La profunda crisis económica que atraviesa la isla ha detonado un fenómeno que las autoridades creían erradicado: el trabajo infantil. En provincias como Holguín, menores de entre siete y quince años abandonan las aulas para vender alimentos, cigarros o trabajar en la construcción, evidenciando el fracaso del modelo económico del régimen de La Habana y la incapacidad del Estado para proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.
Las calles de la ciudad de Holguín se han convertido en el escenario visible de una tragedia social que el gobierno cubano intentó ocultar durante décadas. Residentes de barrios como El Llano, Villa Nueva y Pueblo Nuevo coinciden en una descripción desoladora: niños de ocho o nueve años deambulan por las arterias comerciales vendiendo pan, ajo, maní o incluso cigarros y fosforeras. Lo que antes se consideraba un problema aislado de la periferia hoy se ha instalado en el corazón de la urbe, a la vista de todos y bajo la presunta indolencia de las instituciones encargadas de velar por el bienestar infantil.
Para ciudadanos como Carlos Vega, habitante del reparto Pueblo Nuevo, la normalización de esta realidad es alarmante. «Es trabajo infantil a la cara de todo el mundo. Y no creas que están por allá lejos, en un reparto escondido, qué va; es en el mismo centro de la ciudad. Y no pasa nada», relata. Esta percepción es compartida por otros holguineros quienes, ante la imposibilidad de mantener a sus familias con un salario estatal, han visto cómo el comercio informal engulle a los más jóvenes. Alberto Fuentes, del reparto Alcides Pino, detalla que es habitual tropezarse con adolescentes de quince años o menos pregonando ajo, cebolla y otros productos agrícolas para contribuir a la magra economía doméstica.
El fenómeno no se limita a la venta ambulante. Existen modalidades de explotación infantil más estructuradas y ocultas, que implican condiciones de riesgo y afectan directamente el rendimiento escolar. Jorge Martínez, residente en el reparto Alex Urquiola, explica que su esposa, profesora de secundaria, tiene alumnos que trabajan en guaraperas o fabricando baldosas. En muchos de estos casos, los menores provienen de hogares encabezados por madres divorciadas con varios hijos, donde la pensión alimenticia otorgada por el padre resulta insuficiente frente a la actual escalada de precios.
Un niño vendiendo productos del agro en Holguín (Foto: CubaNet)
Un andamiaje legal reducido a letra muerta
Desde el punto de vista jurídico, la protección a la infancia en Cuba parece inquebrantable sobre el papel, pero inexistente en la práctica. La Constitución de la República prohíbe expresamente en su artículo 66 el trabajo de niñas, niños y adolescentes, mientras que el artículo 86 impone la obligación al Estado, la sociedad y las familias de brindarles especial protección. Asimismo, el Código de Trabajo fija la edad mínima de admisión al empleo en 18 años, con excepciones muy tasadas para adolescentes de entre 15 y 17 años, y el Código Penal tipifica sanciones agravadas para quienes utilicen a menores de 18 años en trabajos forzosos.
Sin embargo, la ciudadanía percibe que esta normativa es letra muerta. Alberto Fonseca, vecino del reparto Vista Alegre, resume el sentimiento general al asegurar que la ley «es como un cuadro bonito colgado en la pared: está ahí para adornar, pero no sirve para nada práctico». La ausencia de trabajadores sociales y la inacción de la policía de menores responden a una lógica de supervivencia institucional: las autoridades de la isla prefieren ignorar la situación antes que enfrentarse a familias que están intentando mitigar el hambre. La desobediencia masiva de la ley no nace de la ignorancia, sino de la desesperación.
La «policrisis», la inflación y el impacto del éxodo migratorio
La raíz de este colapso social se hunde en la profunda crisis estructural que sufre el país. Según datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario mensual promedio en los primeros seis meses del año rondaba los 6.649 pesos, una cifra irrisoria frente al costo de la canasta básica. Mientras la ONEI reportó una inflación interanual del 15,2 %, el economista Steve Hanke ofrece una estimación mucho más crítica, situando la inflación real en un 39,5 %, lo que convertiría a Cuba en la cuarta economía con mayor inflación del mundo. En este contexto, ningún padre en su sano juicio desea ver a su hijo en la calle, pero la inanidad del modelo económico impuesto por el ejecutivo cubano los obliga a tomar medidas desesperadas para llevar un pedazo de pan a la mesa.
Dos niños con una mujer adulta. Los tres venden ajos (Foto: CubaNet)
La organización no gubernamental Food Monitor Program (FMP) ha definido esta situación como una «policrisis», un término que engloba la intersección de múltiples emergencias. La ONG ha alertado sobre cómo la avanzada pobreza multifactorial facilita la naturalización silenciosa de la sobrevivencia infantil. A esto se suma el devastador impacto del éxodo migratorio. La salida masiva de la fuerza laboral en edad productiva ha dejado a miles de menores al cuidado de abuelos o madres solteras que, sin remesas suficientes o apoyo estatal, ven en el trabajo infantil la única vía de sostenimiento. La migración no solo vacía comunidades, sino que fractura el núcleo familiar, exponiendo a los niños a la explotación.
El fin del mito revolucionario y la respuesta punitiva del Estado
La vieja consigna oficialista de que «en el mundo millones de niños trabajan y ninguno es cubano» ha sido desmentida por la propia prensa afín al Partido Comunista. Periódicos como Sierra Maestra y 26 han tenido que abordar el tema. En este último medio, Juan Miguel Barrios, subdirector de Educación en Las Tunas, admitió públicamente la existencia de casos en su provincia, incluyendo menores vendiendo tamarindos con sus madres o cortando pasto para terceros a cambio de ingresos. El escándalo mediático generado por las imágenes de niños durmiendo en los jardines del hotel Muthu en La Habana marcó un punto de inflexión, obligando a figuras como el diputado Carlos Miguel Pérez Reyes a reconocer las «fallas en la articulación de las instituciones», mientras que Leticia Martínez Hernández, jefa de prensa de la Presidencia, calificó la escena de «inadmisible».
Ante la incapacidad de ofrecer soluciones económicas, la dictadura cubana ha optado por una estrategia punitiva para individualizar la responsabilidad. En lugar de abordar las causas estructurales que obligan a los padres a enviar a sus hijos a las calles, las autoridades han anunciado procesos legales contra las familias involucradas. Esta criminalización de la pobreza es un reflejo claro de la naturaleza represiva del sistema, que prefiere castigar la desesperación ciudadana antes que admitir el fracaso de su política económica y social.
Un niño vendiendo guayabas en Holguín (Foto: CubaNet)
El trabajo infantil en Cuba no es solo una mancha en el expediente de derechos humanos del régimen, sino el síntoma más cruel de un país en descomposición. Las consecuencias a futuro son devastadoras: una generación de menores marginados del sistema educativo, expuestos a la explotación y al trauma psicológico, con escasas posibilidades de desarrollo integral. La comunidad internacional y los organismos defensores de la infancia deben poner la mirada en esta realidad, exigiendo al gobierno cubano el cumplimiento de sus propias leyes y el cese de las políticas que ahondan la pobreza. Mientras tanto, en las calles de Holguín y el resto de la isla, la infancia sigue siendo el precio más alto que se paga por sostener un sistema que ha fracasado.
