La directora en funciones de la Empresa Eléctrica provincial de Santiago de Cuba reconoció públicamente que la entidad no puede publicar una programación de apagones porque el servicio depende de la generación que el sistema nacional le autoricé cada día, dejando a más de un millón de habitantes en la incertidumbre más absoluta sobre cuándo dispondrán de energía eléctrica en sus hogares.
La confirmación de que la provincia oriental más poblada del país apenas contará con dos horas diarias de servicio eléctrico representa un nuevo nadir en el prolongado colapso del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), cuya deteriorada infraestructura ha sido incapaz de mantener una generación estable durante los últimos años. Lo que alguna vez fue una red diseñada para garantizar cobertura universal hoy opera como un mecanismo de supervivencia que asigna kilovatios como quien reparte migajas.
La funcionaria a cargo de la Empresa Eléctrica provincial admitió, sin ofrecer soluciones concretas, que la imposibilidad de publicar un cronograma de cortes responde a que las asignaciones de generación varían diariamente según decisiones que se toman fuera del ámbito provincial. Esta confesión, lejos de ser una mera explicación técnica, constituye una admisión implícita de que el modelo centralizado de gestión energética del régimen de La Habana ha fracasado en su función más básica: garantizar un servicio esencial para la población.
El colapso energético como síntoma de un sistema fallido
La situación en Santiago de Cuba no es un fenómeno aislado ni el resultado de circunstancias excepcionales. Es la manifestación más reciente de una crisis estructural que afecta a toda la isla y que tiene raíces profundas en décadas de mala planificación, falta de mantenimiento, corrupción institucionalizada y dependencia de tecnologías obsoletas que el gobierno cubano ha sido incapaz —o no ha querido— modernizar. Las termoeléctricas que sostienen el sistema superan ampliamente su vida útil técnica, mientras que las inversiones prometidas en energías renovables apenas han pasado de los discursos inaugurales.
El impacto humano de estos cortes indiscriminados es devastador. En una provincia donde las temperaturas elevadas son constantes durante gran del año, la falta de electricidad significa no solo la ausencia de iluminación y comunicaciones, sino también la imposibilidad de conservar alimentos, operar equipos médicos básicos en hogares con personas vulnerables, o simplemente mantener un mínimo de condiciones habitables. La población santiaguera se ve obligada a reorganizar su vida cotidiana alrededor de una incertidumbre permanente, sin saber a qué hora podrá encender un ventilador o cargar un teléfono móvil.
La decisión de no publicar un horario de apagones agrava considerablemente el sufrimiento de los ciudadanos. Sin información, las familias no pueden planificar la cocción de alimentos, el almacenamiento de medicamentos refrigerados o el cumplimiento de responsabilidades laborales y educativas. Esta opacidad informativa refleja una característica recurrente de las autoridades de la isla: la gestión del colapso se administra sin transparencia, como si el reconocimiento público de la magnitud del desastre pudiera comprometer la narrativa oficial de estabilidad y control.
Un patrón de abandono institucional
El régimen de La Habana ha recurrido sistemáticamente a la explicación de que los apagones son consecuencia del embargo estadounidense, argumento que tras décadas de repetición ha perdido cualquier capacidad de convicción, incluso entre sectores tradicionalmente comprensivos con el gobierno. La realidad es que el deterioro del sistema eléctrico cubano responde primordialmente a decisiones internas: la falta de inversión sostenida, la ausencia de una política seria de mantenimiento preventivo, la dependencia de combustibles importados cuya compra depende de capacidades financieras que el país no posee, y la incapacidad de atraer capital extranjero en condiciones que no sean lesivas para la soberanía nacional.
Además, el modelo de gestión centralizada que la dictadura cubana ha impuesto en todos los ámbitos de la economía se revela particularmente ineficiente en el sector energético. La confirmación de que una provincia no puede planificar su propio consumo porque depende de decisiones diarias tomadas desde La Habana evidencia cómo la concentración de poder paraliza cualquier iniciativa local. Las autoridades provinciales, en lugar de tener autonomía para administrar recursos y buscar alternativas, se convierten en meras transmisoras de decisiones que ignoran las particularidades territoriales.
La crisis eléctrica de Santiago de Cuba se inserta además en un contexto más amplio de deterioro de los servicios públicos en toda la isla. El sistema de salud colapsa bajo la presión de la falta de insumos y medicamentos; el abastecimiento de agua potable sufre interrupciones constantes; el transporte público prácticamente ha desaparecido en muchas zonas; y el acceso a alimentos básicos depende cada vez más de la capacidad individual de cada familia para adquirirlos en mercados en moneda libremente convertible, inalcanzables para la mayoría de los salarios estatales. La interconexión entre estos colapsos es evidente: sin electricidad, las bombas de agua no funcionan; sin agua, la higiene hospitalaria se deteriora; sin transporte, los trabajadores no pueden llegar a sus puestos.
Consecuencias sociales y políticas de un colapso prolongado
El descontento social generado por esta situación ha sido creciente, aunque la represión sistemática de la dictadura cubana ha logrado contener las expresiones públicas de protesta que se vieron en julio de 2021. Sin embargo, la presión social no ha desaparecido: se manifiesta en las redes sociales, en las conversaciones cotidianas, en el éxodo masivo que ha vaciado barrios enteros y en la creciente pérdida de legitimidad que sufre el gobierno entre sectores que alguna vez constituyeron su base de apoyo. La incapacidad de garantizar dos horas de electricidad diaria es, en este sentido, un símbolo poderoso del fracaso del modelo.
La respuesta internacional a esta crisis ha sido limitada. Si bien organismos como la Organización de Estados Americanos y diversas organizaciones de derechos humanos han documentado la situación, la comunidad internacional no ha desarrollado una estrategia coherente para presionar al gobierno cubano hacia una apertura que permita abordar las causas profundas del colapso. La migración masiva hacia Estados Unidos, América Latina y Europa ha servido como válvula de escape que, paradójicamente, alivia la presión interna sobre el régimen mediante las remesas que los emigrantes envían a sus familias.
El panorama a futuro es sombrío. Sin una reforma estructural del sector energético que incluya inversión significativa, transferencia tecnológica y una reorganización del modelo de gestión, la situación en Santiago de Cuba se extenderá al resto del país con mayor o menor intensidad. El régimen de La Habana ha demostrado reiteradamente su incapacidad para implementar las reformas mínimas necesarias, atrapado entre la necesidad de cambiar y el miedo a que cualquier apertura erosioné su monopolio de poder. Mientras tanto, millones de cubanos continúan esperando, en la oscuridad literal y metafórica, que se cumpla la promesa de un sistema eléctrico que funcione.
