La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA), único proveedor legal de servicios telefónicos y de internet en la isla, ha ingresado 24.839.866 dólares en apenas 46 días tras la implementación de su polémico esquema tarifario. Las autoridades de la isla han celebrado el aumento de la recaudación, que pasa de 10.000 a 540.000 dólares diarios, en medio de un profundo rechazo social que ha derivado en protestas estudiantiles y un creciente descontento ciudadano por la mercantilización de un servicio básico.
El primer ministro del régimen de La Habana, Manuel Marrero Cruz, fue el encargado de ofrecer las cifras durante su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. El gobernante detalló que los nuevos ingresos, resultado directo de las medidas restrictivas aplicadas a finales de mayo, permitirán supuestamente la «recuperación gradual de las infraestructuras de telecomunicaciones del país, nuevas contribuciones y ampliar y desarrollar sus servicios con nuevas tecnologías». Sin embargo, esta promesa contrasta con la histórica falta de transparencia en la gestión estatal de los recursos.
Marrero justificó la drástica medida alegando que ETECSA ha experimentado pérdidas superiores a los 500 millones de dólares anuales durante los últimos tres años. Además, el ejecutivo cubano responsabilizó a la «acumulación de deudas» y a la «competencia desleal de operadores ilegales en el exterior» por el deterioro financiero de la empresa monopolista. Según sus declaraciones, de cada 20 dólares generados por la venta de recargas internacionales, 18 eran captados por canales ajenos al control estatal, lo que motivó al gobierno a endurecer sus políticas de captación de divisas.
Aunque el primer ministro aseguró que las exportaciones de servicios de telecomunicaciones cerraron el primer semestre con un crecimiento del 3,5%, no pudo eludir el costo social y político de la medida. Marrero admitió «errores conocidos por todos sobre la forma en que se condujo la implantación y su estrategia política y comunicacional», reconociendo que estas decisiones «provocaron justas inconformidades que han sido atendidas». Esta es una rara concesión por parte de la cúpula de poder, habitualmente reacia a admitir fallos en sus políticas públicas.
Diapositiva presentada por Marrero Cruz durante su intervención ante el Parlamento (Captura de pantalla)
El llamado «tarifazo», anunciado el 30 de mayo, estableció un cerco asfixiante para los usuarios que no tienen acceso a divisas extranjeras. La medida limita a una sola recarga mensual en pesos cubanos (CUP), con un tope de 360 CUP, forzando a la población a adquirir planes alternativos en dólares estadounidenses para mantener una conectividad mínima. Esta decisión ha generado un apartheid digital en la isla, donde el acceso a la información y la comunicación con el exterior se ha convertido en un privilegio reservado para quienes reciben remesas o tienen vínculos con el sector turístico o empresarial de capital extranjero.
El estallido estudiantil y la respuesta social
La impopularidad de la medida trascendió las quejas cotidianas y se materializó en un movimiento de protesta liderado inicialmente por estudiantes universitarios. Lo que comenzó como pronunciamientos canalizados a través de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU) —organización históricamente alineada con el poder— se transformó rápidamente en una plataforma de exigencia descentralizada. Se convocaron paros, se emitieron comunicados independientes y se organizaron acciones colectivas que cuestionaron abiertamente los precios del acceso a internet y la opacidad de las políticas públicas del gobierno cubano.
Desde facultades de Filosofía, Historia y Sociología de la Universidad de La Habana hasta la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas, el descontento estudiantil puso contra las cuerdas a la dictadura cubana. Los jóvenes no solo denunciaron el alza desproporcionada de las tarifas, sino que aprovecharon el espacio para evidenciar el profundo deterioro del sistema educativo universitario, marcado por el hacinamiento, la falta de alimentación adecuada en los comedores escolares y la ausencia de materiales básicos para la docencia.
Quinto Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea Nacional del #PoderPopular, en su X Legislatura
La respuesta institucional a este descontento, que incluyó llamados a un «parón total de recargas», obligó a ETECSA a realizar mínimas concesiones, aunque la estructura esencial del tarifazo se mantiene intacto. La dictadura cubana, acostumbrada a silenciar cualquier forma de disidencia mediante la represión y la censura, se vio en la obligación de retroceder parcialmente en su discurso ante la capacidad de movilización de un sector social clave como es el estudiantado universitario.
Contexto de crisis sistémica y extractivismo estatal
El cobro exorbitante por parte de ETECSA no es un fenómeno aislado, sino un síntoma más de la profunda crisis estructural que asola a la isla. La economía cubana atraviesa un proceso de hiperinflación, desabastecimiento crónico y fragmentación monetaria que ha empobrecido a la gran mayoría de la población. Ante la incapacidad del régimen de La Habana para generar riqueza mediante la producción nacional, el Estado ha recurrido a un extractivismo sistemático de las divisas que ingresan al país a través de las remesas y el exilio.
En este contexto, ETECSA funciona no solo como una empresa de telecomunicaciones, sino como una de las principales máquinas de captación de divisas del país. El internet, vital para el desarrollo personal, el emprendimiento y la conexión de las familias separadas por el masivo éxodo migratorio de los últimos años, es utilizado como un instrumento de chantaje financiero. La limitación de las recargas en moneda nacional obliga a los cubanos de a pie a depender de sus familiares en el extranjero para poder navegar, profundizando la dependencia económica y la desigualdad social.
Además, las pérdidas millonarias admitidas por Marrero evidencian el colapso de la infraestructura pública en la isla, resultado de décadas de mala gestión, corrupción endémica y falta de inversión. El promesa de destinar los nuevos 24 millones de dólares a la mejora de las redes se antoja irónica para una población que sufre apagones eléctricos prolongados, colapsos en el sistema de acueductos y una atención médica en franco deterioro, sectores que también requieren de inversión urgente pero que son sistemáticamente desatendidos por las autoridades.
Implicaciones a futuro
La recaudación de casi 25 millones de dólares en poco más de un mes y medio demuestra que el tarifazo, desde una perspectiva estrictamente recaudatoria, ha sido un éxito para las arcas del Estado. Sin embargo, el costo político y social podría ser incalculable. El cercenamiento del acceso a internet afecta directamente la ya mermada productividad del sector privado y limita la capacidad de los ciudadanos para informarse y organizarse.
El movimiento estudiantil ha sentado un precedente peligroso para el gobierno cubano. Ha demostrado que, a pesar del aparato represivo y el control ideológico, la indignación ciudadana puede superar los cauces institucionales oficiales cuando las medidas económicas afectan la supervivencia y el desarrollo básico. La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos digitales deberán prestar atención a cómo el régimen de La Habana continúa utilizando el acceso a las telecomunicaciones como una herramienta de control social y extorsión financiera, en detrimento del derecho a la comunicación de millones de cubanos.
