El extinto agente de la Seguridad del Estado Yoandy Riverón González, alias «Cristian», continúa expandiendo su red de negocios en el sector privado cubano bajo la protección de las autoridades de la isla. Su incursión en el comercio minorista y la manufactura, que incluye una nueva línea de perfumes y una fábrica de jabones, ha desatado la indignación de activistas y periodistas, quienes denuncian que el régimen de La Habana premia a violadores de derechos humanos con privilegios económicos en un entorno de corrupción institucionalizada.
La última controversia en torno a Riverón González se desató tras el lanzamiento de una colección de perfumes por parte del Proyecto de Desarrollo Local (PDL) M&MAX, que incluye una fragancia conmemorativa por el aniversario 510 de la fundación del pueblo de Remedios. Esta nueva incursión comercial se suma a la fábrica de jabones en Caibarién y a la micropyyme MercaSurl, dedicada a la reventa de productos de primera necesidad, muchos de ellos importados desde Estados Unidos. La transición de represor a supuesto empresario ha sido señalada como un claro ejemplo de la simbiosis entre el aparato represivo y el emergente sector privado controlado por la nomenclatura.
El periodista José Raúl Gallego fue uno de los primeros en exponer la fachada empresarial de Riverón. A través de sus redes sociales, Gallego cuestionó la legitimidad de su transformación, señalando que el antiguo agente no es un empresario, sino «un oficial de la Seguridad del Estado, represor de estudiantes y profesores, y un mero delator al que el Partido Comunista de Cuba (PCC) ha otorgado licencias y beneficios para hacer negocios». El comunicador advirtió que el enriquecimiento de Riverón es producto directo de su posición dentro de la policía política y de un ecosistema de corrupción donde la competencia leal es aplastada en favor de los afines al poder.
La respuesta de la sociedad civil no se hizo esperar. Karla María Pérez, periodista expulsada de la Universidad Central «Marta Abreu» de Las Villas (UCLV) debido a la presión directa de la Seguridad del Estado, recordó la cara represiva de Riverón. «Yoandy Riverón, mi represor durante meses en la UCLV, ahora con un perfil muy alto entre la fachada de ‘nuevos empresarios cubanos’. Prohibido olvidar», escribió la joven activista al compartir la denuncia de Gallego. Su testimonio es una prueba fehaciente del daño infligido por el ahora «empresario» cuando operaba desde las sombras del aparato represivo estatal.
De la represión universitaria a la manufactura privilegiada
El salto de Riverón al ámbito económico comenzó a consolidarse en junio de 2024, cuando se hizo pública la apertura de su fábrica de jabones bajo el formato de PDL. La instalación, ubicada en las antiguas instalaciones de la fábrica de bicicletas de Caibarién, cuenta con maquinaria importada de China y una capacidad de producción de 50.000 unidades por turno de ocho horas, empleando a 12 trabajadores en su línea de ensamblaje. Los productos, que incluyen detergentes y aceites, se comercializan directamente en la planta con precios que oscilan entre los 45 y 135 pesos cubanos.
Curiosamente, aunque el PDL M&MAX no figura en las listas oficiales de micropyymes aprobadas por el gobierno cubano, los medios de comunicación estatales han promovido sus productos como un supuesto aporte al desarrollo local. Emisoras como CMHW y periodistas afines al oficialismo, como Lázaro Manuel Alonso, han elogiado la calidad y los precios de los artículos manufacturados por la empresa de Riverón. Esta contradicción evidencia la opacidad con la que opera la burocracia insular y los favores cruzados entre el aparato represivo y la propaganda estatal.
El historial de Yoandy Riverón como agente de la dictadura cubana está ampliamente documentado. Durante su asignación en la UCLV, su labor se centró en el acoso, las interrogatorios y la expulsión de figuras críticas con el régimen. Entre sus víctimas se encuentran la profesora Dalila Rodríguez y los estudiantes Víctor Dueñas y Javier Larrea, además de la propia Karla María Pérez. Gallego alertó sobre el daño irreparable que este individuo causó en la vida de decenas de jóvenes y académicos, a quienes acosó y amenazó hasta arruinar sus proyectos de vida y carreras profesionales.
Antes de consolidar su imperio manufacturero, Riverón había iniciado su incursión en el sector privado como «asesor legal» de la empresa de calzado Jonas SURL, en Camajuaní. Posteriormente, fundó su propia micropyyme, Merca-Max, registrada oficialmente como comercializadora de productos agrícolas, pero que en la práctica se ha dedicado a la reventa de artículos de aseo, alimentos y bebidas, muchos de ellos originarios de Estados Unidos. Esta hipocresía resulta evidente: mientras Riverón ha protagonizado discursos contra el embargo estadounidense, su enriquecimiento personal se ha beneficiado directamente de las importaciones provenientes del país del norte, algo que ha exhibido sin recato en sus redes sociales junto a viajes al extranjero junto a su familia.
Contexto: La oligarquía militar y el colapso estructural
El caso de Riverón no es un hecho aislado, sino el reflejo de un patrón sistemático en el que la dictadura cubana premia a exrepresores, militares y altos cuadros del PCC con acceso privilegiado al sector privado. Tal como ocurrió en las antiguas repúblicas soviéticas, el régimen de La Habana ha cultivado su propia casta de «emprendedores» surgidos directamente de la élite partidista y del aparato militar. Gallego advirtió que se trata de individuos cuya principal virtud es la obediencia servil, y que en condiciones de libre mercado difícilmente pasarían de ser vendedores de quioscos si no fuera por los privilegios otorgados por el sistema totalitario que sirven.
Esta captura del tejido económico se produce en medio de la peor crisis estructural que ha atravesado la isla en décadas. La inflación galopante, el desabastecimiento crónico de productos básicos y el colapso del sistema eléctrico han sumido a la población en la pobreza extrema, forzando a cientos de miles a abandonar el país en un éxodo migratorio sin precedentes. Mientras la ciudadanía común enfrenta colas interminables y precios inalcanzables en mercados agrícolas y tiendas en moneda libremente convertible, figuras como Riverón operan con maquinaria importada, acceso a divisas y licencias otorgadas a dedo. El ejecutivo cubano utiliza a estos falsos empresarios para maquillar ante la comunidad internacional, especialmente ante la Unión Europea, una falsa apertura económica que en realidad consolida el poder de violadores de derechos humanos.
La impunidad con la que operan estos nuevos oligarcas tiene un efecto directo en la represión actual. En la propia UCLV, los sucesores de Riverón continúan hostigando a los estudiantes que recientemente protestaron por el alza de las tarifas de ETECSA. Lo hacen con la certeza de que, tras cumplir con su labor de represión política, recibirán su «recompensa» en forma de una micropyhme privilegiada. Este ciclo de abuso y enriquecimiento garantiza la lealtad al régimen y prolonga la maquinaria de control social, cerrando cualquier espacio para la disidencia o la verdadera iniciativa privada.
Las advertencias de la sociedad civil cubana apuntan hacia el futuro del país. Gallego recordó que en los países de la antigua Unión Soviética, esta clase emergente convertida en oligarquía fue decisiva para bloquear el camino hacia verdaderas democracias tras la caída del comunismo. En el caso cubano, los activistas subrayan que las violaciones y los delitos de figuras como Riverón están documentados. Las fortunas que hoy amasan gracias a sus privilegios podrían, en un escenario de transición democrática y justicia restaurativa, ser utilizadas para compensar a las víctimas de sus atropellos. La comunidad internacional debe mirar más allá de la fachada de las micropyymes y reconocer el rostro represivo que se esconde detrás del supuesto empuje económico en Cuba, evitando legitimar un modelo que enriquece a los verdugos mientras hunde a la población.
