El régimen de La Habana ha comenzado a autorizar la importación de hidrocarburos a un selecto grupo de pequeñas y medianas empresas (mipymes), entre las que destacan negocios vinculados a la cúpula militar, el aparato estatal y familiares directos del expresidente Raúl Castro. Aunque las autoridades de la isla presentan esta medida como una apertura al sector privado, la filtración de los listados oficiales revela que el control de los recursos energéticos sigue en manos de la élite gobernante y sus testaferros, perpetuando el monopolio que ha mantenido al país sumido en una profunda crisis estructural.
A pesar de que el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, realizó declaraciones al respecto el pasado 7 de febrero, el ejecutivo cubano no ha emitido un anuncio formal y detallado sobre el levantamiento de la prohibición que pesaba sobre las mipymes y cooperativas para importar combustibles. Sin embargo, fuentes consultadas dentro de los ministerios de Economía y Planificación (MEP) y de Finanzas y Precios (MFP) confirman que el proceso de evaluación y aprobación comenzó silenciosamente a inicios de enero, mucho antes de los anuncios públicos, por acuerdo del Consejo de Ministros. Esta opacidad en la gestión de recursos estratégicos es una constante en la administración pública de la isla.
La cifra de empresas que han presentado solicitudes formales para importar carburantes asciende a unas 150 a nivel nacional, impulsadas en su mayoría por indicaciones del Consejo de Estado a través de los gobiernos locales. De una primera tanda de 40 empresas evaluadas antes del 7 de febrero, solo 25 lograron la certificación. A estas se sumaron posteriormente otras 11 entidades, supuestamente estatales y «privadas», vinculadas a sectores como la informática, las comunicaciones y la educación superior. Posteriormente, se inició la evaluación de 390 mipymes privadas, de las cuales 113 presentaron la documentación completa, resultando en la autorización de 42 hasta el momento. La mayoría de estas empresas están supuestamente enfocadas en la transportación de pasajeros, la logística y la producción agropecuaria, aunque existen notorias excepciones que levantan sospechas sobre la verdadera naturaleza de su capital.
El camuflaje del conglomerado militar
El gobierno cubano ha mantenido históricamente un control absoluto sobre la importación y distribución de petróleo, un monopolio que, a la luz de los nuevos listados, parece no cambiar sustancialmente en la práctica. Entre las empresas certificadas resaltan firmas que pertenecen directamente a GAESA, el poderoso conglomerado empresarial de las Fuerzas Armadas, o que operan bajo figuras interpuestas. Es el caso de Servitec Mariel, empresa de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel, y Cubapack Internacional, que incluso cuenta con una oficina operativa en Miami para el envío de mercancías a la isla. Lejos de renunciar a su hegemonía, el sector militar simplemente se adapta a los nuevos tiempos, reorganizando su control a través de empresas satélite presentadas como privadas.
Mipymes de la familia Castro y GAESA, entre las designadas para importar combustible
Nepotismo y privilegios en la cúpula castrista
El caso más emblemático de esta farsa de «apertura» es el Proyecto de Desarrollo Local Gaia, propiedad de Lisa Titolo Castro, nieta de Raúl Castro e hija de Mariela Castro Espín y Paolo Titolo. Esta empresa ya cuenta con al menos dos contratos firmados para la importación de combustibles, uno con la Agencia Importadora Caribe y otro con Cuba Petróleos (CUPET). La descendiente del dictador cubano administra un vasto entramado de negocios que incluye fincas agrícolas, procesadoras de cárnicos y microempresas de construcción, todos beneficiados por privilegios estatales y fondos internacionales, asegurando ahora su abastecimiento energético mientras la población sufre apagones diarios.
Otras empresas con estrechos vínculos estatales o militares también han obtenido permisos, a pesar de presentarse ante la opinión pública como entidades privadas. Cinesoft Recreación y Cinesoft Digital, pertenecientes al Ministerio de Educación, figuran en la lista de aprobados. Igualmente, se han beneficiado Agroindustrial Media Luna, en Ciego de Ávila, vinculada al escándalo de corrupción del exviceprimer ministro Alejandro Gil Fernández; y Cambute S.R.L, en La Habana, una empresa de entregas a domicilio conectada abiertamente con la Asociación de Combatientes de la Revolución y el MININT, que había anunciado su desactivación hace un año por problemas logísticos pero reaparece milagrosamente con licencias para importar hidrocarburos.
El listado de empresas en espera de certificaciones de seguridad o contratos con CUPET tampoco escapa a la lógica del favoritismo político. Provatgom, una empresa de productos de caucho desprendida de la estatal Poligom, y Mecánica Las Guásimas, vinculada a Alcona S.A. y dirigida por familiares del comandante Guillermo García Frías, aguardan su aprobación. Dofleini Exportador, una mipyme de programación informática dirigida por un miembro del Parlamento, también está en la cola de los privilegiados, desmintiendo la narrativa oficial de un sector privado independiente y autónomo.
El contexto internacional y la crisis energética estructural
El pasado 25 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una política de licencias más flexible para permitir el envío de petróleo a Cuba, siempre que las transacciones apoyen al pueblo cubano y al sector privado. Esta medida excluye explícitamente a personas o entidades vinculadas a las fuerzas armadas, inteligencia o el gobierno cubano. Sin embargo, la dictadura cubana ha perfeccionado el arte de presentar negocios militares y de la cúpula como empresas privadas, burlando así las restricciones internacionales y captando divisas y recursos que nunca llegan a la base de la pirámide social.
Un modelo económico al borde del colapso
La importación de combustibles es un tema de supervivencia nacional en la isla. La escasez crónica de hidrocarburos ha provocado el colapso del transporte público, la paralización de la producción agropecuaria y apagones prolongados que superan las 10 horas diarias en varias provincias. La falta de diesel para los tractores ha provocado que enormes extensiones de tierra cultivable queden baldías, agravando el desabastecimiento alimentario y obligando al régimen a importar productos que podrían producirse en el país. Las largas colas en las gasolineras, donde los ciudadanos deben dormir en sus autos para asegurar un cupo, son ya una postal cotidiana que ilustra el fracaso de la gestión estatal.
Este déficit energético es el motor de una inflación galopante que destruye el poder adquisitivo de los salarios en pesos cubanos, empujando a cientos de miles de ciudadanos al éxodo migratorio. Históricamente, la dependencia energética de Cuba ha estado sujeta a los vaivenes geopolíticos, primero con la Unión Soviética y luego con Venezuela. La caída en los envíos de crudo venezolano en los últimos años dejó al descubierto la vulnerabilidad del sistema eléctrico nacional, caracterizado por una infraestructura obsoleta, falta de mantenimiento y corrupción interna que desvía fondos. La decisión de permitir que un puñado de empresas privilegiadas importen combustible no aborda la raíz del problema: la ineficiencia del modelo centralizado y la falta de libertades económicas reales.
Implicaciones futuras y respuesta ciudadana
La concentración de licencias de importación de combustibles en manos de GAESA, los Castro y otros testaferros del régimen garantiza que el flujo de recursos energéticos continúe enriqueciendo a la élite militar y política, en detrimento del desarrollo de un verdadero sector privado. Para la ciudadanía común, esta medida no se traducirá en una mejora tangible en el suministro de combustible ni en la reactivación de la economía. La estrategia del régimen es clara: crear una falsa sensación de pluralidad económica para apaciguar la presión social y captar remesas, sin ceder un ápice del poder real.
La comunidad internacional, especialmente el gobierno de Estados Unidos, enfrenta el desafío de auditar con rigor la verdadera naturaleza de estas «mipymes» para evitar que las políticas de alivio energético terminen financiando a la dictadura cubana y su maquinaria represiva. Mientras tanto, el pueblo cubano seguirá resistiendo las consecuencias de un sistema que privatiza las ganancias para unos pocos y socializa la miseria para la mayoría. La indignación popular crece ante la visible desigualdad entre los privilegiados que acceden a divisas y combustibles, y la mayoría que sobrevive en la indigencia, augurando un escenario de mayor tensión social en el corto plazo.
