En medio de un creciente clima de tensión en los campus universitarios de la isla, un grupo de estudiantes de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) emitió una contundente declaración pública denunciando la vigilancia, la censura y la complicidad institucional durante las recientes protestas contra el alza de tarifas impuesta por la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA). El pronunciamiento exige el retiro de las fuerzas de seguridad del recinto académico y la formación de una comisión independiente para investigar las represalias.
El texto, difundido a petición del colectivo estudiantil a través de la académica Alina Bárbara López Hernández, aprovechó la coincidencia con la celebración del Modelo de Naciones Unidas Orbis 2025, un evento diplomático organizado por la propia universidad. Los firmantes utilizaron este contraste para evidenciar las profundas contradicciones entre el discurso oficial proclamado en el evento y la realidad represiva que se vive cotidianamente en las aulas y áreas comunes del campus.
En su pronunciamiento, los universitarios reafirman su voluntad de mantener un «diálogo constructivo y el bienestar colectivo», pero cuestionan de frente la política de la empresa estatal de telecomunicaciones. Argumentan que el tarifazo contradice abiertamente los principios de equidad que el propio sistema proclama, señalando de manera directa que una empresa estatal socialista, teóricamente patrimonio del pueblo, no puede legitimar la desigualdad económica ni lo que han calificado como un «apartheid informativo» que excluye a los sectores más vulnerables.
Las exigencias estudiantiles se articulan en cinco puntos fundamentales que resumen el malestar acumulado. En primer lugar, demandan la suspensión inmediata del incremento de las tarifas de conectividad. Asimismo, exigen el cese absoluto de la censura y la salida inmediata de los agentes de la seguridad del Estado del recinto universitario, exigiendo que se devuelva la autonomía académica al campus. Finalmente, solicitan la conformación de una comisión independiente que investigue las represalias tomadas contra los manifestantes y las presuntas prácticas clientelares dentro de la institución.
Vigilancia y criminalización del pensamiento crítico
La denuncia sobre la presencia de fuerzas de seguridad y actos de repudio dentro de la universidad subraya el nivel de criminalización que la dictadura cubana ha implementado frente a la disidencia pacífica. La vigilancia académica no es un fenómeno nuevo, sino una herramienta sistemática del régimen de La Habana para amedrentar a cualquier brote de pensamiento crítico, utilizando el miedo, la amenaza de expulsión y la persecución política como métodos de control social contra la juventud.
Como cierre simbólico de su declaración, los estudiantes citaron la histórica frase del líder del Partido Ortodoxo Cubano, Eduardo Chibás: «Vergüenza contra Dinero». Este mensaje apela a la ética frente a la corrupción y al modelo extractivo del Estado, haciendo un llamado explícito a la sociedad civil, la prensa independiente y a la comunidad internacional para que acompañen esta «lucha por la dignidad universitaria» y no permitan que las voces disidentes sean silenciadas en la oscuridad.
Este pronunciamiento desde Villa Clara no es un caso aislado, sino parte de una ola de protestas que ha recorrido la isla en los últimos días. Un creciente movimiento de rechazo al tarifazo ha involucrado a estudiantes de la Universidad de La Habana, así como a facultades en Santiago de Cuba, Holguín, Guantánamo y la propia Villa Clara. La coordinación de estos pronunciamientos demuestra que el descontento universitario es una respuesta articulada y madura ante políticas estatales que marginan a la juventud y restringen su derecho fundamental a la información.
El impacto del tarifazo en una economía colapsada
El detonante inmediato de esta crisis académica es la decisión de las autoridades de la isla de elevar drásticamente las tarifas de internet y telefonía de ETECSA, estableciendo pagos en moneda libremente convertible (MLC) o dólares. En un país donde el salario medio estatal no supera el equivalente a unos pocos dólares mensuales, este tarifazo coloca el acceso a la red fuera del alcance de la inmensa mayoría de la población, afectando directamente la capacidad de los estudiantes para investigar, comunicarse y formarse académicamente en igualdad de condiciones.
Esta política de ETECSA encaja de manera perfecta en la crisis estructural y multifactorial que atraviesa la nación. La economía cubana sufre una hiperinflación galopante, un desabastecimiento crónico de productos básicos, una profunda crisis del sistema eléctrico que paraliza la vida cotidiana y una total incapacidad para garantizar servicios públicos mínimos. Ante la ineficiencia del ejecutivo cubano para generar riqueza o atraer inversión sin ceder su monopolio político, el Estado ha recurrido a mecanismos de extracción directa de divisas de la población, penalizando el acceso a servicios vitales como la conectividad.
El acceso a internet en Cuba es, además de una herramienta de estudio, la única vía para escapar del cerco informativo impuesto por el monopolio estatal de los medios de comunicación. Al encarecer la red, el gobierno cubano no solo busca financiar su ineficiente maquinaria estatal, sino que profundiza el aislamiento de la ciudadanía, dificultando la organización cívica y el acceso a información veraz. Los estudiantes han comprendido esto y han elevado su protesta de un reclamo económico a una exigencia de derechos civiles.
Antecedentes de represión y éxodo juvenil
Históricamente, las universidades cubanas han sido espacios de control férro por parte del Estado, pero también han sido semilleros de importantes movimientos cívicos. Las protestas del 27 de noviembre de 2020 frente al Ministerio de Cultura, o la activa participación estudiantil durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021, demostraron el potencial crítico de la academia. La respuesta institucional ha sido invariablemente la represión, la vigilancia, la expulsión y el exilio forzado de líderes estudiantiles y profesores.
Hoy, frente a un contexto económico aún más devastador, la juventud universitaria se encuentra en una encrucijada insostenible. La falta de oportunidades, la represión constante y el hambre han impulsado un masivo éxodo migratorio que ha vaciado al país de su capital humano más preparado. Los estudiantes que deciden quedarse y alzar la voz, como los de la UCLV, lo hacen sabiendo que enfrentan un aparato estatal implacable y que sus futures profesionales pueden ser truncados por el simple hecho de exigir justicia.
La postura valiente de los estudiantes de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas marca un punto de inflexión en la actual coyuntura social. Al desafiar la censura y exigir rendición de cuentas, el movimiento estudiantil pone contra las cuerdas al gobierno cubano, que se enfrenta al dilema de reprimir abiertamente a la juventud —lo que generaría un mayor repudio internacional y descontento interno— o ceder ante demandas que cuestionan la viabilidad de su modelo económico centralizado. Lo que comenzó como un reclamo por tarifas de internet se ha transformado en una demanda de libertades y dignidad, un frente crítico que la comunidad internacional deberá observar de cerca mientras la crisis institucional y social de la isla se profundiza irremediablemente.
