La Habana, Cuba. — La prolongada ausencia de distribución de gas licuado en la isla ha empujado a miles de cubanos a recurrir al carbón y a la leña como únicas alternativas para cocinar sus alimentos. Ante el colapso del sistema normado de distribución, las autoridades de la isla han habilitado la venta de cilindros de 10 kilogramos a través de plataformas en línea desde el exterior, con un costo que ronda los 30 dólares, una medida que extrae divisas de la diáspora mientras ignora la urgencia alimentaria de la población residente.
Para la inmensa mayoría de las familias cubanas, que dependen históricamente del gas licuado y de la electricidad para su subsistencia diaria, la cocción de alimentos se ha convertido en un desafío logístico insostenible. Aunque una parte de la población ha logrado acceder a hornillas eléctricas —ya sea mediante la fabricación artesanal o gracias a remesas enviadas por familiares emigrados—, los constantes apagones y las escasas horas de servicio eléctrico rara vez coinciden con los horarios de almuerzo o cena. Esta realidad ha relegado a la población a métodos de cocción rudimentarios, afectando directamente su calidad de vida y seguridad alimentaria.
El desabastecimiento de gas licuado alcanzó su punto más crítico tras la última venta normada, registrada en el mes de enero. Aquel proceso se caracterizó por una profunda inestabilidad en el suministro y una escasez radical de cilindros disponibles, lo que obligó a los ciudadanos a permanecer durante días enteros en colas interminables con la esperanza de obtener un recipiente. A pesar del sacrificio, una minoría logró adquirir el combustible. La gran mayoría, que llevaba sin comprar desde septiembre del año anterior, aguardó infructuosamente por camiones de distribución que nunca arribaron a los puntos de venta, hasta que los medios de comunicación oficialistas anunciaron la suspensión indefinida de la comercialización.
Quienes tuvieron la fortuna de recibir un cilindro en esa última entrega no experimentaron una mejora sustancial en sus condiciones. Los recipientes distribuidos venían casi vacíos, con una capacidad real que apenas permitió entre cinco y seis usos en el mejor de los casos. Esta situación evidenció no solo la incapacidad logística del gobierno cubano para garantizar un servicio básico, sino también una deficiente gestión en el control de calidad y peso de los recursos disponibles, en perjuicio directo del consumidor.
Desde enero, han transcurrido más de cinco meses de absoluta zozobra y silencio institucional. Durante este periodo, las instancias responsables del régimen de La Habana no se han dignado a emitir informes oficiales, planes de contingencia o cronogramas de distribución que alivien la incertidumbre de la población. Ante el total desabastecimiento y la desesperación ciudadana, el ejecutivo cubano ha lanzado al mercado una supuesta «solución» que, en realidad, responde a una vieja estrategia de dolarización de la economía: la compra de cilindros de gas a través de tiendas en línea desde el exterior.
Esta nueva modalidad permite la adquisición de un cilindro de 10 kilogramos por un precio que oscila alrededor de los 30 dólares. Uno de los requisitos fundamentales para completar la transacción es que la «balita» vacía entregada a cambio se encuentre en relativas buenas condiciones técnicas. La iniciativa ha sido un éxito comercial inmediato, agotando las existencias en tiempo récord, lo que demuestra que la demanda supera con creces a la oferta y que la necesidad de la población es manipulada como una oportunidad de negocio estatal.
El mecanismo de pago implementado excluye a la mayoría de los residentes en la isla. En puntos de venta como el habilitado en el reparto Lawton, municipio Diez de Octubre, las transacciones se realizan exclusivamente a través de la tarjeta Clásica en dólares estadounidenses. Aunque algunos usuarios han intentado emplear efectivo, esta variante no ha sido implementada, cerrando aún más la brecha para aquellos que no reciben remesas del exterior. Para los cuentapropistas y elaboradores de alimentos, esta opción representa, al menos, una vía para evitar los riesgos del mercado informal y el acaparamiento, aunque los costos de producción se elevarán inevitablemente, trasladando la inflación al consumidor final.
Antecedentes de la crisis energética y la dolarización encubierta
El colapso en la distribución de gas licuado no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia de décadas de desinversión en infraestructura energética y de la dependencia crónica de importaciones que el Estado no puede sostener. Desde la caída de la Unión Soviética, y posteriormente con la crisis venezolana que redujo el flujo de petróleo subsidiado, el sistema energético cubano ha operado al borde del colapso. La falta de mantenimiento de las plantas de llenado y la incapacidad para adquirir combustible en los mercados internacionales, debido a la falta de liquidez y a la deuda externa, han mermado la capacidad de respuesta del sistema.
Históricamente, el régimen ha recurrido a la dolarización de la canasta básica como válvula de escape para captar divisas sin tener que implementar reformas estructurales. La apertura de las tiendas en Moneda Libremente Convertible (MLC) en 2019 fue el preludio de la actual estrategia. Al igual que ocurrió con productos de aseo y alimentos, el gobierno cubano ahora traslada la responsabilidad del abastecimiento de combustible para cocinar a los familiares emigrados, utilizando a la diáspora como principal sostén económico de un país que no produce ni distribuye lo suficiente para su población.
Contexto sistémico: el cerco económico y la represión social
Esta crisis del gas licuado se inserta en un contexto de fractura sistémica que abarca todos los ámbitos de la vida nacional. La inflación galopante ha devaluado el salario promedio cubano a niveles de pobreza extrema, haciendo inalcanzable un cilindro de 30 dólares para un profesional que gana el equivalente a 15 o 20 dólares al mes. El desabastecimiento generalizado, los apagones prolongados y la depreciación del peso cubano en el mercado informal configuran un escenario de supervivencia diaria donde el acceso a derechos básicos, como la alimentación, está condicionado al acceso a divisas extranjeras.
El fenómeno está intrínsecamente ligado a la crisis migratoria sin precedentes que vive la isla. La imposibilidad de prosperar y la escasez permanente han empujado a cientos de miles de cubanos a abandonar el país en los últimos años. La dictadura cubana, consciente de este vacío demográfico y económico, ha diseñado mecanismos para extraer las remesas que esos emigrados envían para ayudar a sus familiares. La venta en línea de gas licuado es una extensión de este modelo extractivo, donde el Estado actúa como intermediario obligatorio y único beneficiario de la solidaridad familiar.
Ante el deterioro de las condiciones de vida, la respuesta del aparato estatal ha sido el silencio informativo y el endurecimiento del control social. La dictadura cubana ha incrementado la represión y la vigilancia contra cualquier manifestación de descontento popular relacionado con los apagones y la escasez. La censura impide que las protestas por la falta de servicios básicos escalen, mientras que las autoridades de la isla evitan rendir cuentas públicas sobre el paradero de los recursos destinados a la distribución de combustibles, alimentando la percepción de corrupción y opacidad institucional.
Implicaciones futuras y consecuencias para la ciudadanía
La consolidación de la venta de gas en dólares augura un futuro de mayor segregación socioeconómica en Cuba. La privatización de facto de un servicio que alguna vez fue universal y subsidiado dejará a los sectores más vulnerables —ancianos, personas sin familiares en el exterior y desempleados— en una situación de marginación absoluta. Mientras la población local se ve obligada a talar árboles o buscar carbón para cocinar, las élites gubernamentales y los militares que controlan las empresas de importación siguen asegurando su acceso a combustibles y bienes de consumo sin restricciones.
La comunidad internacional y las organizaciones defensoras de los derechos humanos deben prestar atención a cómo la falta de acceso a servicios esenciales se utiliza como herramienta de control político. La exigencia de divisas para garantizar la alimentación básica constituye una violación de los derechos económicos y sociales de la población. A corto plazo, si el régimen de La Habana no revierte esta política con un plan de distribución equitativa y en moneda nacional, la presión social continuará acumulándose, amenazando con nuevos estallidos sociales que el gobierno intentará reprimir con la habitual violencia estatal. El panorama que se avecina es el de una nación dividida entre los que reciben ayuda externa y los que sobreviven en la indigencia, sosteniendo un sistema que ha fracasado en su obligación más elemental: garantizar el bienestar de su pueblo.
