La Unión Eléctrica de Cuba (UNE) difunde partes que sugieren una leve mejoría en los cortes de luz, una narrativa que choca frontalmente con la realidad de una infraestructura en ruinas, la falta crónica de combustible y un déficit de generación que deja sin servicio a más del 52% del territorio nacional, incluida la capital.
El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) atraviesa una de sus crisis más profundas, evidenciando la incapacidad del gobierno cubano para garantizar un servicio básico para la población. A pesar de los comunicados oficiales emitidos por la empresa estatal, los cuales intentan proyectar una falsa sensación de estabilidad, la realidad en las calles es de una zozobra permanente. Los ciudadanos se enfrentan a cortes de energía que superan las veinticuatro horas consecutivas, una situación que paraliza la ya de por sí frágil economía doméstica y deteriora la calidad de vida de millones de personas que dependen de electrodomésticos para conservar alimentos y soportar las altas temperaturas.
La narrativa oficial de la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) ha insistido en los últimos informes en una supuesta reducción de las afectaciones. Sin embargo, este supuesto optimismo institucional se desmorona ante el análisis de sus propios datos técnicos. El régimen de La Habana se encuentra en una encrucijada energética donde la demanda estimada en las horas pico roza los 2.980 megawatts (MW), mientras que la disponibilidad real del sistema apenas alcanza los 1.464 MW. Esta brecha insalvable genera un déficit superior a los 1.500 MW, lo que en la práctica se traduce en un apagón simultáneo que afecta a más de la mitad del país.
La infraestructura termoeléctrica de la isla, envejecida y carente de un mantenimiento adecuado durante décadas, es el principal eslabón roto de esta cadena de fracasos. Actualmente, seis unidades fundamentales se encuentran fuera de servicio, ya sea por averías graves o por reparaciones prolongadas que rara vez cumplen los plazos previstos. Entre las plantas averiadas se encuentran la Unidad 5 de la Central Termoeléctrica (CTE) Mariel, la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, la Unidad 2 de la CTE Felton y la Unidad 6 de la CTE Antonio Maceo. El colapso de estos motores representa una pérdida de cientos de megawatts que el sistema no tiene cómo compensar.
A las averías no planificadas se suman las paradas programadas que, en un sistema tan precario, equivalen a desactivar grandes porciones de la red. La Unidad 5 de la CTE Nuevitas y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos permanecen inactivas bajo supuestos procesos de reparación. Estos bloqueos en la generación térmica dejan fuera de la matriz energética a casi 500 MW en total. La falta de previsión y de inversión real en la modernización de estas instalaciones demuestra que la planificación centralizada del régimen es un rotundo fracaso técnico y administrativo.
Pero el problema no se limita a las grandes termoeléctricas. El régimen ha intentado paliar la crisis histórica con alternativas de generación distribuida, un sistema de motores menores dispersos por el territorio. No obstante, decenas de estos grupos electrógenos están paralizados por la simple y llana falta de combustible. La incapacidad del gobierno cubano para asegurar los volúmenes necesarios de diésel y fuel oil desmorona cualquier estrategia de contingencia, dejando a comunidades enteras a merced de la oscuridad y el abandono institucional.
Las llamadas «patanas» eléctricas, barcos adaptados para inyectar energía a la red nacional, también permanecen inoperativas. La carencia absoluta de diésel y lubricantes para mantener estos equipos en funcionamiento es un síntoma claro de la asfixia financiera del Estado. Estas embarcaciones, que en su momento fueron presentadas como una solución innovadora por la propaganda oficial, son hoy un símbolo del despilfarro y la ineficiencia, varadas en los puertos sin poder generar un solo kilovatio para aliviar la demanda nacional.
El contexto geopolítico añade más presión a un sistema ya al borde del colapso. Las recientes tensiones diplomáticas y comerciales entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen cubano han agravado la escasez de combustible. Sin embargo, mientras la dictadura utiliza el embargo como justificación predilecta para sus ineficiencias internas, la realidad técnica demuestra que el problema radica en la falta de mantenimiento, la corrupción en la importación de piezas y la obsolescencia tecnológica de una red que no ha sido renovada desde tiempos de la Unión Soviética.
La capital cubana, que tradicionalmente ha gozado de un tratamiento preferencial en materia de distribución eléctrica para salvaguardar la imagen del régimen y el funcionamiento del turismo, no escapa a la crisis. Los cortes prolongados en La Habana son una confirmación inequívoca de que el Sistema Eléctrico Nacional ha superado su punto de quiebre. La población habanera, acostumbrada a ciertos privilegios relativos, ahora sufre el mismo desamparo que el resto de las provincias, lo que aumenta el descontento social y la percepción de que el gobierno ha perdido el control sobre las situaciones más básicas.
Un sistema colapsado por décadas de ineficiencia estatal
El deterioro del Sistema Eléctrico Nacional no es un fenómeno repentino, sino la consecuencia lógica de décadas de mala gestión por parte de la dictadura. Desde la crisis de los años noventa, conocida como Período Especial, la infraestructura energética de la isla ha sobrevivido de manera precaria, parcheándose con soluciones temporales que nunca resuelven el problema de raíz. La falta de inversión extranjera en sectores estratégicos, debido a la inseguridad jurídica y al incumplimiento sistemático de los pagos del Estado cubano, ha impedido la modernización de las plantas generadoras.
Además, la dependencia absoluta de combustibles importados, financiados muchas veces con créditos de aliados políticos que luego no se honran, deja al país en una posición de vulnerabilidad extrema. Cuando los suministros de naciones aliadas se reducen, la isla se apaga. El régimen de La Habana ha priorizado históricamente el gasto en aparatos represivos y mantenimiento del poder sobre la inversión en infraestructura civil crítica. Esta desviación de recursos es la causa directa de que hoy los cubanos deban cocinar con leña, dormir sin ventilación y perder sus alimentos por la falta de frío.
La respuesta institucional a esta crisis se ha limitado a pedir paciencia a la población y a emitir partes técnicos llenos de jerga que muy pocos comprenden, pero que todos traducen como más oscuridad por venir. La Unión Eléctrica de Cuba actúa como un portavoz de las deficiencias del Estado, intentando maquillar con porcentajes y megawatts lo que en esencia es un fracaso absoluto del modelo económico socialista. La falta de autonomía de la UNE para tomar decisiones operativas sin la interferencia política agrava aún más la situación técnica del país.
En definitiva, la crisis energética es el espejo donde se refleja la decadencia del régimen cubano. Mientras los partes oficiales intentan construir una realidad paralela donde los apagones se reducen, la ciudadanía sufre las consecuencias tangibles de un colapso sistémico. La oscuridad que envuelve a más de la mitad de la isla no es solo la ausencia de electricidad, sino la materialización del fracaso de una dictadura que ha demostrado ser incapaz de garantizar la supervivencia digna de su pueblo. La luz no volverá a Cuba hasta que no se transforme el modelo político y económico que ha mantenido a la nación en la penumbra por más de seis décadas.
