La Iglesia Evangélica Pentecostal de Cuba – Asambleas de Dios emitió un comunicado oficial en el que repudia el alza de tarifas impuesta por el monopolio estatal de telecomunicaciones, ETECSA. La institución religiosa se suma así a un movimiento cívico y estudiantil de alcance nacional que exige la reversión de una medida considerada lesiva para la población en medio de la profunda crisis económica que atraviesa la isla.
En un pronunciamiento público, la entidad cristiana calificó la decisión del régimen de La Habana como «desacertada» dentro del contexto actual de crisis existente en la Isla. La nota subraya que la feligresía evangélica está compuesta mayoritariamente por amas de casa, obreros, campesinos, estudiantes y jubilados, sectores que conforman la base social más golpeada por el desabastecimiento y la inflación galopante. Al alzar su voz, la iglesia reconoce que el incremento de tarifas no es un problema aislado de la comunidad estudiantil, sino un golpe directo a la economía de toda la familia cubana.
La institución religiosa ha exigido una respuesta por parte de ETECSA y del gobierno cubano que mitigue el perjuicio sobre la población. «En la actualidad, enfrentamos penurias complejas y difíciles. Por lo que consideramos que una carga adicional, como la que implican estas medidas, solo servirá para agravar una vez más la situación de nuestra nación», reza el texto. El comunicado, que concluye con un versículo bíblico sobre la unión, refleja la voluntad de articular el sentir religioso con el reclamo nacional en busca de una solución que traiga sosiego y paz a un país al borde del colapso material.
Repercusión en el ámbito religioso y social
El respaldo de las Asambleas de Dios ha tenido eco inmediato en otros líderes de la comunidad eclesial. Abdiel Morfa, vicepresidente de la Asociación Convención Bautista de Cuba Occidental, se sumó al reclamo a través de sus redes sociales. «Me sumo a este reclamo nacional. Que la justicia de nuestro Dios se haga sentir a lo largo y ancho de nuestra patria», escribió Morfa en Facebook, evidenciando cómo el descontento trasciende las aulas universitarias y permea en espacios de articulación social tradicionalmente cautelosos frente a las políticas estatales.
El impacto del nuevo esquema tarifario de ETECSA
La medida, vigente desde el pasado 30 de mayo, ha sido catalogada por los usuarios como un «robo a mano armada» y ha motivado un llamado ciudadano a un «parón total de recargas» como forma de boicot y protesta pacífica. El nuevo esquema restrictivo limita a los usuarios a una sola recarga mensual en moneda nacional (CUP) de hasta 360 pesos, lo que impide severamente el acceso a planes básicos de navegación, llamadas y mensajes de texto para quienes no tienen acceso a divisas extranjeras.
De manera paralela, la compañía estatal continúa promocionando agresivamente sus ofertas en dólares estadounidenses, las cuales solo pueden adquirirse desde el exterior o a través de la billetera digital Monedero MiTransfer, una plataforma que opera exclusivamente con divisas. Esta política de dolarización selectiva impuesta por el ejecutivo cubano profundiza la brecha de desigualdad en la isla, creando un sistema de comunicación de dos velocidades donde el derecho a la información y la conectividad queda supeditado al poder adquisitivo en moneda dura.
Del reclamo universitario a la protesta nacional
Lo que inició como una queja en las facultades de la Universidad de La Habana ha escalado rápidamente a un movimiento cívico de proporciones nacionales. Estudiantes de provincias como Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín y Villa Clara se han sumado a un paro académico indefinido. Las denuncias de hostigamiento y amenazas por parte de las autoridades universitarias y cuerpos represivos no han logrado amedrentar a una generación que exige no solo conectividad, sino dignidad, respeto y participación en el destino del país.
Ante la escalada de tensiones, más de 940 académicos, artistas, intelectuales, periodistas y miembros de la sociedad civil han suscrito una carta abierta en la plataforma Change.org bajo el título «No a la represión contra universitarios cubanos». El documento hace un llamado a la comunidad internacional para que defienda a los estudiantes y profesores de las represalias que están sufriendo por hacer públicos sus reclamos. La carta, abierta a nuevas adhesiones, evidencia la criminalización de la protesta pacífica por parte de la dictadura cubana, que históricamente ha respondido a la disidencia con la fuerza y la persecución política.
Contexto: El aislamiento en medio del colapso sistémico
El conflicto con ETECSA no es un fenómeno aislado, sino el detonante de un malestar acumulado frente a la crisis estructural que sufre Cuba. La economía de la isla se encuentra inmersa en una hiperinflación que devora los salarios estatales, un desabastecimiento crónico de productos básicos y un colapso total del sistema electroenergético con apagones prolongados. En este escenario, el acceso a internet se ha convertido en una herramienta vital para la supervivencia económica de muchos cubanos, que dependen de las redes para realizar negocios privados, recibir remesas o comunicarse con familiares en el exodo migratorio.
El régimen de La Habana, consciente del poder de las redes sociales, ha mantenido un control férreo sobre las telecomunicaciones, alternando apagados de internet en momentos de protesta con incrementos tarifarios que limitan el acceso a la información. Los antecedentes de represión, como los sucedidos durante las manifestaciones del 11 de julio de 2021, han demostrado que la dictadura cubana no duda en cortar las vías de comunicación para evitar la organización ciudadana y ocultar la magnitud de la violencia estatal en las calles. El actual «tarifazo» es percibido por analistas como una medida de recaudación con un claro trasfondo político de control social.
Implicaciones y panorama a futuro
La unión de figuras religiosas, estudiantes y la sociedad civil en un mismo frente de protesta marca un punto de inflexión en la dinámica social cubana. La respuesta de las autoridades de la isla en los próximos días será determinante. Si el gobierno cubano opta por la intransigencia y la represión, corre el riesgo de radicalizar aún más a una población que ha comenzado a perder el miedo a alzar la voz en espacios públicos. Por el contrario, una eventual rectificación de ETECSA podría ser vista como una concesión forzada por la presión popular, un hecho inusual en la historia reciente de la isla que podría sentar un precedente para futuras demandas ciudadanas frente al poder absoluto.
La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de estos acontecimientos. La solidaridad expresada por cientos de intelectuales dentro y fuera de la isla pone sobre la mesa la necesidad de un monitoreo constante ante el riesgo de que la protesta estudiantil derive en nuevas oleadas de represión institucional. Lo que está en juego en las calles y universidades de Cuba no es solo el precio de un megabyte, sino el derecho fundamental de los ciudadanos a comunicarse, organizarse y exigir un cambio frente a un sistema que ha fracasado en garantizar sus necesidades más básicas.
