El rapero cubano Eliécer Márquez Duany, conocido artísticamente como El Funky y figura central del Movimiento San Isidro, ha recibido una notificación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que le otorga un plazo de 30 días para abandonar Estados Unidos o enfrentar la deportación. La medida se enmarca en la reciente política migratoria del gobierno estadounidense que ha comenzado a revocar masivamente los permisos humanitarios, dejando en un limbo legal a cientos de miles de migrantes, incluidos activistas que huyeron de la represión en la isla.
A través de sus redes sociales, el músico hizo pública su situación tras recibir el aviso oficial. En su mensaje, El Funky apeló tanto a la comunidad cubana en el exilio como a legisladores estadounidenses, subrayando su trayectoria opositora y la urgencia de recibir respaldo jurídico y político en un momento crítico para su estatus migratorio. El artista enfatizó que requiere del apoyo de los congresistas más que nunca, dado el escenario adverso que enfrenta.
El caso del rapero no es un hecho aislado. Se produce en medio de una severa reversión de las políticas migratorias de Estados Unidos, donde la actual administración ha iniciado la cancelación sistemática de los parole humanitarios que beneficiaron a más de medio millón de personas provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela durante la gestión de Joe Biden. Esta decisión ha generado un clima de profunda incertidumbre entre los beneficiarios que habían seguido las vías legales establecidas para ingresar al país.
El Funky es una de las voces más reconocidas de la disidencia artística en Cuba. Su notoriedad internacional se consolidó tras su participación en la canción «Patria y Vida», un himno que se convirtió en la banda sonora de las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 y que fue galardonado con dos premios Latin Grammy. Su salida de la isla se materializó en noviembre de ese mismo año, cuando viajó a Miami para asistir a la ceremonia de premiación, un viaje del cual no regresó al territorio nacional.
Al momento de su partida, el régimen de La Habana ejerció un estricto control sobre su salida. Agentes de la seguridad del Estado lo escoltaron hasta el Aeropuerto Internacional «José Martí» en La Habana, enviándole un mensaje claro y amenazante sobre las consecuencias de su activismo en el extranjero. Las autoridades de la isla le dejaron explícito que, al salir, no había garantías de que pudiera regresar, una práctica habitual del ejecutivo cubano para neutralizar a las voces críticas mediante el exilio forzado.
Desde suelo estadounidense, el rapero ha mantenido una línea firme de activismo, enfocando sus esfuerzos en denunciar la situación de los presos políticos en Cuba y exigir la libertad de sus compañeros del Movimiento San Isidro, como Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez y Anyelo Troya. Asimismo, ha sido una voz incansable en la campaña por la liberación de Maykel Castillo Pérez, conocido como Osorbo, quien cumple una severa condena carcelaria por su participación en la creación de «Patria y Vida».
La notificación recibida por El Funky se suma a la del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca, quien enfrentó una situación idéntica semanas atrás. Valle Roca, quien arribó a Estados Unidos tras sufrir tres años de encarcelamiento en Cuba por ejercer el periodismo libre, fue informado de la revocación de su parole con una fecha límite para salir del país fijada para el 25 de abril de 2025. Tanto él como su esposa han quedado sin permisos de trabajo y sin la posibilidad de acogerse a la Ley de Ajuste Cubano, evidenciando cómo las medidas migratorias impactan directamente a figuras que han sido blanco de la maquinaria represiva del Estado.
El DHS ha sido enfático al advertir que los inmigrantes que permanezcan de forma irregular por más de 180 días tras la revocación de sus permisos podrían ser declarados «inadmisibles» para futuras solicitudes migratorias. Organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), han rechazado esta política, calificándola como una violación al debido proceso. La directora de CHIRLA, Angélica Salas, ha denunciado que las comunidades migrantes cumplieron con todos los requisitos exigidos por el gobierno federal y ahora enfrentan la expulsión sin siquiera tener acceso a una audiencia imparcial.
El colapso estructural y el éxodo masivo
La crisis migratoria que enfrenta la región y que ahora se ve agravada por las políticas de Washington tiene su raíz directa en el colapso sistémico de Cuba. La incapacidad del gobierno cubano para garantizar los derechos fundamentales, sumada a una economía en ruinas, una hiperinflación galopante y el desabastecimiento crónico de alimentos y medicinas, ha desencadenado uno de los éxodos más grandes en la historia de la isla. Cientos de miles de cubanos han optado por las peligrosas rutas migratorias ante la falta de perspectivas y el asfixiante control político.
A la crisis económica se suma la permanente represión social ejercida por la dictadura cubana. El encarcelamiento de cientos de manifestantes tras las protestas del 11 de julio de 2021, el hostigamiento sistemático a artistas y periodistas independientes, y la criminalización de la disidencia han eliminado los espacios de participación ciudadana. Figuras como El Funky y Valle Roca son ejemplos de un sector de la sociedad civil que, ante la imposibilidad de ejercer sus derechos civiles y políticos, se vio forzado a buscar refugio en el exterior.
La revocación de los permisos humanitarios no solo representa un problema logístico para estos activistas, sino que pone en riesgo su integridad física y psicológica. Devolver a individuos que han sido declarados enemigos por las autoridades de la isla equivaldría a entregarlos a un sistema judicial que no ofrece garantías de debido proceso y que utiliza el encarcelamiento como herramienta de escarmiento político. La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos han alertado repetidamente sobre las condiciones de las prisiones cubanas y el trato inhumano hacia los presos por motivos políticos.
Implicaciones y futuro de la política migratoria
El caso de El Funky plantea un debate urgente sobre cómo las democracias occidentales gestionan las solicitudes de protección de activistas que huyen de regímenes autoritarios. Si bien el endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos busca regularizar los flujos y desincentivar la migración irregular, su aplicación uniforme corre el riesgo de victimizar a quienes han arriesgado su vida luchando por la libertad y que enfrentan un peligro inminente en sus países de origen.
La respuesta de los legisladores estadounidenses y de la sociedad civil en las próximas semanas será determinante. La resolución de estos casos no solo definirá el futuro inmediato del rapero y del periodista Valle Roca, sino que sentará un precedente crucial sobre la protección internacional de los defensores de derechos humanos en el contexto de la profunda crisis estructural que atraviesa la nación caribeña.
