La decisión unilateral de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) de elevar drásticamente sus tarifas ha desencadenado un paro estudiantil en la Universidad de La Habana, un movimiento que rápidamente se ha extendido a otras casas de altos estudios de la isla. La protesta, que exige la reversión de un aumento calificado de abusivo y excluyente, ha logrado articular un frente civil inédito en las últimas décadas, poniendo contra las cuerdas a las autoridades de la isla y reavivando un espíritu de reivindicación universitaria que se creía extinto.
El detonante de la movilización fue el anuncio repentino de ETECSA, el monopolio estatal de las telecomunicaciones, que impuso un tarifazo sin consulta previa. La medida agrava la ya precaria situación de conectividad en el país. Para el ciudadano común, que no dispone de abundante moneda nacional ni cuenta con familiares en el exterior que envíen remesas en dólares, el acceso a internet quedó severamente restringido. La política de la empresa estatal evidencia una vez más la profunda dependencia del régimen de La Habana respecto a las divisas que envía la emigración, creando un sistema de apartheid digital que penaliza a quienes no tienen acceso a la moneda convertible.
La respuesta desde la colina universitaria no se hizo esperar. Los estudiantes de la Universidad de La Habana convocaron un cese de actividades lectivas hasta que se revoque el incremento de precios. La iniciativa, pacífica pero de una firmeza inusual, encontró eco inmediato en facultades de otras provincias, consolidando un movimiento de dimensiones no vistas en la era posrevolucionaria. La medida de fuerza ha recibido el respaldo de artistas, académicos e intelectuales tanto dentro como fuera de la isla, generando una ola de solidaridad que el gobierno cubano intenta desesperadamente neutralizar.
La reacción de la dictadura cubana no se ha hecho esperar. La Seguridad del Estado ha desplegado operativos de hostigamiento y vigilancia contra los líderes estudiantiles, mientras el aparato oficialista orquesta una campaña para restar legitimidad a la protesta. La narrativa gubernamental recurre a la descalificación habitual, acusando a los manifestantes de estar financiados y orquestados desde el exterior. A esta maquinaria de descrédito se han sumado voces que cuestionan el silencio previo de los estudiantes frente a los apagones, la escasez de alimentos y medicinas, y la constante represión.
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Sin embargo, exigir que un sector específico de la sociedad asuma la representación de todas las demandas nacionales resulta un ejercicio mezquino que busca sembrar la culpa y el desaliento. El resto de los millones de cubanos que residen en la isla también sufren los apagones y la escasez, pero las protestas suelen diluirse por el miedo y la fragmentación social impuesta por el control estatal. El grito universitario ha sido el primero en romper esa inercia con una fuerza organizativa que sorprendió al ejecutivo cubano. La protesta no necesitó consignas políticas explícitas para adquirir ese cariz, pues la arbitrariedad de ETECSA es, en sí misma, una manifestación de la violencia económica y política del Estado contra la ciudadanía.
El reclamo de los jóvenes tiene una base material innegable. El acceso a internet es indispensable para la educación superior en un país donde la base material de estudio está deteriorada, es obsoleta o simplemente no existe. La bibliografía actualizada solo se encuentra en la red de redes. Imprimir los textos necesarios en los negocios privados cuesta entre 15 y 20 pesos por cuartilla, un gasto inasumible cuando un solo libro puede superar las cien páginas. A esto se suman los costos de transporte y alimentación, convirtiendo la carrera universitaria en una sangría económica para la media de las familias cubanas.
La profunda crisis económica ha obligado a muchos estudiantes a reducir su tiempo de estudio y descanso para emplearse en mipymes, bares y cafeterías, con el fin de aportar a la economía doméstica o financiar sus propios gastos académicos. Estos jóvenes, nacidos cuando el sistema político ya contaba con varias décadas de existencia, se sienten asfixiados por un modelo que no les ofrece horizonte. Su protesta contra el tarifazo de ETECSA no es una concesión al sistema, sino un acto de supervivencia y dignidad frente a un Estado que los empuja a la marginación y la dependencia.
Contexto: El colapso estructural y el apartheid digital
El conflicto con ETECSA no es un hecho aislado, sino un síntoma más del colapso estructural que atraviesa Cuba. La economía de la isla está sumida en una inflación galopante, con un mercado interno incapaz de abastecer las necesidades básicas y una infraestructura energética que colapsa diariamente, provocando cortes de electricidad prolongados. En este escenario, el régimen de La Habana ha optado por extraer divisas de la población a través de monopolios estatales como ETECSA, que funciona como una caja menor para un Estado en bancarrota que se declara incapaz de desarrollarse sin el flujo constante de dólares.
La dependencia de las remesas se ha convertido en el principal sostén del modelo económico cubano. Al imponer tarifas en dólares o exigir pagos exorbitantes en moneda nacional para navegar, las autoridades de la isla reconocen tácitamente su incapacidad para generar riqueza y su dependencia absoluta de la emigración que, paradójicamente, persigue y criminaliza cuando esta exige derechos políticos. El tarifazo telefónico y de datos es, en esencia, un impuesto a la comunicación familiar y al acceso a la información, en un país donde la censura ya limita severamente el flujo de noticias independientes.
Antecedentes: La pérdida de la autonomía universitaria
La actual protesta recupera una tradición de activismo estudiantil que el régimen había logrado silenciar durante décadas. Desde 1959, la universidad cubana perdió su autonomía y fue sometida al control del Partido Comunista, convirtiéndose en un espacio de adoctrinamiento más que de debate intelectual. La represión a movimientos estudiantiles en décadas posteriores garantizó la sumisión de las nuevas generaciones, que asistieron al deterioro de sus centros de enseñanza sin capacidad de respuesta institucional. Donde el poder esperaba resignación, ha encontrado un espíritu vibrante que emplaza a los esbirros disfrazados de docentes.
El espíritu de la protesta actual evoca la pregunta formulada por el artista y preso político Luis Manuel Otero Alcántara en su performance «¿Dónde está Mella?» (2017), donde cuestionaba la desaparición del busto del líder estudiantil Julio Antonio Mella del espacio que ocupara en la Manzana de Gómez, hoy transformada en un lujoso hotel. Mella, figura histórica de la izquierda cubana, parece haber retomado vigencia en estos jóvenes que defienden su derecho a la dignidad frente a un Partido Comunista que ha abandonado cualquier pretensión de justicia social para consolidarse como una maquinaria de control y represión.
El desenlace de esta movilización estudiantil marcará un precedente en la relación entre la dictadura cubana y la sociedad civil. Si el gobierno cede ante las demandas, abrirá una brecha en su política de tolerancia cero hacia la disidencia; si mantiene el tarifazo y reprime a los estudiantes, profundizará el descrédito internacional y el rechazo interno. Lo que comenzó como un reclamo por gigas de internet se ha transformado en la primera grieta significativa del control absoluto, demostrando que la universidad, a pesar de décadas de sometimiento, conserva la capacidad de articular una respuesta cívica frente a la humillación sistemática que impone el poder en Cuba.
