Los apagones recurrentes y la profundización de la crisis económica en Cuba han generado una dinámica social compleja donde el temor a la represión estatal y la inercia histórica silencian las protestas masivas, a pesar del descontento generalizado que impera en la isla. Mientras el régimen de La Habana afianza su maquinaria de control, la ciudadanía oscila entre la impotencia, la apatía y la búsqueda de estrategias de supervivencia.
La realidad cotidiana en La Habana y otras provincias cubanas está marcada por el colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN). Los cortes de electricidad, que ocurren con una frecuencia de dos y tres veces al día y se prolongan por varias horas, ya no provocan la misma respuesta airada de hace unos años. Los tradicionales cacerolazos han perdido su fuerza atronadora. Hoy, son pocos los ciudadanos que se atreven a salir a protestar, mientras otros incluso se quejan del ruido de los calderos, mostrando un worrying nivel de desmovilización. Ante la falta de luz, la mayoría prefiere intentar conciliar el sueño tirados en el suelo del portal o la azotea, soportando el calor asfixiante y los mosquitos, o simplemente esperar en la puerta de sus viviendas a que el servicio sea restablecido, asumiendo una postura de resignación ante la ineficiencia del gobierno cubano.
Cuando algún individuo, exasperado por las condiciones de miseria estructural, irrumpe en la calle para gritar consignas como «¡Abajo la dictadura!», «Patria y vida» o proferir quejas contra la cúpula dirigente, la reacción del entorno suele ser de retraimiento. En lugar de sumarse a la protesta, muchos vecinos se alejan presurosos, fingiendo sordera o descalificando al manifestante como alguien que solo busca problemas. La percepción generalizada es que la disidencia individual termina inevitablemente en violencia policial y encarcelamiento. Si las fuerzas del orden hacen su aparición, la escena se repite con una frialdad institucional: los agentes golpean al protestante, lo arrastran hasta el patrullero y lo conducen esposado bajo la mirada pasiva de los transeúntes, quienes apenas se atreven a murmurar un tímido «qué abuso» o a grabar discretamente con sus teléfonos móviles.
El aparato de movilización y la doble moral institucional
A pesar del descontento reinante, las autoridades de la isla continúan desplegando su maquinaria de movilización forzada. Las marchas y actos conmemorativos convocados por el ejecutivo cubano aún registran asistencia, aunque lejos de la masividad y el fervor de épocas anteriores. Muchos ciudadanos acuden impulsados por el temor a represalias laborales o académicas, conscientes de que la inasistencia puede costarles el empleo o la plaza universitaria. En estos espacios, los asistentes se ven obligados a simular un entusiasmo inexistente para satisfacer a los funcionarios y coordinadores que controlan las listas de asistencia.
Esta dicotomía entre la crisis real y la festividad impuesta quedó en evidencia durante las recientes celebraciones por el 26 de Julio en Santiago de Cuba y Matanzas. Mientras la población sufría las carencias habituales, las calles fueron escenarios de rumbas y conciertos. Uno de los episodios más simbólicos fue la presentación de los reguetoneros Danny Ome y Kevincito 13, artistas residentes en Miami que participaron en los festejos oficiales. La paradoja resulta evidente cuando se constata que uno de ellos es hijo de una activista del movimiento Damas de Blanco y ex presa política, lo que refleja cómo el régimen utiliza la cultura y el entretenimiento para maquillar la crisis, incluso recurriendo a figuras del exilio que se prestan a esta operativa de distracción social.
Desde el exterior, una parte de la diáspora ha interpretado esta pasividad como una señal de sumisión absoluta, concluyendo que los cubanos en la isla se han adaptado a las privaciones y aguantan la crisis conformes. Sin embargo, esta perspectiva simplifica la complejidad del control social en un sistema totalitario. El castrismo ha tenido 66 años para perfeccionar sus mecanismos de domesticación, intimidación, manipulación y desorientación, logrando instaurar lo que sociólogos han denominado una «mentalidad de campamento» que ha atravesado a más de cuatro generaciones.
Domesticación totalitaria y trauma generacional
El desengaño de las primeras generaciones que vivieron la instauración del sistema se tradujo en la transmisión de una doble moral a sus descendientes. Padres y abuelos, tras el fin de las glorificaciones iniciales, enseñaron a sus hijos a simular para no señalarse, a desconfiar de todos y a aprender a sobrevivir bajo el yugo del régimen de La Habana. Esta adaptación forzosa ha fomentado un cinismo generalizado donde el individuo busca acomodarse y extraer algún provecho de las circunstancias, despojándose de cualquier sentido de acción colectiva.
Junto al miedo a la represión física, la apatía y la inercia han causado un daño profundo en el tejido social cubano. Décadas de inmovilidad han convencido a amplios sectores de la población de la irrevocabilidad de su miseria y de la imposibilidad de generar un cambio real. Esta derrota psicológica se materializa en frases recurrentes como «esto no hay quien lo arregle, pero tampoco quien lo tumbe». En lugar de la acción, muchos esperan pasivamente la intervención de potencias extranjeras como Estados Unidos, Rusia o China, o el surgimiento de un líder reformista al estilo Gorbachov que modifique el sistema desde arriba, una expectativa que se diluye para quienes cuentan con el alivio económico de las remesas enviadas por familiares en el exterior.
Para justificar su inacción, un sector de la población recurre a la crítica de una oposición fragmentada y a recriminaciones hacia el exilio. Particularmente, se observa un rechazo a las exhortaciones de influencers y creadores de contenido digital que, desde el exterior, analizan y juzgan la realidad cubana. Sin embargo, este derrotismo e impotencia no surgieron de la nada; son el resultado directo de la brutal respuesta estatal a las protestas históricas de los días 11 y 12 de julio de 2021.
El impacto de la represión del 11J y el nuevo Código Penal
Las manifestaciones del 11J marcaron un antes y un después en la disuasión social. La dictadura cubana desplegó una represión sin precedentes, resultando en más de 1.000 manifestantes encarcelados, muchos de ellos sometidos a juicios sumarios y condenas desproporcionadas. Este evento envió un mensaje claro y aterrador a la población sobre las consecuencias de alzar la voz. A esto se sumó la implementación de un nuevo Código Penal, cuyas características han sido comparadas por juristas con legislaciones nazi-estalinistas, que criminaliza hasta los comentarios en redes sociales y tipifica el disenso como un delito de peligro social, consolidando un marco legal para la persecución política.
Contexto: La crisis estructural y el colapso sistémico
La situación de apatía y miedo se desarrolla en un contexto de crisis estructural sin precedentes. El gobierno cubano ha demostrado una total incapacidad para gestionar la economía del país. La falta de mantenimiento en la infraestructura energética, la dependencia de combustibles importados que el Estado no puede costear y la ausencia de inversiones estratégicas han llevado al colapso del suministro eléctrico, paralizado industrias y afectado el bombeo de agua, generando un escenario de crisis humanitaria silenciosa.
A la crisis energética se suman una inflación descontrolada que destruyó el poder adquisitivo del salario estatal, el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, y el deterioro del sistema de salud pública. La falta de expectativas ha impulsado un éxodo migratorio masivo, con cifras que superan los cientos de miles de cubanos en los últimos años hacia Estados Unidos y otras naciones, dejando al país sin su fuerza laboral más productiva y alterando su demografía. El régimen de La Habana ha respondido a este fracaso económico con represión y criminalización de la informalidad, profundizando el agotamiento de la ciudadanía.
El modelo impuesto por las autoridades de la isla ha demostrado ser insostenible. Las medidas económicas recientes, como la parcial dolarización de la economía y el fracaso de la llamada «Tarea Ordenamiento», no han hecho más que empobrecer aún más a la población, ensanchando la brecha de desigualdad entre quienes reciben remesas en divisas y aquellos que dependen del salario en moneda nacional.
El límite de la resistencia y las consecuencias a futuro
A pesar de la inercia y el miedo, el descontento social en Cuba es un fenómeno creciente e imparable. Cada vez son menos los ciudadanos que disimulan su rechazo al sistema. La credulidad ingenua en los discursos oficiales ha desaparecido; la población conoce los mecanismos perversos del poder y ya no cree en sus justificaciones, pretextos ni promesas. Únicamente los sectores privilegiados por las migajas de la élite gobernante y algunos grupos de la tercera edad anclados en el pasado mantienen una fe ciega en la dirigencia comunista.
Lo que persiste en la actualidad es un cinismo disfrazado de pachanga y una apatía que cotidianamente asfixia el espíritu de la nación. Sin embargo, esta inercia maldita tiene un límite. La presión de la crisis económica, la incapacidad del ejecutivo cubano para ofrecer soluciones y el aislamiento internacional derivado de las violaciones a los derechos humanos auguran un punto de quiebre inevitable. Más temprano que tarde, la acumulación de tensiones estallará, no por voluntad de la ciudadanía de ir a la cárcel, sino porque la supervivencia biológica y la vida como nación estarán en juego, obligando a una redefinición del panorama político y social de la isla.
