentes han denunciado que se han visto obligados a consumir agua contaminada de una presa local y a transportar agua desde los ríos para poder subsistir. En medio de esta crisis sanitaria latente, conviven niños, ancianos y personas enfermas que no cuentan con alimentos ni con las condiciones mínimas para afrontar la emergencia. La ausencia del Estado es total, un vacío que el régimen de La Habana intenta llenar con propaganda, pero que en el terreno se traduce en miseria.
La indignación en Seboruco se vio exacerbada por la maquinaria mediática del régimen. Un periodista oficialista publicó información asegurando que la electricidad ya había sido restablecida en la zona. Si bien un minúsculo grupo de viviendas había sido reconectado, la inmensa mayoría del poblado permanecía a oscuras. Esta manipulación informativa, típica de la dictadura, pretendía maquillar la crisis, pero terminó siendo la chispa que movilizó a decenas de vecinos, principalmente mujeres, que tomaron los calderos y comenzaron a golpearlos en señal de protesta.
Un hecho simbólico de esta movilización fue el uso de la campana de la bodega, tradicionalmente utilizada para anunciar la llegada de los productos normados, ahora repiqueteada como un llamado urgente a la rebeldía cívica. La acción logró congregar a más vecinos, demostrando que el miedo impuesto por décadas comienza a ceder ante la necesidad imperiosa de proteger a las familias. Ante la creciente presión, los dirigentes del puesto de mando del ciclón acudieron al lugar en un jeep, intentando calmar los ánimos con explicaciones que llegaron demasiado tarde.
La respuesta del régimen no se hizo esperar, pero no en forma de ayuda material, sino de control político. En Pontezuela, junto al intendente local, se presentó un oficial de la policía política de la dictadura. Las autoridades, mostrando una desconexión alarmante con la realidad que gobiernan, afirmaron desconocer la magnitud de las afectaciones eléctricas y prometieron que el servicio podría restablecerse en un par de días. Esta actitud demuestra la ineficiencia burocrática y la falta de empatía de un sistema que solo reacciona cuando el descontento social amenaza con desbordarse.
Finalmente, ante la presión sostenida de los manifestantes, el gobierno cubano reanudó parcialmente el servicio eléctrico en Seboruco. Sin embargo, la victoria ciudadana fue agridulce. Los residentes aseguran que el problema del abastecimiento de agua persiste gravemente, ya que la comunidad se encuentra en una zona elevada donde el suministro depende directamente de la energía eléctrica para el bombeo. La inoperancia estructural hace que cada avance sea frágil y temporal.
El sentimiento generalizado entre los holguineros es de un profundo desamparo. «Estamos cansados de quejarnos, de llamar, y nadie hace nada. Ya no sabemos qué hacer ni a quién acudir», expresaron los residentes en grabaciones difundidas por la prensa independiente, que cumple el rol de informar lo que los medios oficiales silencian. Esta sensación de orfandad institucional es el caldo de cultivo perfecto para un estallido social de mayores dimensiones, en una isla donde el cansancio ha superado los límites de la resignación.
Contexto: El colapso sistémico y la vulnerabilidad impuesta
Para comprender la magnitud de las protestas en Mayarí, es indispensable analizar el contexto de colapso estructural que sufre Cuba, particularmente en el sector energético y de infraestructuras hidráulicas. El régimen de La Habana ha mantenido durante décadas una política de subinversión crónica en el mantenimiento de redes eléctricas, acueductos y plantas de bombeo. Las termoeléctricas nacionales operan muy por debajo de su capacidad, dependiendo de matutinos parches que no resuelven la obsolescencia tecnológica.
La vulnerabilidad ante desastres naturales no es una consecuencia inevitable del clima, sino el resultado directo de la mala gestión gubernamental. Cuando un evento meteorológico impacta la isla, las frágiles redes colapsan como castillos de naipes, y la falta de recursos logísticos y materiales impide una respuesta ágil. Mientras tanto, las provincias orientales, históricamente marginadas en la distribución de recursos frente a la capital, sufren con mayor crudeza estos descalabros, evidenciando la desigualdad geográfica que impera bajo el discurso oficial de equidad.
La salida a las calles de los habitantes de Mayarí se inscribe en una tendencia creciente de desobediencia civil y protesta en Cuba. La población ha comprendido que el silencio y la espera pasiva solo garantizan el abandono. La presencia de la policía política en estos escenarios subraya la prioridad del gobierno cubano: el control social y la contención del descontento por encima del bienestar de los ciudadanos. La dictadura teme más a la organización comunitaria que a los estragos de la naturaleza, consciente de que la unidad popular es el mayor threat a su hegemonía.
En definitiva, lo que ocurre en Holguín no es un mero incidente de falta de corriente, sino la radiografía de un Estado fallido. La protesta con cacerolas y campanas de bodega es el grito desesperado de un pueblo que se niega a morir en el silencio de la indigencia impuesta. Mientras el régimen de La Habana intente maquillar la realidad y enviar a sus represores a contener el hambre y la sed, la fractura entre el gobierno y la nación continuará ensanchándose, haciendo cada vez más insostenible la ficción de un sistema que proclama defender al pueblo mientras lo condena a la supervivencia más precaria.
