El Ministerio del Comercio Interior (MINCIN) notificó la extensión de los plazos para la actualización de licencias de comercio mayorista a micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) y cooperativas no agropecuarias, mediante la Resolución 18/2025. La medida, publicada en la Gaceta Oficial No. 43, expone las inconsistencias de las políticas económicas del ejecutivo cubano y su intento por asfixiar y controlar el sector privado emergente en medio de una profunda crisis estructural.
La disposición, firmada por la ministra del ramo, Betsy Díaz Velázquez, establece que la prórroga para realizar comercio mayorista se mantendrá «hasta que culmine la evaluación de su desempeño económico y social, en el ámbito territorial o nacional, alineado con las políticas del país». Esta ambigua formulación deja en suspenso la estabilidad jurídica de los negocios, sujetándolos a la discrecionalidad del gobierno cubano y a su capacidad para dictar qué entidades pueden operar y cuáles deben cerrar sus puertas de manera forzosa.
La Resolución 18/2025 alcanza tanto a las entidades que tienen autorizada la comercialización mayorista como actividad principal, así como a aquellas que la ejercen de forma secundaria. Sin embargo, la normativa traza una línea punitiva al exceptuar a los trabajadores por cuenta propia (TCP), quienes deberán cumplir con los plazos originales establecidos en normativas anteriores para liquidar sus inventarios y mercancías «en tránsito y en plaza». Esto obliga a este sector, el más vulnerable del empresariado, a deshacerse de sus productos bajo la presión del tiempo, muchas veces asumiendo pérdidas financieras inevitables o enfrentando el decomiso por parte de las autoridades.
Asimismo, el texto modifica el apartado segundo de la Resolución 56 del 2024, redactando que las mipymes, cooperativas y TCP con producción aprobada pueden comercializar al por mayor sus producciones y al por menor según su objeto social, previa obtención de la licencia comercial. La ratificación de que el comercio minorista puede continuar hacia personas naturales y jurídicas estatales o no estatales no mitiga el hecho de que el régimen de La Habana sigue monopolizando las cadenas de distribución mayorista, estrangulando el libre mercado.
Para asegurar el cumplimiento de esta disposición, las direcciones de Comercio Mayorista, Mercadotecnia e Inspección Estatal del MINCIN, junto a las direcciones provinciales y municipales, quedan facultadas para ejercer el control. El Registro Central Comercial deberá informar a los órganos de inspección sobre la vigencia de las licencias emitidas. Este aparato burocrático de vigilancia refuerza la naturaleza intervencionista de las autoridades de la isla, que priorizan el control político sobre el desarrollo económico real y utilizan la inspección estatal como un instrumento de amedrentamiento contra la iniciativa privada.
Antecedentes: El estrangulamiento del sector privado
Esta nueva resolución no surge en el vacío, sino que es un capítulo más en la ofensiva del régimen contra la autonomía económica. A inicios de diciembre de 2024, el gobierno cubano hizo pública la Resolución 56, un golpe directo a las mipymes que restringió severamente sus operaciones al prohibirles el comercio mayorista sin la mediación estatal. La norma canceló de oficio las licencias para ejercer esta actividad a aquellos negocios que la tenían aprobada como secundaria, destruyendo de un plumazo modelos de negocio que operaban dentro del marco legal vigente.
Con el supuesto objetivo de «ordenar» el comercio, la dictadura cubana obligó a las mipymes dedicadas a la producción a vender de forma mayorista únicamente sus propios productos, cortando de raíz la posibilidad de importar y distribuir bienes de terceros. Esta política no respondía a una lógica de eficiencia o abastecimiento, sino al temor del poder totalitario ante el rápido crecimiento del sector privado, que ha demostrado una capacidad de respuesta muy superior a la inoperante y corrupta empresa estatal.
Contexto sistemico: Control estatal frente al colapso económico
Las idas y venidas regulatorias sobre el comercio mayorista son un síntoma directo de la crisis estructural que asola a la isla. Tras autorizar la creación de las mipymes en 2021 como una válvula de escape para aliviar la presión social y captar las remesas enviadas por la diáspora, el ejecutivo cubano se encuentra ahora en una encrucijada. El sector privado ha suplido las graves deficiencias del Estado en la importación de alimentos, insumos médicos, materiales de construcción y combustible, pero su éxito comercial amenaza el monopolio ideológico y económico del Partido Comunista.
La inflación galopante, el desabastecimiento crónico y la casi nula capacidad productiva del sector estatal han creado un escenario donde la población depende cada vez más de las mipymes para acceder a bienes básicos. Sin embargo, al bloquear el comercio mayorista, las autoridades de la isla rompen las cadenas de suministro internas, encarecen los productos finales y trasladan los costos al consumidor común. El ciudadano promedio sufre la doble penalización de salarios devaluados frente a una inflación incontrolable y precios inalcanzables en las tiendas privadas, únicas opciones frente a las anaque vacías del Estado.
Este asfixiante entorno regulatorio es también un catalizador del masivo éxodo migratorio que vive Cuba. Ante la imposibilidad de operar con seguridad jurídica, muchos emprendedores optan por cerrar sus negocios, liquidar sus activos y abandonar el país. La fuga de capital humano, técnico y financiero debilita aún más la ya maltrecha economía nacional, demostrando que la represión económica de la dictadura tiene consecuencias devastadoras a largo plazo para la viabilidad misma del país.
Implicaciones a futuro
Una vez que concluya el opaco proceso de evaluación anunciado por el MINCIN, el gobierno cubano establecerá los plazos definitivos para actualizar los objetos sociales y liquidar los inventarios de aquellas entidades a las que no se autorice continuar con la actividad de comercio mayorista. Esto se traduce en una espada de Damocles sobre miles de empresarios que, ante la falta de reglas claras y la inseguridad jurídica, ven peligrar sus inversiones y el sustento de sus familias y empleados.
La política de extender plazos sin ofrecer soluciones de fondo revela la incapacidad del régimen para gestionar una economía mixta y su fobia estructural hacia la prosperidad independiente. Mientras la comunidad internacional observa con preocupación el deterioro de las condiciones de vida en la isla, la ciudadanía cubana continúa siendo rehén de decisiones arbitrarias que priorizan la supervivencia política del sistema sobre el bienestar material de la nación. El futuro del sector privado en Cuba se vislumbra como un campo minado, donde el único actor permitido para prosperar sin trabas es el aparato estatal, hoy sumido en su propia ineficiencia y fracaso.
