El gobierno cubano ha difundido un nuevo Programa Económico y Social con una meta de crecimiento del Producto Interno Bruto del 1% para el próximo año, una cifra que contrasta de manera radical con las proyecciones de organismos internacionales como la CEPAL y Naciones Unidas, que anticipan un estancamiento o una nueva contracción. Mientras la dictadura insiste en culpar al embargo estadounidense y anuncia ajustes fiscales que afectarán directamente a la población, los datos oficiales revelan una caída acumulada del 11% en el PIB en los últimos cinco años, evidenciando el fracaso absoluto del modelo económico socialista.
El régimen de La Habana ha hecho público su Programa Económico y Social con la pretensión de proyectar una imagen de recuperación, prometiendo un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1%. Sin embargo, esta afirmación se desmorona ante las evaluaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Ambos organismos coinciden en una proyección de apenas un 0,1% de crecimiento, lo que en la práctica significa un estancamiento económico profundo. Esta divergencia no es un mero desacuerdo técnico, sino el reflejo de la costumbre del gobierno cubano de maquillar sus estadísticas para intentar mantener una narrativa de estabilidad que la calle no experimenta.
El contraste se vuelve aún más severo al observar el comportamiento de la economía en el contexto regional. Mientras la dictadura se ufana de un hipotético 1% de expansión, los mismos organismos internacionales calculan que la economía cubana sufrió contracciones severas en los ejercicios inmediatamente anteriores, con caídas del 1,1% y el 1,5% respectivamente. A esto se suma que la CEPAL proyecta un crecimiento regional para América Latina y el Caribe del 2,3%, lo que sitúa a la Isla muy por debajo del desempeño del resto del hemisferio. La realidad es tozuda: Cuba y Haití son los únicos países de la región que arrastran tres años consecutivos de recesión, una distinción que el discurso oficial intenta ocultar.
El documento oficial, publicado en el sitio de la Asamblea Nacional, arranca con la habitual retórica victimista, responsabilizando a Washington del agravamiento de la crisis energética. El texto asegura que Estados Unidos pretende bloquear absolutamente el suministro de combustibles, justificando así las directivas aprobadas para enfrentar un desabastecimiento agudo. Lo que el régimen omite es que la crisis energética es consecuencia directa de la falta de capacidad de pago del propio gobierno cubano, de la ineficiencia de sus termoeléctricas obsoletas y de la corrupción interna. El propio programa reconoce, de manera implícita, que el próximo ejercicio comienza bajo una presión energética extraordinaria, lo que hace aún más inverosímil su promesa de crecimiento.
Más allá de la retórica frente al exterior, el plan presentado por el gobierno cubano es un compendio de ajustes que recaerán directamente sobre los hombros de la población. La propuesta queda estructurada en una abultada burocracia de metas: 10 objetivos generales, 111 específicos, 505 acciones y 309 indicadores. Entre estos indicadores figuran una circulación mercantil en divisas de 1.370 millones de dólares y un déficit fiscal de 74.500 millones de pesos. El régimen proyecta un crecimiento ficticio mientras mantiene un cuadro fiscal abiertamente tensionado, con gastos que superan los 550.000 millones de pesos e ingresos que apenas alcanzan los 484.000 millones, lo que demuestra una profunda incapacidad para equilibrar las cuentas públicas sin recurrir a la máquina de imprimir billetes.
El ajuste económico, lejos de impulsar la productividad, se traducirá en mayor empobrecimiento. El documento plantea estudiar un impuesto a la importación de productos terminados y, lo que es más preocupante, «reducir gradualmente las gratuidades indebidas y subsidios excesivos» tanto al sistema empresarial estatal como a la población. La implementación progresiva de la reducción de subsidios a las personas, aunque el régimen afirme que priorizará a los grupos vulnerables, significará el encarecimiento de la canasta básica en un país donde la inflación ya devora los salarios. El plan oficial no describe una salida holgada de la crisis, sino un esquema de correcciones fiscales que estrangula el consumo y profundiza la precariedad.
Para intentar sostener la economía exhausta, el régimen de La Habana apuesta desesperadamente por la captación de divisas, confirmando la dependencia del país hacia el exterior. Entre sus metas se encuentran profundizar la dolarización parcial de la economía, implementar transformaciones cambiarias y recuperar flujos de divisas a través del sistema financiero. El gobierno cubano fija objetivos de más de 9.968 millones de dólares en exportaciones de bienes y servicios, más de 3.829 millones en ingresos por exportaciones, y un mínimo de 3.300 millones en financiamiento externo. El mensaje implícito es una admisión de fracaso: la economía oficial no puede sostenerse por sí sola y necesita urgentemente más dólares, más remesas de los emigrantes y más crédito internacional para evitar el colapso total.
El sesgo autoritario del programa tampoco queda oculto entre las líneas de la política económica. Entre sus objetivos generales se incluyen el fortalecimiento del papel de la empresa estatal socialista, el principal obstáculo para el desarrollo de la Isla, y el avance en la gestión de Defensa y Seguridad Nacional. De manera alarmante, en la parte dedicada al Ministerio del Interior, el texto ordena enfrentar «la subversión político-ideológica y la contrarrevolución». Es decir, en medio de una crisis económica sin precedentes, la dictadura prioriza el aparato represivo y la persecución de la disidencia, demostrando que el control político se antepone a cualquier reforma económica real que pueda beneficiar a los cubanos.
La falta de credibilidad del régimen se ve acentuada por su aislamiento de los principales foros financieros internacionales. El Fondo Monetario Internacional (FMI) ni siquiera ofrece un pronóstico alternativo para Cuba, ya que el país no es miembro del organismo tras su retirada hace décadas. En sus informes de perspectivas económicas mundiales, el FMI simplemente omite a la Isla por falta de datos fiables y por no monitorear una economía cerrada y intervenida. Este hermetismo impide una evaluación externa objetiva y permite al gobierno cubano manejar las cifras a su antojo, aunque los indicadores de pobreza y migración masiva revelen la verdadera magnitud del desastre.
La situación macroeconómica es tan crítica que incluso el propio ministro de Economía y Planificación del régimen, Joaquín Alonso Vázquez, ha tenido que reconocer ante el parlamento la gravedad del desplome. El funcionario admitió que el PIB de la Isla acumula una contracción del 11% en los últimos cinco años, una caída que equipara a la de una nación en guerra. Durante su intervención, Alonso explicó que las principales afectaciones se concentran en las producciones primarias, como la agricultura, la ganadería y la minería, sectores que han sufrido una caída dramática del 53%. Estos datos, provenientes de la propia cantera oficial, desmienten de plano cualquier narrativa de recuperación.
A esto se suma la clasificación de Cuba en los peores grupos de riesgo e inflación a nivel global. En evaluaciones recientes, la CEPAL concluyó que Cuba era uno de los cinco países del continente con «inflación crónica», compartiendo lista con naciones como Argentina, Haití, Surinam y Venezuela. Como ha señalado el economista Pedro Monreal, el organismo incluyó a la Isla en el grupo de los ocho países con mayor riesgo crediticio. La aceleración de la inflación entre ejercicios recientes ha destruido el poder adquisitivo de los cubanos, sumiendo a amplios sectores de la población en la indigencia, una realidad que el Programa Económico oficial intenta maquillar con metas burocráticas inalcanzables.
Contexto: El fracaso estructural del modelo económico cubano
Para comprender la magnitud de la discrepancia entre las cifras del régimen y las proyecciones internacionales, es necesario observar el contexto estructural de la economía cubana. Durante décadas, la dictadura ha mantenido un modelo de planificación centralizada que ha demostrado ser totalmente ineficaz para generar riqueza o satisfacer las necesidades básicas de la población. La dependencia histórica de subsidios externos, primero de la Unión Soviética y luego de Venezuela, enmascaró la ineficiencia productiva del país. Con el colapso de estos aliados, la economía cubana ha quedado al descubierto, mostrando su incapacidad para sostenerse por sí misma.
La crisis actual se caracteriza por apagones prolongados, escasez crónica de alimentos y medicinas, y una inflación galopante que ha empobrecido a la clase trabajadora. La respuesta del régimen ha sido una mezcla de represión política y medidas económicas de parche, como la dolarización parcial, que solo beneficia a quienes tienen acceso a divisas extranjeras, principalmente a través de remesas. La falta de libertades económicas, el asfixiante control sobre el sector privado emergente y la negativa a implementar reformas estructurales que impliquen una pérdida de control político mantienen a la Isla en un ciclo de declive continuo. El anuncio de un crecimiento del 1% no es más que un espejismo diseñado para consumo interno y para intentar mostrar una fachada de normalidad ante posibles inversores extranjeros, mientras la base productiva del país se desintegra.
En definitiva, el nuevo Programa Económico y Social del gobierno cubano se presenta como un ejercicio de ficción estadística. Prometer un crecimiento del 1% mientras se recorta el ya magro apoyo social, se incrementan los impuestos y se profundiza la represión ideológica revela una desconexión total entre el régimen y la realidad que sufren los cubanos. Las proyecciones de la CEPAL y la ONU, que anticipan el estancamiento y la continuidad de la recesión, se alinean mucho mejor con la evidencia empírica de una nación que ha perdido más de una décima parte de su economía en media década. La verdadera salida a la crisis en Cuba no pasará por planes burocráticos ni por culpar a potencias extranjeras, sino por el desmantelamiento del sistema totalitario que ha asfixiado el potencial productivo de la Isla durante más de seis décadas.
