El gobierno cubano ha anunciado un paquete de medidas de emergencia ante la profundización de la crisis energética y la escasez de combustible, afectando directamente la educación superior, el transporte interprovincial y el servicio eléctrico. Tras una sesión del Consejo de Ministros y del Consejo de Defensa Nacional, el mandatario Miguel Díaz-Canel detalló restricciones que analistas comparan con una nueva versión de la \»Opción Cero\», trasladando la carga del colapso estatal a la ciudadanía sin ofrecer cronogramas de solución a corto plazo.
Una de las primeras afectaciones se ha manifestado en el sector educativo. La Universidad de La Habana informó el cese abrupto de sus actividades presenciales, extendiendo la modalidad semipresencial a todas sus carreras y programas de Técnico Superior Universitario por al menos 30 días. La institución justificó la decisión en la imposibilidad de garantizar el transporte y el suministro energético, obligando a miles de estudiantes a migrar hacia la plataforma digital EVEA. Esta medida ignora la realidad de un país con apagones prolongados y nula conectividad, evidenciando la incapacidad del Estado para sostener la educación superior y dejando en el limbo a los estudiantes becarios, cuyo traslado a sus provincias de origen y manutención tampoco pueden ser asegurados por las autoridades.
Colapso de la movilidad y opacidad informativa
El sistema de transporte interprovincial también ha sufrido un golpe severo. En provincias como Las Tunas, las autoridades de la isla han suspendido las salidas de ómnibus nacionales hacia otros territorios. Asimismo, circulan reportes en Camagüey sobre el cese temporal de la venta de gasolina y servicios de movilidad. El régimen de La Habana mantiene un hermetismo total sobre el alcance real de estas restricciones, sin que las entidades estatales confirmen oficialmente el panorama, lo que profundiza la incertidumbre y la angustia social ante la falta de transparencia informativa.
En paralelo, la Empresa Eléctrica de la Isla de la Juventud confirmó la implementación de un nuevo esquema de cortes de luz, estableciendo ciclos de afectaciones de cuatro horas más una adicional en todos los circuitos. La compañía reconoció que las medidas responden al déficit de combustible y a directrices superiores, aunque condicionó el levantamiento de los apagones a la disponibilidad futura de recursos, sin marcar una fecha clara de alivio para la población.
Responsabilidad estatal y crisis estructural
Desde la oficialidad, Díaz-Canel ha eludido la responsabilidad sobre la gestión interna, atribuyendo el desabastecimiento a una supuesta \»persecución energética\» por parte de Estados Unidos y apelando a la \»resistencia creativa\» de la población. Sin embargo, este nuevo paquete de medidas no hace más que evidenciar el fracaso del modelo centralizado impulsado por la dictadura cubana, incapaz de garantizar servicios básicos y que impone decisiones arbitrarias sin control democrático ni planes de mitigación para los sectores más vulnerables.
La progresión de estos cortes y paralizaciones se enmarca en una crisis sistémica que agudiza la inflación, el desabastecimiento alimentario y el éxodo migratorio masivo. El traslado de la carga logística y tecnológica a los ciudadanos, sin compensación alguna, augura un deterioro mayor en la calidad de vida y plantea un escenario de tensión social creciente, mientras la comunidad internacional observa la ineptitud del ejecutivo cubano para revertir el colapso de su propia infraestructura nacional.
