Mientras la población cubana sufre apagones que superan las 20 horas diarias y sobrevive a repetidos colapsos del sistema electroenergético nacional, el gobierno cubano y organismos de cooperación internacional concentran sus esfuerzos y recursos financieros en la modernización tecnológica de hoteles en Varadero y Jardines del Rey. La dictadura prioriza la eficiencia energética de la industria turística sobre las necesidades básicas de los ciudadanos, evidenciando una vez más el desprecio institucional hacia el bienestar de la población.
En medio de la peor crisis energética y económica que ha atravesado la Isla en las últimas décadas, el régimen de La Habana ha impulsado un proyecto internacional destinado a optimizar el consumo eléctrico en 16 instalaciones hoteleras del Ministerio de Turismo. Ubicados en los enclaves de Varadero, en la provincia de Matanzas, y Jardines del Rey, en Ciego de Ávila, estos complejos turísticos están siendo equipados con sistemas automatizados de medición del consumo eléctrico, sensores de última generación y estaciones meteorológicas automáticas. Esta tecnología de punta, inaccesible para cualquier infraestructura civil o comunitaria, permite supervisar en tiempo real el gasto energético y construir modelos detallados para la certificación de normas de gestión energética dentro del sector estatal.
El contraste entre la modernidad impuesta en los polos turísticos y la precariedad del resto del país es estremecedor y revela las verdaderas prioridades del Estado. Mientras los hoteles de sol y playa reciben convertidores de señales y software de monitoreo avanzado, los barrios residenciales, hospitales y escuelas de Cuba dependen de una red eléctrica obsoleta, ineficiente y crónicamente subfinanciada. La Unión Eléctrica ha reconocido, casi con resignación burocrática, que en la capital los cortes no programados superan a menudo las nueve horas diarias, y en varias provincias del interior las familias apenas disponen de dos a cuatro horas de electricidad al día. Es una realidad donde el acceso a la energía se ha convertido en un lujo, no en un derecho fundamental.
Detrás de esta millonaria inversión en el sector hotelero se encuentra el denominado Proyecto Internacional Turismo Sostenible, una iniciativa diseñada a largo plazo por el gobierno cubano pero validada y financiada por organismos internacionales. El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) describe esta gestión como un esfuerzo de seis años para incorporar la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad en zonas costeras marino-vulnerables. Sin embargo, la narrativa oficial oculta que el verdadero beneficiario es el aparato turístico estatal, que necesita mantener su competitividad y atraer divisas extranjeras, aún a costa de ignorar la emergencia humanitaria que se vive fuera de los lujosos resort.
El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) son los principales financiadores de esta apuesta. El argumento esgrimido por estas instituciones y replicado por la propaganda oficialista es que la denominada «industria sin humo» constituye una fuente vital de ingresos para el país y que su crecimiento desmesurado podría afectar el entorno natural. Por ello, se busca impulsar una transición energética en los hoteles mediante fuentes limpias y inversión en eficiencia. No obstante, la pregunta ética fundamental permanece ausente en los documentos oficiales: ¿cómo se puede hablar de sostenibilidad ambiental y ahorro energético en hoteles climatizados cuando la población se ve obligada a talar árboles para cocinar con leña o carbón ante la falta de corriente eléctrica?
La respuesta del régimen de La Habana a esta disyuntiva es la priorización absoluta del capital extranjero y el turismo sobre la calidad de vida de los cubanos. Los hoteles de Varadero y Cayo Coco continúan siendo los primeros en recibir energía, ya sea mediante la prioridad en el despacho eléctrico nacional o a través de generadores propios. Esta política discriminatoria garantiza que las áreas turísticas permanezcan iluminadas, con piscinas climatizadas y buffets abundantes, mientras amplias zonas residenciales permanecen a oscuras, sufriendo el deterioro de alimentos perecederos, la falta de bombeo de agua potable y el sofocante calor tropical sin ventilación artificial.
La crisis estructural del sistema energético cubano no es un fenómeno reciente, pero ha alcanzado niveles de colapso total. En el último año, la Isla ha experimentado al menos cinco desconexiones nacionales que han dejado al país completamente a oscuras, evidenciando la fragilidad de una infraestructura basada en termoeléctricas envejecidas, falta de mantenimiento adecuado y ausencia de piezas de repuesto. A esto se suman los devastadores impactos de fenómenos meteorológicos recientes sobre la infraestructura del oriente cubano, cuya recuperación bajo la ineficiente gestión estatal podría tardar décadas, profundizando la miseria de esas provincias.
En este contexto de emergencia nacional, la decisión de canalizar fondos internacionales y capacidades técnicas hacia la mejora del desempeño energético de hoteles no puede considerarse una política neutra o meramente técnica. Es una declaración de intenciones del gobierno cubano. Mientras el Ministerio de Turismo se erige como el mayor beneficiario de proyectos de cooperación internacional, la población queda a merced de un sistema en ruinas. El diseño de estos programas excluye deliberadamente a las comunidades, centros de salud y barrios que sufren la emergencia energética en carne propia, negándoles acceso a tecnologías de monitoreo, ahorro y eficiencia que podrían aliviar dramáticamente su situación cotidiana.
Los defensores de este tipo de cooperación internacional argumentan que cada kilovatio ahorrado en los hoteles libera capacidad para otros sectores de la economía. Esta lógica macroeconómica, sin embargo, choca frontalmente con la realidad micro de la dictadura cubana: la liberación de capacidad rara vez se traduce en beneficios tangibles para el pueblo. El ahorro energético en los enclaves turísticos suele ser absorbido por la ineficiencia del sistema central, las altas pérdidas en transmisión, o simplemente desviado hacia otras prioridades del aparato estatal, dejando a los ciudadanos exactamente en la misma situación de penuria y oscuridad.
Contexto sobre la crisis energética y el turismo en Cuba
La dependencia del turismo como motor económico ha sido una constante en la estrategia de supervivencia del régimen de La Habana, especialmente tras la caída de la ayuda soviética y la profunda crisis de los años noventa. Sin embargo, la centralización planificada y la falta de incentivos han llevado al sector a un callejón sin salida. La infraestructura turística se mantiene a flote únicamente mediante inyecciones de capital y tecnología extranjera, mientras que la infraestructura civil, diseñada en teoría para servir a la población, se desmorona por la falta de inversión, la corrupción institucionalizada y el abandono sistemático.
El sistema eléctrico cubano, bajo la gestión monopolística de la Unión Eléctrica, es el reflejo más claro del fracaso del modelo estatal centralizado. Las plantas termoeléctricas operan muy por debajo de su capacidad instalada, las redes de transmisión sufren pérdidas significativas debido a su antigüedad, y la generación distribuida es completamente insuficiente para cubrir la demanda nacional. Ante la incapacidad de generar soluciones estructurales, la dictadura ha optado por administrar la escasez mediante apagones programados y no programados, afectando gravemente los derechos humanos básicos de la población, incluyendo el acceso a la salud, la educación y la alimentación adecuada. En este escenario crítico, los hoteles funcionan como burbujas de privilegio, aisladas del colapso nacional y sostenidas por la prioridad institucional que garantiza la captación de divisas.
Un futuro a oscuras mientras el régimen busca ingresos
La implementación de sistemas de medición eléctrica de última generación en los hoteles de Varadero y Jardines del Rey es la metáfora perfecta de la desigualdad estructural que impera en Cuba bajo la dictadura. Mientras el régimen de La Habana se esfuerza por presentar una fachada de modernidad y sostenibilidad ante la comunidad internacional para asegurar la llegada de turistas y financiamiento, el pueblo cubano continúa sumido en la oscuridad, luchando diariamente por sobrevivir sin acceso a los servicios más básicos y esenciales.
La cooperación internacional, al financiar proyectos que excluyen a la población civil y benefician directamente a las empresas estatales del turismo, se convierte en un cómplice pasivo de esta dinámica de exclusión y control. El verdadero desarrollo sostenible no puede construirse sobre la base de hoteles iluminados rodeados de barrios en penumbras. Mientras el gobierno cubano no reconozca el fracaso de su modelo centralizado y priorice la vida y el bienestar humano sobre el ingreso de divisas, Cuba seguirá siendo una isla de dos velocidades: una para el turista extranjero y otra, mucho más cruda, desesperada y silenciada, para los cubanos de a pie.
