La ola de protestas estudiantiles en Cuba contra el alza de tarifas impuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba S.A. (ETECSA) continúa expandiéndose y cobrando una dimensión de desafío institucional sin precedentes en los últimos años. En las últimas horas, las facultades de Biología de la Universidad de La Habana y de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) del Instituto Superior de Arte (ISA) se han sumado al paro académico, exigiendo la revocación de las medidas restrictivas y la renuncia del presidente nacional de la Federación Estudiantil Universitaria (FEU), Ricardo Rodríguez González, a quien señalan de silenciar las demandas legítimas del estudiantado y actuar como un apéndice del poder.
La Facultad de Biología se pronunció mediante un comunicado leído desde uno de sus salones, donde sus estudiantes declararon formalmente su adhesión a la huelga iniciada por la Facultad de Matemática y Computación (MATCOM) y secundada por Filosofía e Historia y Letras. En su declaración, los jóvenes desconocieron la representatividad de Rodríguez González, señalando que la dirigencia estudiantil oficial ha demostrado una incapacidad absoluta para defender los derechos de la comunidad universitaria frente a las decisiones arbitrarias del régimen de La Habana. La exigencia de su renuncia inmediata se basa en su demostrada falta de apoyo al estudiantado durante este conflicto.
El pronunciamiento de los estudiantes de Biología también rechazó de manera contundente las recientes declaraciones del presidente de la FEU, quien desde sus redes sociales intentó deslegitimar el movimiento señalando la supuesta injerencia de «sectores enemigos de la Revolución». Los alumnos replicaron de forma directa: «Nuestras posturas no están influenciadas ni manipuladas por agentes externos». Con esta afirmación, los estudiantes denunciaron el intento habitual del gobierno cubano de criminalizar cualquier manifestación de descontento social, recurriendo al estigma del «enemigo externo» para evadir la responsabilidad sobre las políticas que generan el reclamo.
De igual forma, la Facultad de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual (FAMCA) emitió un comunicado tajante tras una votación mayoritaria de su estudiantado. En el texto, repudiaron las medidas de recorte establecidas «impunemente y con total falta de transparencia» por ETECSA el 30 de mayo de 2025. Dichas medidas incluyen la severa limitación de las recargas en moneda nacional y la dolarización obligatoria de los paquetes de datos móviles, una decisión que afecta directamente el derecho a la comunicación de millones de cubanos que no tienen acceso a divisas.
Los estudiantes de FAMCA exigieron un encuentro público y abierto con los responsables principales de la empresa estatal de telecomunicaciones, cuestionando la legalidad de la opacidad en estos procesos que afectan a toda la colectividad. Asimismo, advirtieron sobre el asedio y las presiones con consecuencias escolares severas que suelen surgir en contextos de desacuerdo. Reiteraron su apoyo al denominado Manifiesto Universitario II de la FEU-FHS y declararon la «no docencia» a partir de este miércoles, manteniendo el paro hasta que sus demandas de revocación de las tarifas y diálogo transparente sean debidamente atendidas.
La respuesta institucional no se ha hecho esperar y ha mantenido la línea autoritaria característica de la dictadura cubana frente a la disidencia. La Universidad de La Habana emitió un comunicado en el que advierte que «nada ni nadie interrumpirá nuestros procesos docentes», desautorizando de facto el paro estudiantil y criminalizando la huelga. El texto de la máxima casa de estudios reafirma su sumisión al Partido Comunista de Cuba y al Gobierno, omitiendo por completo cualquier mención al derecho al disenso, la libertad de expresión o la legitimidad de las exigencias de su propia comunidad estudiantil, a la que supuestamente debe proteger.
Los estudiantes han sido enfáticos al subrayar que su movilización no responde a una búsqueda de privilegios corporativos, sino a la defensa del derecho universal de todos los ciudadanos a la comunicación, al conocimiento y a una internet accesible. La dolarización de la conectividad representa un muro infranqueable para la mayoría de la población en un país donde los salarios se pagan en una moneda nacional severamente devaluada. Lo que está en juego no es solo el presupuesto de un universitario, sino la capacidad de toda la sociedad para mantenerse informada y vinculada con el mundo.
El tarifazo en medio del colapso económico y la desconexión forzada
La medida de ETECSA no ocurre en el vacío, sino en el marco de una profunda crisis estructural que asfixia a la isla. La inflación galopante, la escasez crónica de productos básicos, los apagones prolongados y la fragmentación del mercado interno entre quienes tienen acceso al dólar y quienes sobreviven con pesos cubanos, han convertido cualquier servicio dolarizado en un artículo de lujo. Para el cubano promedio, pagar la conectividad en moneda extranjera implica destinar la totalidad de un salario mensual, o incluso más, solo para mantener un acceso básico a la red, algo insostenible para la economía familiar.
El acceso a internet se ha convertido en una necesidad vital para las familias cubanas, especialmente tras el éxodo migratorio masivo de los últimos años que ha fracturado a la sociedad. La conectividad es el único puente con los familiares que partieron, así como una herramienta indispensable para el trabajo informal, la educación a distancia y el acceso a información no controlada por el aparato propagandístico del Estado. Al restringir las recargas en moneda nacional, las autoridades de la isla están cercenando el principal medio de comunicación de la población más vulnerable, profundizando el aislamiento social.
El control del estudiantado y el quiebre del miedo institucional
El desconocimiento de la dirigencia de la FEU marca un hito significativo en el panorama universitario cubano. Históricamente, la Federación Estudiantil Universitaria ha funcionado como un brazo del Partido Comunista, utilizado para blindar las políticas gubernamentales dentro de los campus y sofocar cualquier intento de crítica. La exigencia de renuncia de Ricardo Rodríguez González por parte de múltiples facultades evidencia una ruptura sin precedentes con esta estructura de control vertical, en la cual los líderes estudiantiles suelen ser seleccionados por su afinidad al régimen antes que por su representatividad genuina.
El movimiento estudiantil actual también debe leerse a la luz de los acontecimientos del 11 de julio de 2021 y las protestas del 27 de noviembre de 2020. En ambas jornadas, el acceso a internet y las redes sociales jugó un papel crucial en la organización y visibilización del descontento. El régimen aprendió entonces que la conectividad es un arma de doble filo para el control social. Limitar el acceso a los datos móviles en moneda nacional no es solo una medida de recaudación en medio de la bancarrota del Estado, sino también un mecanismo sutil de censura y contención de posibles estallidos sociales.
Implicaciones y consecuencias de un conflicto sin salida institucional
La negativa de la Universidad de La Habana y del ejecutivo cubano de entablar un diálogo genuino augura un escenario de mayor tensión. Si la dictadura opta por la vía de las represalias académicas, la expulsión o la persecución de los líderes estudiantiles, podría desencadenar una crisis de legitimidad aún mayor frente a la comunidad internacional y en el interior de la isla. La represión a estudiantes universitarios por exigir derechos económicos y de comunicación tendría un alto costo político para un sistema de poder que ya enfrenta un descrédito profundo por su gestión de la crisis.
El paro universitario sigue su curso y la pelota está en la cancha del gobierno cubano y de la cúpula de ETECSA. La sociedad civil observa con atención cómo se desarrolla este pulso entre un estudiantado que reclama transparencia y un aparato estatal acostumbrado a imponer sus decisiones sin rendición de cuentas. Lo que comenzó como un reclamo contra un tarifazo telefónico se ha transformado rápidamente en una prueba de fuego para las libertades de expresión y asociación en la Cuba actual, dejando al descubierto la desconexión total entre las necesidades reales de la ciudadanía y las prioridades de un Estado fallido.
