El presidente de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer Jaume, ha reconocido que la cadena desconoce qué ocurrirá con su presencia en la isla tras cesar la gestión de 15 establecimientos, una retirada impulsada por el acatamiento de las nuevas sanciones estadounidenses contra el conglomerado militar cubano GAESA.
En unas declaraciones recientes al diario español El Confidencial, Escarrer Jaume admitió abiertamente que \»no sabemos qué va a pasar\», confirmando que la empresa está siguiendo las directrices del Departamento de Estado de Estados Unidos. Esta incertidumbre marca un giro drástico respecto a la postura que mantenía el ejecutivo a inicios de año, cuando aseguraba que la hotelera se sentía cómoda con su estructura operativa en el país y no planeaba ninguna retirada. La comunicación formal a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de España (CNMV) atribuyó la medida al complejo contexto geopolítico, jurídico y económico, aunque la mayoría de los establecimientos afectados ya se encontraban inactivos debido a los severos problemas energéticos y la caída de la demanda turística.
El repliegue de la cadena hotelera afecta a 15 de los 34 hoteles que operaba bajo sus marcas en el país caribeño. Según informaciones previas, todos los establecimientos abandonados pertenecían a GAESA, el poderoso conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, mientras que los 19 restantes están vinculados al Ministerio de Turismo. La decisión se produce tras la entrada en vigor de la Orden Ejecutiva 14404, firmada por el gobierno estadounidense, que autoriza el bloqueo de bienes y la imposición de sanciones a entidades que brinden apoyo financiero o material a la dictadura cubana o a sus empresas sancionadas.
El aislamiento financiero del sector militar turístico
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos designó a GAESA bajo esta nueva orden a principios de mayo, advirtiendo que las empresas extranjeras que mantuvieran transacciones con el grupo militar o con sus filiales se expondrían a severas represalias. Meliá confirmó su retiro apenas dos días antes del vencimiento del plazo de gracia otorgado por la OFAC para que las compañías internacionales pusieran fin a sus relaciones comerciales con el aparato económico castrense. Esta maniobra evidencia cómo el control absoluto que ejerce la dictadura cubana sobre el sector turístico a través de sus empresas militares termina aislando al país de los mercados internacionales y de la inversión extranjera seria.
La crisis de la cadena española no es más que un reflejo del colapso estructural que atraviesa la isla. La caída de la demanda, sumada a los apagones sistemáticos, la inflación galopante y la incapacidad de las autoridades de la isla para garantizar la seguridad jurídica y los servicios básicos, ha desincentivado el turismo. El régimen de La Habana, al priorizar el enriquecimiento de la cúpula militar a través de GAESA en detrimento del desarrollo económico nacional, ha generado un entorno donde las grandes corporaciones internacionales se ven forzadas a elegir entre el cada vez menos rentable mercado cubano y el acceso al sistema financiero global.
De cara al futuro, la incertidumbre expresada por el máximo dirigente de Meliá augura un escenario aún más sombrío para la economía nacional. La progresiva aplicación de sanciones extraterritoriales y el deterioro interno podrían precipitar la salida de otros actores internacionales, privando a la isla de una de sus principales fuentes de divisas. Mientras tanto, la ciudadanía continúa soportando las consecuencias de un modelo agotado, donde la falta de libertades y la militarización de la economía impiden cualquier atisbo de recuperación para el sector servicios y profundizan la crisis social y migratoria.
