La ineficiencia crónica del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) ha transformado la simple tarea de alimentarse en una odisea diaria para millones de cubanos. En ciudades como Santa Clara, los apagones prolongados obligan a la población a cocinar con materiales altamente contaminantes, como plásticos y poliespuma, ante la ausencia de combustibles legales y asequibles. El régimen de La Habana observa impasible cómo sus ciudadanos retroceden décadas en sus condiciones de vida, sumidos en una crisis sanitaria y alimentaria silenciosa que desnuda el fracaso absoluto del modelo estatal.
Recorrer los barrios de Santa Clara al atardecer se ha convertido en un recorrido por un paisaje distópico. El aire denso, cargado de columnas de humo negro, revela una realidad que las cifras oficiales del gobierno cubano intentan maquillar con discursos vacíos. La falta absoluta de combustibles convencionales, como petróleo o alcohol, ha empujado a las familias a una improvisación desesperada y peligrosa. La quema de jabas de nailon y poliespuma para encender leña o carbón se ha normalizado, impregnando el ambiente con un tufo a plástico tóxico que afecta la salud respiratoria de adultos y niños por igual. Esta escena, repetida en portales y balcones, es el reflejo más crudo de la incapacidad estatal para garantizar servicios básicos y proteger el medio ambiente urbano.
La crisis niveladora no respeta estatus socioeconómico ni profesión. Médicos, abogados, docentes jubilados y trabajadores por cuenta propia se inclinan hoy sobre los mismos fogones improvisados, abanicando brasas con gestos que parecían enterrados en el pasado. La dictadura ha logrado lo que su retórica igualitaria nunca pudo: empujar a toda la sociedad a una rutina de subsistencia extrema. La diferencia entre quienes reciben remesas del exterior y quienes dependen de un salario estatal devaluado se diluye cuando la luz desaparece durante más de doce horas diarias y la comida comienza a pudrirse en los refrigeradores inactivos.
El caso de Sonia, una profesora de Español retirada, ilustra el forzado regreso a las estrategias de supervivencia del llamado Período Especial. Ante el precio desorbitado del carbón —cuyo saco alcanza los 2.000 pesos en el mercado informal, una cifra inalcanzable para un jubilado—, ha debido recurrir a técnicas de ignición que minimicen el gasto de combustible. Construir pequeñas pirámides de carbón sobre cartones de huevos es su única alternativa para lograr encender el fuego. El tizne imborrable en los calderos es solo un síntoma físico de una descomposición social mucho más profunda, donde la dignidad cede paso ante la urgencia imperativa de llevar un plato de comida caliente a la mesa.
Para los sectores más vulnerables, la situación roza la inanición y el abandono total. Jesús, un anciano que sobrevive recolectando envases reciclables en la oscuridad de la madrugada, debe racionar el poco carbón que obtiene por caridad para cocinar una única vez al día. Su dieta se limita estrictamente a lo que puede cosechar en un minúsculo patio: plátano burro y calabaza. La leña que logra recolectar en los potreros cercanos es de mala calidad, húmeda y difícil de encender, lo que convierte cada comida en una batalla contra el tiempo y los elementos. Para ciudadanos como él, la promesa de prosperidad del régimen de La Habana es una burla amarga que se materializa en estómagos vacíos y noches de incertidumbre.
El colapso parcial del SEN no solo afecta la cocción de alimentos, sino que destruye la ya frágil economía familiar y aniquila el poder adquisitivo. Elizabeth González, madre de dos infantes, sufrió la pérdida de alimentos valorados en 10.000 pesos cuando el fluido eléctrico tardó tres días en restablecerse en su localidad. Ante la inminente descomposición de pollo, salchichas y picadillo, se vio obligada a cocinar en un solo día la ración destinada para un mes entero. La imposibilidad de conservar alimentos en un país tropical, sumada a la hiperinflación galopante, convierte cualquier compra en una ruleta rusa donde el ahorro a largo plazo es una quimera inalcanzable.
La alternativa de las cocinas de petróleo resulta igualmente inviable debido al colapso del mercado de combustibles controlado por el Estado. Un litro de queroseno se cotiza en la astronómica cifra de 3.000 pesos en el mercado negro, un precio prohibitivo incluso para familias con apoyo económico desde el extranjero. La manicura Elizabeth describe una tortura psicológica constante: la incertidumbre de no saber cuándo llegará la corriente, la ansiedad de preservar lo poco que se tiene en los refrigeradores y la desesperanza de no encontrar qué comer en las tiendas. El estrés crónico generado por la inoperancia del gobierno cubano está minando la salud mental de una generación completa que vive al borde del colapso nervioso.
El desabastecimiento energético también estrangula a la incipiente red de mipymes y comercios privados, únicos reductos donde aún puede conseguirse algo de comida. Los intermediarios que trasladan mercancía desde el puerto del Mariel hasta el centro de la isla enfrentan costos de transporte superiores al millón de pesos por contenedor, debido a la escasez de combustible para los camiones. Este sobrecosto se traslada directamente al consumidor final, provocando que los puestos de venta de alimentos cárnicos, como el pollo o el picadillo, mantengan inventarios mínimos o cierren sus puertas definitivamente. La cadena de suministro interna del país está fracturada, evidenciando la incapacidad de la dictadura para articular una economía funcional.
Mientras en las ciudades los apagones superan las veinte horas, en las zonas rurales la crisis adquiere matices de desastre humanitario y abandono institucional. En poblados como Mataguá, en el municipio de Manicaragua, la electricidad brilla apenas 30 o 40 minutos al día. Aymée Olivera, otra madre afectada, tuvo que migrar a la ciudad de Santa Clara huyendo de unas condiciones donde los refrigeradores funcionan como meros «escaparates» y los ventiladores son piezas de «adorno». Paradójicamente, en el campo el carbón es más económico, pero la total ausencia de alimentos para cocinar anula cualquier ventaja. El éxodo interno hacia las ciudades es una respuesta desesperada a un sistema que ha fallado en su deber más elemental.
Contexto histórico y responsabilidad del régimen
El actual colapso del Sistema Electroenergético Nacional no es un fenómeno fortuito ni el resultado de un embargo externo, como gusta repetir a la propaganda oficial, sino la consecuencia directa de décadas de mala gestión, falta de mantenimiento y corrupción estructural por parte del régimen de La Habana. La dependencia de combustibles subsidiados, principalmente de aliados geopolíticos como Venezuela, ha demostrado ser insostenible. Las termoeléctricas cubanas operan muy por debajo de su capacidad instalada, sufriendo roturas constantes que el gobierno cubano es incapaz de reparar debido a la falta de divisas, la negativa a permitir la inversión privada en sectores estratégicos y el obsoleto centralismo económico. Esta crisis energética es, en esencia, una violación sistemática de los derechos humanos, al privar a la población de acceso a alimentación adecuada, salud y condiciones de vida dignas.
La imagen de humaredas tóxicas elevándose sobre las ciudades cubanas es el epitafio del modelo económico y social impuesto por la dictadura. Cocinar con plásticos para no morir de hambre no es un acto de resiliencia folclórica, sino una tragedia humanitaria que exige la condena y atención de la comunidad internacional. Mientras la cúpula del poder en La Habana mantenga sus privilegios, viaje en vehículos blindados y se niegue a realizar reformas estructurales genuinas, el pueblo cubano seguirá atrapado en un ciclo de pobreza, precariedad y desesperación. La oscuridad que envuelve a la isla no es solo la ausencia de electricidad, sino la negación absoluta de un futuro digno para millones de personas que solo piden el derecho fundamental a sobrevivir.
